Los éxodos migrantes (en los que vienen miles de mujeres y sus familias) están dejando impactos psicosociales en las comunidades de origen, donde las defensoras de los Derechos Humanos (DH), especialmente indígenas, trabajan a contracorriente para reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de vida de las familias para que migrar no sea su única alternativa.
Reunidas en el IIX Encuentro de la Red Mujer, Salud y Migración, que tuvo lugar en Chiapas el pasado 5 y 6 de marzo, defensoras de los DH provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala coincidieron en que son ellas, y no los acuerdos políticos comerciales recientes firmados entre Estados Unidos, México y Centroamérica, quienes se hacen cargo de los impactos que deja la migración y la deportación masiva de personas a los países de origen.
La migración desde Centroamérica
- Guatemala
La coordinadora del Programa de Mujeres de Asociación Pop No’J, en Guatemala, (dedicada a la defensa y promoción de los derechos, especialmente de la población maya) Yolanda Hernández, explicó en entrevista con Cimacnoticias que como país vecino, la migración de su país a México es histórica porque en la separación territorial se dividió a familias enteras.
Si bien entre Guatemala y México existe una tradición migratoria importante por las visitas familiares, intercambio de productos o la espiritualidad, actualmente muchas personas abandonan sus comunidades por la alta demanda en México de mano de obra guatemalteca para el corte de café y caña en los campos, explicó la defensora.
Las personas aceptan venir a trabajar a México, incluso en condiciones precarias, porque son empujadas por las grandes brechas de desigualdad, la pobreza y la ausencia de tierras para el trabajo campesino en Guatemala. De acuerdo con el informe “Entre el cielo y el suelo”, de Oxfam internacional, existe una enorme desigualdad en Guatemala, por ejemplo, la desnutrición crónica es 60 veces mayor en algunas escuelas primarias indígenas rurales que en las capitalinas mestizas, el analfabetismo es 3 veces más frecuente en mujeres indígenas que en hombres no indígenas y que las mujeres realizan 5 veces más tareas domésticas y de cuidado que los hombres.
En el caso específico de las mujeres, quienes migran ahora —detalló Hernández— son generalmente madres solteras o jóvenes que tienen la carga de sostener a la familia y, en otros casos, son jóvenes rechazadas por sus comunidades como consecuencia de la misoginia y el machismo.
Esto impacta en el liderazgo comunitario de los pueblos indígenas en la región, explicó la defensora, pues en el tránsito las migrantes sufren muchos atropellos porque son monolingües o tienen que despojarse de su vestimenta maya para no ser identificadas por las autoridades migratorias.
El endurecimiento de las políticas migratorias actuales en la frontera sur de México y EU ha hecho que en los meses recientes decenas de migrantes guatemaltecas sean deportadas desde México a sus comunidades de origen. En 2019, 15 mil 332 guatemaltecas fueron detenidas en Estaciones Migratorias, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, y según el consulado de Guatemaltecas en Comitán, Chiapas, al menos 9 mil 250 mujeres, adolescentes y niñas fueron deportadas. Las deportaciones traen consigo un impacto psicosocial del que las mujeres no quieren hablar pero cuya sanación asumen las organizaciones civiles, reconoció Hernández.
“Es muy fuerte muy doloroso cuando son deportadas, porque muchas de ellas empeñan o prestan la escritura de sus padres para pagar a los coyotes, o hacen otros préstamos, lo cual se atormenta cuando las regresan porque ya no tienen cómo pagar”, explicó. De acuerdo con la defensora, la deportación se vive con miedo y vergüenza. “Las compañeras que son retornadas o deportadas se esconden, no salen a la calle, pero se enferman, hay muchas carencias de enfermedades con las mujeres”. Muchas migrantes además son víctimas de delito durante su tránsito. “La mayoría se esconde, no salen a la luz pública, se sienten derrotadas. El problema es la carencia de atención psicosocial, porque pasan una agonía porque no cuentan lo que les pasa”.
