En un contexto de acaparamiento global de territorios por parte de fondos especulativos de inversión, el Poder Ejecutivo busca reformar la Ley de Tierras Rurales con el argumento de la seguridad jurídica y el federalismo. El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» abre el juego a estructuras opacas que fugan sus ganancias y pone en riesgo el control soberano sobre los territorios, el agua, los ecosistemas y el modelo productivo.