En Honduras, como en otros países latinoamericanos de democracia incipiente, se ha institucionalizado entre dirigentes políticos y diputados al Congreso Nacional, la práctica de interpretación de la Constitución y demás Leyes conexas para beneficio propio y del partido en el gobierno. Algunos diputados constitucionalistas lo consideran como una práctica corrupta, y otros como una forma de enfrentar a sus oponentes y salir vencedor al aprobarse leyes, decretos y nombrarse funcionarios de gobierno sin el consenso requerido.
Con el triunfo del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) en la elecciones de noviembre de 2021, donde obtuvo más de 1.7 millones de votos, ha sido visible el agrupamiento de la Oposición Política en el Congreso Nacional, incluyendo la participación de aquellos diputados y diputadas del Partido “Salvador de Honduras” en alianza para derrocar al Partido Nacional y el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), en dichas elecciones, molestos por incumplimiento de acuerdos previos entre líderes de ambos partidos.
La tesis de los congresistas de oposición es que son mayoría, ya que LIBRE solo alcanzó obtener 50diputados, insuficientes para tener mayoría simple de 65 diputados, mucho menos mayoría calificada de 86 diputados; por tanto, la oposición tiene un mayor número de parlamentarios, aunque no pueda aprobar leyes donde se necesita del voto de este número de legisladores, como ejemplo la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.
El partido LIBRE y sus diputados, como también la oposición yciudadanía en general, han confiado en el proceso para el nombramiento de los candidatos para estos cargos, a través de la selección por una Junta Nominadora con alta representación de actores económicos y sociales para que presenten una lista al Congreso Nacional. Se confió en que, miembros de esta Junta Nominadora, no tuvieran sesgos políticos en contra de potenciales candidatos simpatizantes del Partido de Gobierno, aunque algunos son contrarios a la forma de como la presidenta Xiomara Castro maneja la institucionalidad publica y acciones que ejecuta.
Los (as) seleccionados fueron: Marció Cabañas, Pablo Emilio Reyes, Mario Morazán, Johel Zelaya y Jenny Almendrares. Hay, al menos, cuatro (4) impugnaciones a esta designación, donde destacan la de Luis Santos y Mario Urquía, siendo el primero Jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) y el segundo militante del partido LIBRE.La oposición política apoya a Marcio Cabañas y Jenny Almendares, y la bancada oficialista a Johel Zelaya y Marcio Cabañas.
Ambos bloques no tienen mayoría calificada, por lo que se necesita de consensos, pero ninguno de ellos ha cedido. La tesis del bloque de oposición es que tienen mayoría, unos 73 diputados, y la bancada oficialista 52 diputados, pero son gobierno y el cargo de Fiscal le corresponde por Ley, más en un periodo donde se necesita aplicar el peso de la ley a narcotraficantes y corruptos.
El Congreso de la Republica, liderado por Luis Redondo, después de casi tres (3) meses de acefalia, decidió clausular la segunda legislatura (2023) el 31 de octubre, tal como manda la Ley, y nombrar una Comisión Permanente hasta que se vuelva a sesiones ordinarias en enero de 2024. La oposición política desconoció este mandado y decidió en reunión extraordinaria, prorrogar las sesiones ordinarias. No obstante, el problema es que la Comisión nombrada por el Congreso, y al amparo de la Constitución de la Republica, juramentó a Johel Zelaya y Mario Morazán como Fiscal General y Fiscal Adjunto, declarado como una ilegalidad por la oposición parlamentaria.
Para el destacado jurista hondureño experto en derecho constitucional, Luis Barrientos, está fue una jugada del Congreso Nacional que preside Luis Redondo, catalogada como un “ gol” de tiro libre, que en realidad es un “ gol” de chilena ya que no hubo barrera frente al tirador. Es legal, como también es legal la reunión celebrada por la oposición política, pero el problema es que sus acciones deben pasar por la presidencia de la Republica que no lo aprobará.
Varios recursos se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie y declare que lo actuado por la directiva del Congreso es inconstitucional, pero se desconoce que la primera consulta que hizo el presidente Redondo fue a dicha Corte, mientras la oposición celebraba la acefalia de sesiones del Congreso Nacional.
Los Fiscales nombrados en forma interina, mientras se consiguen los 86 votos que exige la Ley para nombrar los nuevos, han empezado a actuar. Se han librado orden de captura a funcionarios del gobierno anterior por aprobar la compra de Hospitales Móviles, una de las estafas y actos de corrupción más visibles, y procedido a destituir empleados del Ministerio Público que tenían engavetadas estas órdenes. Se espera que nuevos requerimientos se hagan en contra de diputados, funcionarios y empresarios denunciados por actos de corrupción.
El Bloque de Opción Ciudadana (BOC), integrado por el Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras, sumado a ciertos digentes del partido liberal, pastores evangélicos y empresarios que no quieren saber de justicia tributaria, han marchado exigiendo mayor democracia y denunciando que lo ocurrido en el Congreso Nacional fue un Golpe de Estado, además de acusar a Xiomara Castro y gobierno de llevar el país al Comunismo y convertirlo en la nueva Venezuela. También han marchado los simpatizantes del Partido LIBRE en defensa de la presidenta Xiomara Castro y lo actuado por el Congreso Nacional que preside Luis Redondo.
Funcionarios del gobierno de EEUU y Congresistas se han pronunciado en contra de las acciones del Congreso Nacional y del nombramiento de los fiscales interinos, aun cuando están conscientes que la principal protección de los corruptos del gobierno de JOH viene de la Fiscalía de la Republica. El Canciller de la Republica, Enrique Reina, ha llamado a la EmbajadoraLaura Dogu para infórmale de lo actuado, apegado a lo que dicta la Constitución de la Republica y leyes conexas.
En este marco, funcionarios de Fondo Monetario Internacional (FMI), visitaron al país para ver cómo anda en materia económica, encontrándose que gran parte de los indicadores muestran cifras alentadoras, a excepción del empleo. No debe extrañar que un programa de estabilización económica no expansivo tenga efectos negativos en el empleo, aun cuando se evidencia un aumento de la inversión pública pero bajos niveles de ejecución.
Curiosamente, aun cuando los funcionarios del FMI se han reunido con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), no consideran que lo actuado por el Congreso de la Republica sea problema mayor. Es más, no se enojarían si la Comisión del Congreso de la Republica aprueba la Ley de Justicia Tributaria, un instrumento para garantizar el pago del servicio de la deuda externa y beneficiar mayormente a la población pobre al destinarse mayores recursos a la protección, inclusióny desarrollo social.
Hay quizá problemas poco visibles en la agenda de gobierno que ameritan la vigencia de políticas y programas diferenciados, ejemplo la vulnerabilidad climática con impactos directos en la producción alimentaria e infraestructura económica y social, en ausencia de proyectos de construcción de represas hidroeléctricas y manejo sostenido de los recursos naturales en los gobiernos pasados, donde el FMI aplaude la mayor inversión pública para apoyar estas obras, consecuentemente el aumento del gasto en inversión social.
De allí que, este respaldo del FMI, a la gestión del gobierno de Xiomara Castro, vuelva poco creíble el discurso de líderes del BOC en cuanto al desastre económico del gobierno y crisis política.
Javier Suazo, economista hondureño, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH. Se basa en una charla a dirigentes de patronatos, grupos de mujeres y campesinos en la zona de Tocoa, El Bajo Aguan, Honduras.
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