La asociación en la que Yolanda Hernández colabora como coordinadora del programa de mujeres, acompaña a la población migrante con atención a la salud física y emocional, educación formal e informal, asesoría legal, participación organizativa y búsqueda de alternativas económicas. De junio 2016 a diciembre 2019, Pop No’j acompañó en la reunificación y reintegración comunitaria a 197 niñas, niños y adolescentes migrantes retornados, en su mayoría indígenas del departamento de Huehuetenango, que regresan de Estado Unidos y México.
Esta organización también promueve los derechos de la población maya frente a la desigualdad social, capacita a jóvenes para la participación ciudadana y emprendimiento económico y trabaja con las mujeres en la prevención de la violencia sexual. En el caso de las mujeres deportadas, muchas de ellas son apoyadas por “comadronas” o ancianas, y por profesionales, quienes las acompañan en sus procesos de sanación física y mental.
Lejos de que el gobierno guatemalteco brinde recursos para fortalecer el trabajo de las organizaciones civiles, desde inicio del 2020 se discute en el congreso de ese país una norma conocida como “Ley de ONG” que plantea mayor fiscalización y control contra la sociedad civil organizada.
- Honduras
Carmen Isabel Álvarez, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), explicó a Cimacnoticias que en su caso la defensa del territorio ancestral garífuna ha sido clave para la reconstrucción de las comunidades tras los desplazamientos y deportaciones masivas,
De acuerdo con la defensora, en Honduras la violencia y la falta de empleo son los principales detonantes de la migración, ya que si no se pertenece al partido en el poder o es mayor de 35 años, las posibilidades de colocarse en un empleo son limitadas. A esto se suma un problema creciente de extorsión por parte del narcotráfico.
En específico, en 2018 y 2019 las poblaciones ancestrales garífunas experimentaron una migración masiva de mujeres y sus familias. Cada lunes, al menos 15 mujeres abandonaban la comunidad garífuna de Trujillo, narró Álvarez, lo cual dejó huella en escuelas vacías y en los centros de salud, donde sobraban cada día decenas de vacunas para niñas y niños.
En esas comunidades, las mujeres enfrentan el feminicidio, pues en 2019 al menos seis mujeres garífunas (dos defensoras) fueron asesinadas en Honduras. A esto se suma que las defensoras de los territorios son perseguidas y criminalizadas por los gobiernos, quienes presuntamente están aliados con organismos internacionales para el extractivismo y Zonas de Desarrollo (como las Zonas Económicas Especiales en México). En esa región de Honduras, un 3 de marzo de hace cuatro años asesinaron a la defensora indígena Bertha Cáceres, que era compañera de trabajo de la OFRANEH.
Este 2020, dada el amplio número de deportaciones en 2019, las mujeres hondureñas se han abstenido de migrar, aunque todavía hay en México mujeres de Trujillo y otras comunidades hondureñas en espera de Refugio en México, dijo la defensora.
De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, en enero de 2020, al menos mil 336 mujeres hondureñas permanecían detenidas en Estaciones Migratorias en espera de deportación o inicio de trámite migratorio. “Las mujeres deportadas regresan sin nada porque lo venden todo para pagar a coyotes, pero nosotras tenemos una comunidad que se llama Vallecito, que no fue tan fácil de recuperar porque tuvimos que enfrentarnos con narcos, policías”, explicó Álvarez.
En Vallecito, las comunidades garífunas formaron campamentos en un espacio de mil 500 hectáreas. Ahí alojan a las personas deportadas que no tienen dónde ir. “Nosotros trabajamos la tierra, en la siembra del coco, la yuca. Entonces le damos alojamiento (a las familias deportadas), les hacemos una casita y ahí se va a vivir con su familia, la organización les da algo para su sostén. Se abrió un colegio para los niños”, explicó la defensora.
La organización comunitaria enfrenta retos para la reintegración de la población deportada, especialmente la que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos o fue retornada por mal comportamiento. A través de la educación popular les impulsan para que, con el tiempo, también participen en la defensa de la tierra y el territorio.
- El Salvador
Por su parte, Martha Rivas, integrante de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES Santa Marta), explicó que actualmente su organización (que es histórica porque se formó para la reconstrucción de comunidades refugiadas tras la Guerra Civil de los años 90) trabaja en la prevención de las migraciones, sobre todo de personas jóvenes y mujeres.
