Ante un nuevo aniversario de este histórico episodio de la lucha contra la dictadura cívico-militar de corte fascista que se instauró en Uruguay a partir del 27 de junio de 1973, es oportuno hacer algunas reflexiones.
Esta manifestación que reunió a más de 400.000 personas frente a un enorme estrado en el cual podía leerse la consigna “por un Uruguay democrático sin exclusiones”. En él estaban presentes 124 representantes, políticos y sindicalistas, conformando el mayor nivel de unidad alcanzado en reclamo de democracia.
La misma no puede analizarse sino como corolario de la permanente acumulación de fuerzas de la resistencia popular que fue desgastando a la dictadura y que tuvo hitos importantes. Entre ellos destacamos:
- la huelga general llevada adelante por la CNT a partir del golpe de estado que duró 14 días y la aisló políticamente desde el vamos.
- la derrota electoral de 1980 en el plebiscito de la reforma constitucional por la cual la dictadura pretendía perpetuarse en el poder.
- Las elecciones internas partidarias de 1982 en la cual sólo participaron los candidatos de los partidos autorizados, con el Frente Amplio proscrito, pero presente políticamente en los más de 90.000 votos en blanco emitidos por la ciudadanía.
- Ante las presiones internacionales, la dictadura intentó “maquillar” la conculcación de derechos fundamentales. En 1981 promulga la ley 15.137 de Asociaciones Profesionales con el fin de crear una suerte de sindicatos maleables o afines al régimen.[1] La CNT clandestina en la cual José D’Elía y otros compañeros jugaron un rol fundamental, decide – lejos de rechazarlas – meterse de lleno en esas asociaciones para tener un ámbito legal desde el cual actuar, dándole nuestra impronta de clase.
- En consecuencia, en 1983 se autoriza la celebración del 1º de Mayo luego de estar prohibida por 10 años; la cual a pesar del clima represivo, congregó a más de 100.000 personas frente al Palacio Legislativo, en donde hoy se ubica la Plaza 1º de Mayo. Así nace el PIT (Plenario Intersindical de Trabajadores) como nucleamiento convocante; devenido luego de reconquistada la democracia en PIT-CNT.
- En 1982, los estudiantes universitarios fundaron la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP). El 25 de setiembre de 1983, como cierre de la Semana del Estudiante, convocó a un “desfile de primavera” que se convirtió en una marcha multitudinaria que partió desde la explanada de la Universidad hasta llegar al Estadio Luis Franzini en donde se leyó una proclama reclamando el cese de la intervención de la Universidad de la República.
La sociedad postdictadura
A partir del primer gobierno en marzo de 1985 se comienza el trabajoso proceso de reafirmación democrática. La sociedad uruguaya, más allá de diferencias políticas partidarias, tenía un nivel de consenso básico en cuanto a la necesidad de reinstalar un accionar político que asegurara y respetara las garantías individuales de todos los ciudadanos.
Era la premisa fundamental para evitar una vuelta atrás a la violencia del terrorismo de estado.
La sociedad actual
Hoy, 37 años después, lógicamente tenemos una sociedad con rasgos un tanto diferentes.
Como consecuencia de la aplicación sistemática en los años 90 de la estrategia global neoliberal, hubo una transformación cultural en el mundo, de la cual por supuesto no fuimos ajenos.
Se fomentó el individualismo como valor de conducta en detrimento de la solidaridad.
Salvo los ciudadanos miembros de sectores sociales organizados colectivamente (sindicatos, organizaciones sociales), en la gran mayoría de la sociedad caló hondo el “hacé la tuya” a como dé lugar.
A esto hay que sumarle el incremento de la violencia; que va mucho más allá de discutir si hay más cantidad de delitos por año, o incluso en el aumento del grado de violencia con el cual se cometen.
Nos preocupa fundamentalmente la violencia expresada en la agresividad en el relacionamiento social cotidiano (la forma en cómo nos relacionamos, el tono en el que nos hablamos, y hasta en el comportamiento en el tránsito vehicular, etc).
También en definitiva se expresa indirectamente en dos fenómenos actuales que nos aquejan como sociedades: la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Este fenómeno social no fue enfrentado y modificado por parte de los gobiernos de corte progresista en nuestro continente cuando asumieron en los inicios del presente siglo.
Es una derrota en toda la línea en lo que Fidel denominaba “la batalla de ideas”, que hoy la izquierda debería asumir y reflexionar profundamente sobre ella.
La amenaza de hoy
El escándalo del caso Astesiano –que a medida que avanzan las investigaciones surgen nuevos elementos de corrupción y prácticas mafiosas– deja en entredicho ese consenso democrático imperante a la salida de la dictadura.
Alejandro Astesiano –custodio del Presidente Lacalle Pou– operaba impunemente desde el propio Edificio Libertad, sede de Presidencia.
Integraba un grupo dedicado a los negociados de la emisión y venta de pasaportes a ciudadanos rusos, utilizando partidas de nacimiento apócrifas que testimoniaban su nacimiento en Uruguay.
A esto se suma otro hecho gravísimo. De los chats recuperados en su teléfono celular, surgen encargos de una empresa de seguridad internacional con sede en Miami, gerenciada por un ex-militar uruguayo, para que armara fichas con datos personales y vinculaciones de dos Senadores de la República; los frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara, que impulsaron la denuncia por la firma del contrato del gobierno con la firma Katoen Natie por la cesión de facilidades portuarias, a los efectos de intimidarlos.
Se están vulnerando los derechos y garantías básicos de dos ciudadanos y además, por si fuera poco, se violan los fueros parlamentarios de dos legisladores; otorgados por el voto del pueblo en las urnas.
Si los jerarcas de las reparticiones que podrían estar implicadas en estos delitos no dieron “per se” un paso al costado mientras duren las investigaciones, no estamos ante una buena señal.
Cuando el gobierno tampoco no lo hace, vamos por mal camino.
Y si el Centro Militar emite impunemente opiniones políticas sobre estos asuntos –violando flagrantemente el art. 77 de la Constitución que lo prohibe a texto expreso– ya estamos jugando con fuego.
Nota:
[1] La ley permitía la creación de asociaciones laborales de primer grado (por lugar de trabajo), luego las de segundo grado (por rama de actividad) y eventualmente las de tercer grado como central sindical.
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