Con el voto mayoritario del bipartidismo impulsor del modelo neoliberal extractivista, el pasado 3 de junio el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Una semana después, los legisladores aportaron cambios sustanciales a la normativa para que beneficiara también al turismo y energía.
Para el movimientos social y popular, la nueva normativa abre la puerta a más criminalización y persecución. Para la oposición política, la extensión del alcance de la ley altera y amplía los beneficios de la normativa hacia otros rubros, violando flagrantemente la normativa legislativa.
Entre los puntos clave, la nueva ley[1] declara las actividades agroindustriales y los proyectos turísticos y energéticos como de orden público, interés y prioridad nacional, al tiempo que proclama la inafectabilidad de los terrenos destinados a proyectos de dichos sectores y los «protege» frente a procesos de reforma agraria o causas de utilidad pública.
Cualquier afectación de actividades agroindustriales, turísticas y energéticas o del transporte de productos será considerada una «amenaza al interés económico general». Por lo tanto, la normativa establece mecanismos para ordenar desalojos inmediatos ante ocupaciones, tomas o bloqueos.
También otorga prioridad absoluta a los trámites legales y concede «silencio administrativo positivo» para acelerar licencias ambientales, permisos de operación, registros y autorizaciones de transporte.
De esa forma, la nueva ley no sólo crea un régimen extraordinario de protección para actividades y proyectos en sí, sino que blinda tierras, infraestructuras, inversiones, transporte, cadenas logísticas, mantenimiento, en manos del gran capital nacional y transnacional.
Más represión y violencia
Contra las nuevas medidas, cuyo texto fue presentado descaradamente apenas cuatro días después de la masacre de veinte campesinos en el Bajo Aguán[2] se ha expresado un amplio abanico de organizaciones sociales y populares.
Durante un mitin en el parque central de Tegucigalpa, más de treinta organizaciones han manifestado su más firme rechazo a una normativa que «criminaliza la protesta» y que constituye «una amenaza directa contra los derechos territoriales, la soberanía alimentaria, los bienes comunes y la vida misma de las comunidades».
Para las organizaciones, se trata de una iniciativa legislativa claramente «inconstitucional y discriminatoria» que «profundiza las condiciones que históricamente han favorecido el despojo, la persecución y el asesinato de personas defensoras de la tierra y los territorios».
Además, legaliza e instituye un régimen de privilegios para los grandes agroindustriales e inversionistas turísticos y energéticos, desconoce y anula derechos históricos sobre tierra y territorios, debilita los controles ambientales y viola el derecho a la consulta previa, libre e informada».
Asimismo, criminaliza la protesta social, convierte a las personas defensoras en enemigas del Estado y crea «un régimen de excepción permanente para la represión, la violencia y los asesinatos».
Una ley inconstitucional
Para el padre Ismael «Melo» Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), esta normativa privilegia solamente a ciertos grupos y margina a las familias campesinas, viola el derecho de acceso a la tierra y violenta la libertad de expresión, por lo tanto es inconstitucional.
«Viene a consolidar la injusta falta de acceso a la tierra y la población campesina tiene el derecho de exigir su derogación, porque viola la dignidad humana. Es como querer apagar un fuego que está ardiendo con más gasolina y esto es muy peligroso», dijo a medios nacionales.
También la Alianza campesina, indígena y popular de Honduras (ACAINP) manifestó su inconformidad con una ley que «expone a los movimientos, comunidades rurales y personas defensoras de derechos humanos al riesgo de ser criminalizadas durante sus actividades de protesta social».
Asimismo, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 84-2026 que reforma el delito de «asociación terrorista».
Tanto la nueva ley que defiende las actividades agroindustrial, turística y energética como el decreto que amplia la tipificación de terrorismo serían parte de una estrategia más amplia, para «criminalizar la lucha legítima por la tierra, el territorio y los derechos colectivos, desviando la atención de los verdaderos responsables de la violencia estructural en el país», asegura la ACAINP.
«Estas medidas no están hechas para perseguir a los verdaderos criminales, sino para usar el derecho penal contra el pueblo organizado. ¡Basta ya de criminalización y represión! ¡La tierra, el territorio y la vida se defienden!», concluye.
Notas:
[1] Ley para el Fortalecimiento y Protección de los Sectores Agroindustrial, Energía y Turismo
[2] https://nuevanicaraguaymas.blogspot.com/2026/05/vuelve-la-represion-violencia.html
Fuente: LINyM
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