Rivas detalló que la migración en El Salvador responde a una escalada de violencia social, relacionada con pandillas y narcotráfico. Según documentó la organización internacional Human Rights Watch hay cerca de 60 mil miembros de maras en al menos 247 de los 262 municipios del país. Controlan los límites de sus territorios y extorsionan y obtienen información sobre residentes y personas que circulan en esas zonas, sobre todo en el transporte público, escuelas y mercados; y, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2017 El Salvador encabezó la lista de países con mayor tasa de femicidio/ feminicidio en la región con 10.2 crímenes por cada 100 mil mujeres.
A esto se le suman las desigualdades económicas en el país provocadas por nuevos proyectos de reconfiguración social y una sensación de “desesperanza”, luego de que a 12 años de dejar la dictadura no se han materializado los ideales de la lucha, explicó la defensora.
De acuerdo con Rivas, el Estado salvadoreño no está haciendo nada por contrarrestar toda la violencia que se ejerce desde las mafias, impulsadas por intereses económicos y políticos, en las comunidades, la cual se expresa en violencia sexual por parte de pandilleros contra niñas, embarazos adolescentes y suicidios provocados por la violencia social y el contexto de inestabilidad y ruptura.
En los últimos 20 años, El Salvador se se ha vuelto un país muy dependiente de la migración y de las remesas de los EU; a esto se suma que muchas mujeres migran porque sus parejas también se fueron y, como parte de la violencia en los hogares, deciden migrar con o sin hijos para intentar sostener una relación de familia.
“Todo eso está generando que las mujeres deciden desplazarse incluso al interior del país para generar mejores condiciones para vivir —-observó la defensora— y el derecho a migrar es un derecho libre que ningún país, ninguna política exterior, debería de impedir, ya que siempre habrán territorios, países, que te generen mejor condiciones que otros. En ese sentido, debería de ser una libertad única de las mujeres decidir migrar o no migrar”.
Sin embargo, las implicaciones y acciones de los actuales acuerdos binacionales (como un acuerdo que se firmó el pasado junio de 2019 para que México aporte 100 millones de dólares a El Salvador para activar programas sociales que frenen la migración) no se han transparentado y no garantizan libertades ni mejores condiciones de vida para las salvadoreñas, de acuerdo con Rivas.
“Cualquier acuerdo que se tome hacia afuera de el gobierno, y en este caso con el nuevo presidente de El Salvador, es una postura de sumisión con el gobierno estadounidense porque no reconoce la situación de dependencia con EU. Cualquier acuerdo binacional sin duda pone en riesgo la integridad de las personas que deciden migrar porque ya no está viendo a las personas con sentido humano. Nosotros no necesitamos regalías, necesitamos acuerdos comerciales que permitan traer de vuelta a esta gente que se fue y acá generar las condiciones laborales para que no tengan que irse, pero ese es un discurso que no es tan fácil de materializar”, explicó la defensora.
Contrario a lo que se esperaría con estos recursos, en El Salvador la gente tiene menos posibilidades de acceso a derechos, luego de que el gobierno entrante restó presupuesto a la educación, salud y quitó facultades a la Secretaría de la Mujer al integrarla al nuevo Ministerio de Desarrollo Local. Esto ha traído como consecuencia que la población salvadoreña viva en una situación de incertidumbre sobre qué va a pasar en el día a día, lo que las ha impulsado a emigrar de manera masiva.
En respuesta, ADES continúa con su trabajo de reconstrucción de la vida basado en la organización comunitaria de base y la educación popular, mismo con el que ha hecho por la defensa del agua y frente a los despojos de los territorios para el extractivismo por parte de empresas canadienses.
De acuerdo con Rivas, las mujeres han mantenido un liderazgo protagónico en este proceso de reconstrucción social pues son ellas (principalmente las adultas mayores) quienes acompañan los procesos de salud mental y salud comunitaria, trabajan para entender los impactos de violencia que la guerra generó y atienden una serie de problemas psicosociales que se siguen viviendo en el país.