El debate en Dinamarca a propósito de la Unión Europea tiende a resumirse en la pregunta «¿A favor o en contra?». En última instancia, se trata de preguntarse si hay que permanecer en le UE o abandonarla pero, muy a menudo, la discusión trata sobre el poder de la UE (¿tiene demasiado o no tiene […]
El debate en Dinamarca a propósito de la Unión Europea tiende a resumirse en la pregunta «¿A favor o en contra?». En última instancia, se trata de preguntarse si hay que permanecer en le UE o abandonarla pero, muy a menudo, la discusión trata sobre el poder de la UE (¿tiene demasiado o no tiene suficiente?) y, por tanto, sobre el nivel de decisión política, europeo o nacional.
El escepticismo de los y las electoras sobre la UE se ha reflejado en varios referéndums a propósito de las cláusulas de excepción del país [excepciones al derecho de la UE]. Desde 1993, Dinamarca ha adoptado cláusulas de excepción sobre temas de defensa y seguridad, la ciudadanía, la policía y la justicia y la adopción del euro.
Ruptura internacionalista frente a demagogia xenófoba
Más recientemente, en 2015, se organizó un referéndum para transformar las cláusulas de excepción totales de Dinamarca sobre las cuestiones domésticas y judiciales en cláusulas de excepción con posibilidades de aplicar ciertas políticas caso por caso. A pesar del apoyo del conjunto de los partidos dominantes, la propuesta fue rechazada por el 53% de las personas votantes. Hay que recordar igualmente que en 2000, los y las electoras habían rechazado la adopción del euro por un 52%.
El electorado ha sido siempre mucho más critico que los partidos políticos en cuanto a las transferencias de poderes y de competencias hacia el nivel europeo. Es la razón por la que la mayor parte de los partidos del establishment, que apoyan la integración europea, tienen muchas dudas a la hora de presentar un perfil «UE-friendly» por miedo a perder electorado.
En el Parlamento, la oposición a las políticas de la UE está representada en particular por la izquierda radical con la Alianza Roja y Verde (RGA) , pero también por la derecha xenófoba del Partido del Pueblo Danés (DPP). La RGA denuncia las políticas procapitalistas de la UE en todos los terrenos (economía, medio ambiente, trabajo, migración, etc), mientras que el DPP funda su hostilidad a la UE en una visión nacionalista, denunciando el «turismo del welfare» (es decir a los y las ciudadanas de la UE que residen en Dinamarca y se aprovechan de sus beneficios sociales), la inmigración y la falta de control en las fronteras. Y si el DPP permite al gobierno de derechas gozar de una mayoría parlamentaria, sus posiciones sobre la UE son el principal obstáculo para una plena participación gubernamental.
De la otra parte, la RGA defiende una oposición internacionalista a la UE. Se fija como objetivo una salida de la UE, y hasta el momento ha apoyado al Movimiento Popular contra la UE en las elecciones europeas. El Movimiento tiene una diputada europea, igualmente miembro de la Alianza Roja y Verde. En las próximas elecciones nacionales de junio de 2019, la RGA presentará su propia lista, en alianza con el Movimiento Popular contra la UE. En junio de este año, la RGA lanzó una plataforma común, con vistas a las eleciones europeas de mayo de 2019, con La Francia Insumisa, Podemos, el Bloque portugués, el Partido de Izquierdas sueco y la alianza de izquierdas finlandesa Vasemmistoliitto.
En la presentación de la plataforma, la portavoz de la Alianza Roja y Verde, Pernille Skipper, ha declarado: «Tenemos necesidad de una dirección completamente nueva para Europa. Y tenemos necesidad de una cooperación entre los países, fundada en la democracia, la solidaridad y la durabilidad. Esto solo será posible con un poderoso movimiento europeo de crítica de la UE, capaz de proponer respuestas alternativas frente a la austeridad de Merkel y Macron, así como a las políticas inhumanas respecto a las personas refugiadas, provenientes de los populismos de derechas».
Con las personas migrantes
Cuando millones de personas refugiadas han llegado a Europa, se han puesto en pie «Comités de bienvenida» en la mayor parte de las ciudades danesas, proporcionando apoyo jurídico y material. Estas redes siguen existiendo pero, con la bajada drástica del número de personas refugiadas que llegan a Dinamarca, sus actividades de apoyo se han ralentizado considerablemente. El desafío está en movilizarse contra las despiadadas políticas respecto a las personas refugiadas puestas en pie por el gobierno danés, que hacen saltar en pedazos los acuerdos internacionales. El Ministerio de las personas refugiadas, proclama orgullosamente en la página de entrada en su página web el número de medidas restrictivas adoptadas desde que el gobierno se puso en pie en 2015, que han llegado ya a 98. La mayor parte de estas medidas han sido apoyadas por la socialdemocracia, que espera así recuperar a algunos de sus votantes al Partido del Pueblo Danés. Incluso apoyó al gobierno cuando éste decidió no aceptar la cuota de 500 personas refugiadas fijada por la ONU.
Evidentemente, las soluciones a la crisis de las personas refugiadas deben encontrarse a los niveles europeo e internacional. La gente que se opone a la política migratoria actual está sin embargo a la defensiva y tiene tendencia a proponer medidas específicas más que a preocuparse por soluciones a escala europea.
De forma general, la atención del público se dirige más sobre las cuestiones políticas nacionales que a las europeas, entre otras razones y particularmente debido a que las próximas elecciones parlamentarias tendrán lugar en menos de un año, en junio de 2019.
La directiva de la UE sobre las personas trabajadoras desplazadas es sin embargo objeto de discusiones recurrentes desde hace años. Hay muchas historias sobre gente venida de Rumanía, de Polonia y de Lituania, pagadas miserablemente (o ni siquiera pagadas), a veces incluso mantenidas en condiciones cercanas a la esclavitud. Los sindicatos están, además, inquietos porque los bajos salarios tiran hacia abajo de las conquistas obtenidas en ciertos convenios firmados con la patronal. Es la razón por la que hacen campaña por una nueva reglamentación europea, que aseguraría a las personas trabajadoras desplazadas el mismo salario que el de la gente trabajadora del país en el que se encuentren. Esta campaña ha sido apoyada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y ha empujado a las instituciones europeas a modificar la directiva, haciendo corresponder los salarios al lugar del trabajo. No falta en el momento actual más que su adopción formal por el Consejo de Ministros. Y se está a la espera de ver cuales serán sus consecuencias concretas, pues los textos de la UE sobre la «libertad de circulación» (de los capitales y de la fuerza de trabajo) podrían disminuir los derechos de las personas asalariadas. Por ello la CES y otras organizaciones reivindican hoy un protocolo social adjunto a los tratados, una garantía necesaria para las condiciones de trabajo de las personas asalariadas.
Åge Skovrind es redactor jefe de Socialistisk Information, web del Partido Socialista de los Trabajadores (SAP).
Traducción: Faustino Eguberri para viento sur
Fuente: http://vientosur.info/spip.php?article14058