El Banco Central Europeo (BCE) anunciaba en la segunda semana de diciembre, en coordinación con los principales bancos centrales del mundo, nuevas «medidas no convencionales para facilitar un acceso del sector bancario europeo a la liquidez y mejorar el funcionamiento del mercado interbancario». Además de rebajar los tipos de interés en un cuarto de punto, […]
El Banco Central Europeo (BCE) anunciaba en la segunda semana de diciembre, en coordinación con los principales bancos centrales del mundo, nuevas «medidas no convencionales para facilitar un acceso del sector bancario europeo a la liquidez y mejorar el funcionamiento del mercado interbancario». Además de rebajar los tipos de interés en un cuarto de punto, hasta situarlos en el 1%, las principales novedades consisten en permitir que los bancos puedan recibir préstamos del BCE por un período inusualmente largo de tres años, en lugar de uno, además de relajar las garantías que se les exigen para poder solicitar esos préstamos. En definitiva, se trata de aumentar aún más la barra libre de liquidez al sistema bancario y vaya si lo ha hecho. Las peticiones en la primera subasta de liquidez a tres años han roto todos los cálculos. 523 bancos europeos han solicitado 489.000 millones de euros, correspondiendo entre 50.000 y 100.000 millones a entidades españolas.
Lo paradójico de la situación es que, mientras esto ocurre, los Tesoros Públicos de los Estados de la periferia Europea se encuentran con crecientes dificultades para poder colocar las sucesivas emisiones de deuda, debiendo pagar, además, un interés cada vez más elevado (entorno al 5-6%, en el caso de los bonos españoles). ¿Y quién se beneficia de esta alta rentabilidad que detrae unos ingresos públicos que se recortan de otras partidas? Pues, precisamente, el mismo sector financiero que, a pesar de todas las dificultades, se aprovecha de un sistema que le permite ganar sobre un 4-5%, simplemente, prestando a los Estados al 6% el dinero que antes ha recibido del BCE al 1%. En este sentido, según cálculos de un banco de inversión, de cada dos euros pedidos a la institución europea, uno se destinará a comprar deuda soberana y el otro a refinanciar los préstamos que ya tienen contraídos con el propio BCE. Poco o nada quedará para el crédito a la economía real (pymes y familias). Así, por ejemplo, según los datos de la Autoridad Bancaria Europea, los grandes bancos españoles han elevado su cartera de deuda pública estatal en un 1,83% en los nueve primeros meses del año, al tiempo que han reducido el crédito a la Administración pública en un 12%.
Llegados a este punto uno se pregunta ¿cómo es posible que una institución pública europea como el Banco Central corra a rescatar a los bancos y no realice la misma política con los Gobiernos y sus ciudadanos? La respuesta técnica se basaría en la independencia de la entidad y en la prohibición de financiar a los Estados impuesta por el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Otras razones menos conocidas habría que buscarlas en los problemas de apalancamiento de los principales bancos alemanes y en la dictadura impuesta por los mercados que colocan al frente de las instituciones que dirigen la política financiera a sus propios hombres disfrazados de tecnócratas. Piénsese que Mario Dragui, el actual presidente del BCE, ha sido ex-vicepresidente durante los años 2002 a 2006 del banco estadounidense Golman Sachs que, constituye uno de los grupos de especulación más grandes del mundo y que ayudó a camuflar la deuda griega mediante instrumentos financieros para engañar a Bruselas.
En realidad, se podría tratar de otra jugada maestra del capital, ya conocida por algunos estados latinoamericanos, con la siguiente secuencia: 1) se hunde a los países mediante la especulación en bolsa y se les infunde un miedo constante y progresivo a la respuesta de los mercados; 2) se les obliga a recurrir a préstamos para mantenerlos en status quo o «salvarlos», con cuantías perfectamente calculadas para que no puedan ser pagadas (como es el caso de Grecia); 3) se les exigen recortes sociales y privatizaciones en detrimento de los ciudadanos, bajo la amenaza de que si los gobiernos no los ejecutan los inversores se retirarán por miedo a no poder recuperar el dinero invertido en su deuda pública; 4) se crea un altísimo nivel de descontento social, propicio para que el pueblo acepte cualquier cosa, con tal de salir de la situación, y 5) el capital coloca a sus hombres donde mejor le conviene: Monti (también ex-asesor de Goman Sachs y miembro del club Bilderberg) en Italia, Papademus (miembro de la trilateral y ex-vicepresidente del BCE) en Grecia y Luis de Guindos (ex-presidente de Lehman Brothers en España y Portugal, el banco de inversión estadounidense que protagonizó la mayor quiebra de la historia) como ministro de economía en España, por poner sólo tres ejemplos.
Ante este golpe de Estado a la democracia no podemos permanecer impasibles. Debemos exigir que las instituciones públicas encargadas del ámbito económico-financiero, empezando por el BCE y siguiendo por los ministerios, trabajen al servicio de las personas y de los pueblos en lugar de al de los mercados y del capital.
Miguel Ángel Luque Mateo. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Almería. ATTAC-Andalucía
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