La constructora presidida por Florentino Pérez ha hecho desaparecer el cauce del río a lo largo de 30 kilómetros. Las obras afectan a 29.000 indígenas quekchís, que viven sin agua potable ni acceso a la energía eléctrica. El grupo español Cobra-ACS, presidido por Florentino Pérez, está detrás de una polémica infraestructura en Guatemala que ha […]
La constructora presidida por Florentino Pérez ha hecho desaparecer el cauce del río a lo largo de 30 kilómetros. Las obras afectan a 29.000 indígenas quekchís, que viven sin agua potable ni acceso a la energía eléctrica.
El grupo español Cobra-ACS, presidido por Florentino Pérez, está detrás de una polémica infraestructura en Guatemala que ha desatado una oleada de críticas y rechazo. La empresa está construyendo un complejo hidroeléctrico en territorio indígena bautizado como proyecto Renace que, según la ONG Alianza por la Solidaridad, está afectando gravemente a una población de 29.000 quekchís y a la biodiversidad de la zona.
La obra, que se realiza a lo largo de unos 30 kilómetros del cauce del río Cahabón, se ha puesto en marcha sin realizar consulta alguna a las comunidades indígenas locales, tal y como exige el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Guatemala. Según denuncia la ONG, el flujo de agua en el río prácticamente ha desaparecido, lo que perjudica gravemente a las comunidades de indígenas, que viven sin servicios tan básicos como la energía eléctrica o el acceso al agua potable.
Para denunciar la situación, la ONG ha puesto en marcha la campaña TieRRRa, que pretende recoger 10.000 firmas en solidaridad con los afectados por la obra, y que se harán llegar a la compañía española y a su máximo responsable. El objetivo de la recogida de firmas es apoyar a la ONG local Madreselva, que lucha por los derechos ambientales y de las comunidades indígenas en Guatemala.
«Lo curioso de todo este asunto es que quisimos conocer el proyecto de primera mano porque se nos decía que era un ejemplo de cómo hacer bien las cosas. Que todo el mundo estaba contento y que no había conflicto alguno», cuenta Rosa M. Tristán, de Alianza por la Solidaridad. «Cuando lo vimos con nuestros ojos no dábamos crédito: aquello era un auténtico desastre. En el río, al que habitualmente acudían los habitantes de la zona a coger agua, pescar o lavar, prácticamente no queda cauce. Atrapan el agua y la van soltando en determinados puntos. En los pocos kilómetros en los que corre es imposible que quede biodiversidad alguna».
Durante su visita a la zona, la representante de la ONG consiguió reunirse con un representante de ACS. «No me quiso decir prácticamente nada», lamenta Tristán. «Básicamente, argumentan que la responsabilidad del proyecto es de CMI, que es quien ha subcontratado a Cobra-ACS. Y que estaban convencidos de que las cosas se están haciendo muy bien. Desde Alianza por la Solidaridad pensamos que ACS no puede lavarse las manos. Los derechos humanos y medioambientales están por encima del beneficio económico».
Meandros legales y división entre los indígenas
El proyecto Renace esconde una importante trampa. Las distintas fases del complejo hidroeléctrico se han ido aprobando con sus respectivos informes de impacto ambiental, lo que ha minimizado los daños sobre el papel. «No es lo mismo afectar un tramo de río de 6 o 7 kilómetros, como se apuntaba en los informes de Renace 1 y Renace 2, que hacerlo sobre un total de 30», denuncia Tristán. A ello se le suma la absoluta opacidad de la multinacional. «En su página web sólo hablan de las dos primeras fases, cuando la 5 ya ha sido aprobada y, según Madreselva, ya está en marcha la 6», añade Tristán.
Al perjuicio que el proyecto provoca se le suman las maniobras de propaganda que, según Alianza por la Solidaridad, está llevando a cabo la empresa entre los indígenas. «Se les regalan mochilas a los niños, se ponen carteles en los que se vanaglorian de haber arreglado las carreteras que, evidentemente, les hacen falta para que puedan pasar los camiones», explica Tristán. «Y sobre todo, se vende que dan trabajo a los habitantes de la zona. La realidad es que se trata de trabajos temporales y muy poco cualificados. Los indígenas que aceptan colaborar con la empresa trabajan en turnos de 15 días por un salario de unos 100 euros. La mayoría apenas se dedican a redirigir el tráfico, casi nulo, que pasa por esas carreteras. Con ello lo que se provoca son graves divisiones entre las comunidades que se han opuesto al proyecto y las que han aceptado trabajar para la empresa, cuyos miembros han firmado con la huella digital al no saber escribir».
La Marea se ha puesto en contacto con ACS para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, desde su gabinete de comunicación señalan que «normalmente, y por política de empresa, no se hacen declaraciones sobre este tipo de temas». La compañía asegura que «nunca se entra a desmentir estas informaciones, a no ser que se emita un comunicado oficial». Tal comunicado no se ha producido aún.
Fuente: http://www.lamarea.com/2016/06/21/renace-guatemala-acs/