Pero su cuerpo de regidores podría ser apartado del concejo metropolitan
Susana Villarán, la primera mujer en ser elegida como alcaldesa de Lima, superó el 17 de marzo un proceso de revocación que la mantendrá en el cargo, pero que alejará a sus más estrechos colaboradores en el concejo municipal.
Villarán, del partido izquierdista Fuerza Social (FS), ganó en octubre del 2010 la alcaldía provincial de Lima, la capital peruana de 8.5 millones de habitantes, en unas ajustadas elecciones en las que se enfrentó a la candidata Lourdes Flores, del conservador Partido Popular Cristiano. El 1 de enero del 2011 inició su mandato de cuatro años, pero de inmediato empezaron los intentos de revocarla utilizando una ley de 1994.
La Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos permite a la ciudadanía destituir de sus cargos a autoridades municipales elegidas por voto popular. La norma establece que la revocación se refiere a una autoridad en particular -en este caso a la alcaldesa y los regidores- y no requiere ser fundamentada. Además, para el caso de Lima, que tiene más de 3.4 millones de votantes, sólo se necesitan 400,000 firmas para pedir la revocación de una autoridad. En el 2009, la ley fue modificada para permitir que una autoridad sea revocada con la mitad más uno de los votos válidos, es decir, excluyendo los votos blancos y nulos.
«Vaga», «incapaz», «inútil», eran algunos de los insultos que Villarán tuvo que enfrentar desde el primer día de su gestión. La alcaldesa logró superar con altibajos el primer año de su mandato, pero a principios del 2012, un grupo de personas encabezadas por Marco Tulio Gutiérrez, un oscuro abogado vinculado con el anterior alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio (2003-2010), sobre quien pesan acusaciones de corrupción, empezó a recolectar firmas para impulsar la revocación de Villarán y de todo el concejo metropolitano, conformado por 39 regidores y regidoras, señalando como único motivo «incapacidad de gestión».
El negocio de las revocaciones
Las consultas populares de revocación se empezaron a realizar en el Perú en 1998 y desde entonces se han revocado 279 alcaldes y casi 1,000 regidores, en su mayoría en distritos pobres rurales de la sierra con menos de 5,000 habitantes.
El analista Fernando Tuesta, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar las elecciones en el país, pone como ejemplo el caso de la localidad de San Silvestre Cochán, ubicada en el norteño departamento de Cajamarca.
«Desde 1995, en este distrito de 3,133 electores no ha habido alcalde elegido que no haya sido revocado. El último alcalde, que había sido el promotor de las anteriores revocatorias, fue revocado en setiembre del 2012 por todos los grupos políticos que se unieron para destituirlo».
Debido a que la ley no exige que la revocación sea fundamentada ni probada, en los últimos 15 años ha aparecido el nuevo oficio de «revocador», actividad a la que se dedica el señor Gutiérrez.
El proceso impulsado por este abogado estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la presentación de firmas falsas y entrega de documentación fuera de los plazos establecidos por la ley. A pesar de ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presidido en ese momento por el magistrado Hugo Sivina, pasó por alto dichas irregularidades y en noviembre, poco antes de concluir su gestión, dio paso al proceso de revocación, llamado oficialmente «Consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales de marzo 2013».
El intento de revocar a la alcaldesa y de todo el cuerpo de regidores fue duramente criticado porque ponía en riesgo la institucionalidad democrática. Villarán recibió el respaldo de organizaciones de izquierda, de líderes derechistas como la propia Flores y el ex candidato presidencial Pedro Pablo Kuczinsky, así como de gremios empresariales y sindicales. Favorables a la revocación se pronunciaron el ex alcalde Castañeda Lossio y el Partido Aprista del ex presidente Alan García (1985-90 y 2006-2011).
Aunque los procesos de revocación son comunes en el interior del país, esta ha sido la primera vez que ocurre en Lima. Luego de tres meses de intensa campaña entre el SI, por la revocación, y el NO, contrario a la revocación, el electorado limeño votó en contra de revocar a la alcaldesa Villarán, pero a favor de destituir al menos a 14 regidores -en su mayoría pertenecientes a FS-, lo que obliga a convocar nuevas elecciones para fines de este año sólo para elegir a los regidores que reemplazarán a los destituido hasta que el nuevo concejo municipal -elegido en los comicios regulares de octubre del 2014- asuma el 1 de enero del 2015. Mientras tanto, para evitar la paralización de la municipalidad, los concejales revocados serán reemplazados por sus accesitarios.
«Pero más allá del resultado, el consenso es que esta ley de revocatoria debe modificarse», señala Tuesta a Noticias Aliadas, quien propone, entre otras modificaciones, que «la solicitud de consulta de revocatoria debe estar plenamente motivada y fundamentada, que no haya revocatoria individual, sino de todo el concejo en bloque, y que la revocatoria proceda cuando el número de votos es más de la mitad más uno de los electores de la circunscripción».
Inversiones en riesgo
Los resultados de la consulta abren un panorama complejo para Lima, ya que con las elecciones de fin de año muy probablemente Villarán perderá la mayoría en el concejo metropolitano, lo cual podría frenar los más de US$6 millardos comprometidos en importantes obras públicas a cargo de empresas privadas.
La gestión de Villarán ha puesto en marcha una urgente reforma del transporte público para poner fin a un sistema corrupto de concesiones de rutas, así como la formalización del servicio de taxis, algo que los anteriores gobiernos edilicios habían evitado para no enfrentar a las mafias del transporte y asegurar votos para eventuales reelecciones. Esta decisión la ha enfrentado con gremios de transportistas reacios a cualquier mejora que les haga perder privilegios.
Villarán también trasladó a los comerciantes mayoristas de alimentos que operaban desde hacía décadas de manera hacinada e insalubre en el céntrico mercado de La Parada, al Gran Mercado Mayorista de Lima, una instalación moderna ubicada en las afueras de la ciudad. El traslado enfrentó la resistencia de algunos comerciantes que se negaban a abandonar el lugar, que se convertirá en un parque.
La gestión de Villarán, bajo el lema «Lima ciudad para todos», se ha basado en la promoción de las capacidades y derechos de sus ciudadanos, «integrando en la planificación y en su accionar, los enfoques de desarrollo humano, enfoques de derechos, desarrollo sostenible, gestión de riesgos, equidad de género, innovación tecnológica y competitividad, junto con los principios de buen gobierno», dice la página web de la Municipalidad de Lima.
Sin embargo, la alcaldesa, una mujer reconocida por su honestidad, es duramente criticada no sólo por provenir de las canteras de la izquierda, sino por algunos sectores populares donde los niveles de informalidad son muy elevados y a quienes no les importa que sus autoridades «roben pero hagan obras».
«Aquí no ha perdido nadie; aquí sólo ha ganado Lima», dijo Villarán al conocer los primeros resultados de la consulta. «Continuarán las obras, seguiremos trabajando con más ahínco».
Fuente: http://www.noticiasaliadas.