A ritmos muy distintos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay avanzan por la senda de anular o al menos neutralizar los efectos de las leyes impuestas para dejar fuera del alcance de la justicia a responsables y represores de las dictaduras de los años 70 y 80.«Los procesos políticos y los sistemas legales de cada país […]
A ritmos muy distintos, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay avanzan por la senda de anular o al menos neutralizar los efectos de las leyes impuestas para dejar fuera del alcance de la justicia a responsables y represores de las dictaduras de los años 70 y 80.«Los procesos políticos y los sistemas legales de cada país son diferentes», explicó a IPS el secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (Mercado Común del Sur), el argentino Víctor Abramovich.
Es preferible, por eso, «analizar los avances de cada uno, sin comparar ni establecer un ranking», añadió este jurista, que fue vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora fue elegido para el flamante cuerpo del bloque que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de Venezuela en proceso de adhesión plena.
Abramovich era director del no gubernamental Centro de Estudios Legales y Sociales en 2001, cuando jueces comenzaron a declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que a mediados de los años 80 suspendieron los procesos a jefes y a centenares de represores de la dictadura (1974-1983). La Corte Suprema de Justicia confirmó esas decisiones en 2005.
En el caso de Argentina, explicó que los tratados internacionales de derechos humanos, que establecen la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y rechazan las amnistías, fueron incorporados a la Constitución en la reforma de 1994.
Pero además de esa obligación, existe en el país una jurisprudencia «muy receptiva» al derecho internacional, remarcó, una característica que también se observa, dijo, en Colombia y Perú.
Ese sistema legal requiere de un proceso político favorable, estimó. Previo al fallo de la Corte y a instancias del gobierno de entonces de Néstor Kirchner (2003-2007), el parlamento anuló las también llamadas leyes del perdón.
Al caer las normas y declararse nulos los indultos a los condenados jefes de la dictadura otorgados a inicios del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), se reabrieron los juicios por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que dejó más de 13.000 desaparecidos de modo forzoso ya confirmados, pero que organizaciones no gubernamentales estiman en 30.000.
El último informe de la Unidad Fiscal indica que hoy son 654 los represores enjuiciados y 110 los condenados. La situación varía en Chile, Brasil y Uruguay, donde siguen vigentes leyes de amnistía, aunque no siempre son un obstáculo para la justicia.
«Hay una matriz común, pero no en todos los países los tratados internacionales tienen igual jerarquía en el sistema legal interno», advirtió Abramovich.
En Brasil, la incorporación de esas normas internacionales «requiere desarrollo», ejemplificó. En ese país, la dictadura (1964-1985) sancionó una ley de Amnistía (en 1979) que sigue vigente y el Poder Ejecutivo y la justicia se niegan a revisarla.
El gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que no hará tal revisión porque la ley trajo «conciliación y pacificación». En cambio sí se intenta crear una comisión de la verdad, muy resistida por los militares.
Abramovich rescató que exista el debate sobre la eventual creación de una comisión para conocer el destino de las víctimas y lo consideró un hecho positivo. «Son procesos que permiten un avance gradual», resaltó. En la justicia brasileña tampoco hay aún receptividad. En 2008, la Orden de Abogados de Brasil presentó sin éxito una acción ante el Supremo Tribunal Federal para que la amnistía dejara sin su cobertura casos de tortura y desapariciones de personas.
Ante estas trabas, familiares de desaparecidos en el caso Araguaia -por una guerrilla que operó en la Amazonia a fines de los años 60– apelaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Consultada por IPS, la abogada del caso, Beatriz Affonso, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, explicó que el tribunal de la OEA no emite sentencias en períodos electorales, pero que podría haberla inmediatamente después de los comicios generales de octubre en su país.
En Chile también sigue vigente la amnistía decretada en 1978 por la propia dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que según datos oficiales hizo desaparecer a 1.163 personas, asesinó a 2.023 y llevó a la cárcel y torturó a más de 27.000.
A pesar de ello, Abramovich sostuvo que en Chile la justicia es cada vez más receptiva a estándares internacionales. «Es más lento que en Argentina, Colombia o Perú porque los tribunales no funcionan en abstracto, pero hay un avance», subrayó.
Se refirió así a fallos de la Corte Suprema de Justicia que calificaron a la amnistía de inconstitucional y sostuvieron que el delito de desaparición forzosa es imprescriptible por tratarse de un crimen permanente.
Chile también debe confrontar con la Corte de la OEA, que condenó al estado por no investigar ni perseguir a los responsables del crimen de Luis Almonacid, un militante del Partido Comunista ejecutado en 1973. La entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se comprometió a promover su inaplicabilidad, aunque durante su gestión no se derogó.
Aun así, 783 represores fueron procesados y 296 de ellos condenados, según datos oficiales. Además, el nuevo presidente, el derechista Sebastián Piñera, prometió en julio no aplicarles la amnistía por razones humanitarias, como reclamó la jerarquía de la Iglesia Católica. También en Uruguay se ha recorrido un largo camino de tropiezos por este tema. El parlamento aprobó en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que dejó fuera de tribunales a los represores uniformados y civiles asimilados de la última dictadura (1973-1985).
Luego de una intensa campaña de recolección de firmas, movimientos sociales y la coalición izquierdista Frene Amplio, hoy en el gobierno, lograron en 1989 someter a plebiscito su derogación sin lograr llegar al 50 por ciento de votos requerido. La experiencia igualmente frustrada se repitió en 2009.
No obstante, la norma dejó resquicios. Permite investigar, sin acusar, denuncias para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, excluye del beneficio a civiles y a los delitos económicos y contra niños y niñas, y deja en manos del Poder Ejecutivo la potestad de decidir si una causa está o no amparada por la norma.
Por esas hendijas se logró procesar a los 10 represores más emblemáticos, muchos de los cuales ya tienen condena firme, al igual que los dos ex dictadores que aún viven, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez.
Se ha confirmado que una treintena de uruguayos fueron desaparecidos en este país, pero se investiga un número mucho mayor de casos, además de un centenar en Argentina en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión en el Cono Sur de América.
También en 12 años de dictadura fue el país con mayor cantidad de presos políticos de América en relación a sus habitantes, donde la agresión sexual y todo tipo de torturas fue práctica sistemática.
«Existe un mecanismo de consulta por el cual los jueces preguntan al Poder Ejecutivo si las denuncias presentadas están contempladas en la ley», explicó a IPS el director de Derechos Humanos del Gobierno, Javier Miranda, hijo de un desaparecido.
«La interpretación es discrecional», dijo y desde 2005, con la gestión de la coalición centroizquierdista «sistemáticamente el Ejecutivo ha comunicado que los casos no están comprendidos», añadió. Eso permite que los procesos avancen, aún con una ley que, en principio, los frena.
De todos modos, hay debates. En 2009, la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inconstitucional la ley de Caducidad. Y actualmente la coalición gobernante prepara un proyecto para dejarla sin efecto jurídico.
Mientras, los familiares de víctimas ven un atajo en la Corte de la OEA, que dictaminó en 1992 que la amnistía es incompatible con el derecho internacional y recomendó al estado uruguayo dejarla sin efecto. Pero la ley siguió vigente.
En 2006, Macarena Gelman, nieta del laureado poeta argentino Juan Gelman, planteó ante esa misma Corte la denegación de justicia en su país en el caso de su madre detenida en Argentina y desaparecida en Uruguay, y se aguarda un fallo del tribunal para octubre.
* Aportes de Daniela Estrada (Santiago), Leonel Plügel (Río de Janeiro) y Raúl Pierri (Montevideo)
Fuente: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96370