En el estrado se encontraban el presidente Otto Pérez Molina, el Presidente magistrado saliente Erick Álvarez, y el presidente del Congreso, Arístides Crespo. Tres figuras polémicas dirigiendo los tres poderes del Estado. Los rodeaban los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La toma de posesión simboliza una victoria final y el […]
En el estrado se encontraban el presidente Otto Pérez Molina, el Presidente magistrado saliente Erick Álvarez, y el presidente del Congreso, Arístides Crespo. Tres figuras polémicas dirigiendo los tres poderes del Estado. Los rodeaban los 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La toma de posesión simboliza una victoria final y el acto debía representarlo. Por eso las viandas, los arreglos florales, y las palmadas entre diputados y jueces. No importaba el agujero de más de Q400 millones (US$50 millones aprox.) del Organismo Judicial. Era el momento de celebrar.
La alianza triunfadora fue la del oficialismo (Partido Patriota, PP) y Roberto López Villatoro, el principal operador político del sistema de justicia. Significó un trabajo de más de doce meses que este lunes finalmente se coronó. Cumplido el asalto al Ministerio Público en mayo de este año, se completa el último eslabón de la justicia con la toma de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelación.
López Villatoro logró la presidencia de la CSJ (2014-2015) [1] y la de Amparos y Antejuicios (2014-2019) [2]. El PP obtuvo lo que quería y más: el control de la Cámara Penal (2014-2019) y el de la Cámara Civil (2014-2019) [3], a pesar de la oposición frontal del gran empresariado a dejar una Cámara que por historia le ha pertenecido.
El PP además consiguió con Anabella Cardona la presidencia de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, fundamental para revertir los procesos de alto impacto que llevan los Tribunales respectivos, como el polémico Juicio por Genocidio. [4]
Con Blanca Stalling al frente de la Cámara Penal se teme una reorganización o incluso desaparición de los Tribunales y Juzgados de Mayor Riesgo, creados por César Barrientos Pellecer (+) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG-ONU) en 2009.
El PP logró crear un cerco para evitar cualquier tipo de persecución, luego de años de corrupción, como lo dijimos en otra ocasión.
En el triunfo hubo espacio para socios minoritarios. Una parte de los militares de inteligencia y los de la extrema derecha lograron colarse con dos magistrados fieles (Charchal y J. Pineda), apaciguando las tensiones con el estamento militar que rodea a Otto Pérez Molina (OPM).
Los grandes empresarios negocian generalmente en bloque, o a lo sumo con dos facciones (Fundesa y Cacif). Como los militares, lograron colarse también en la alianza, pero para ellos eso es regresivo. Eran espacios que antes controlaban con soltura, y que ahora han mostrado incapacidad en revertir la estrategia de los llamados abogados emergentes y su ocupación en los canales de selección del sistema judicial.
Marginados de la negociación y ubicados como tensos observadores son los Estados Unidos y la CICIG, que suman otra negativa a sus presiones por impulsar reformas de fondo en el sector justicia y con eso lograr una mayor estabilidad para las inversiones.
Afuera de la alianza y negociación quedaron los sectores medios progresistas, cada vez más críticos de la rapacidad, y las organizaciones de derechos humanos que se dedicaron a fiscalizar e impugnar las falencias del proceso.
Y aún más lejos quedan las organizaciones sociales y comunidades en defensa del territorio que, ya sea por falta de información o por la falta de confianza en estos procesos, no se preocuparon en el seguimiento del desmoronamiento del sistema de justicia.
I. El Oficialismo esquiva un desesperado zarpazo
La decisión final la tuvo la Corte de Constitucionalidad (CC) [5]. A fines de septiembre la sociedad le exigió a la CC resolver el entuerto de las elecciones en el Organismo Judicial (OJ). La exigencia venía de una ruta formal: según la Constitución de 1985, la solución a los principales problemas técnico-políticos corresponden a esta polémica corte.
La CC, creada como el más poderoso arbitro colegiado, se tomó más de un mes en responder en definitiva. La tensión estaba demasiado crispada en ese momento, y aún no se llegaba a una negociación que incluyera el veto de EEUU y una mayor cuota para el gran capital nacional. Un amparo provisional resolvió el problema y dio una tregua.
El 19 de noviembre finalmente la CC validó un proceso que se movió desde un inicio entre lo legal y lo paralelo. La tregua funcionó. Esta vez la reacción de los sectores medios y organizaciones de derechos humanos fue ínfima. ¿Silencio o resignación? Para el caso significó lo mismo: los sectores medios aún son incapaces de pasar del descontento a la movilización y convertirse en actores con peso político, como sí ocurre en otras ciudades de Latinoamérica (recientemente ejemplificado por el Distrito Federal mexicano).
El escaso apoyo explica por qué sólo a través de una acción desesperada, como la renuncia de una magistrada que desnudó el proceso, la CICIG y las organizaciones de derechos humanos lograran frenar momentáneamente la elección en un intento por enderezar lo ocurrido.
La denuncia de la magistrada Claudia Escobar acorraló a uno de los operadores del oficialismo, el diputado Gudy Rivera, quien estuvo cerca de perder su inmunidad como funcionario público.
El tiempo de espera que dio la CC favoreció la recomposición del oficialismo: la vieja CSJ, en una votación de 8 votos en contra de 5 [6], resolvió que el antejuicio en contra de Gudy Rivera, pese a las pruebas en audio, no tendría cabida. El MP, a cargo de Thelma Aldana, ubicada ahí por el oficilalismo, se negó a dar continuidad al caso.
Aunque el desenlace del evento era esperado, son importantes 4 de los 5 votos en contra de la resolución: todos representantes de los grandes empresarios.
II. ¿Se queda el Cacif sin amigos?
El gran capital tenía fuertes razones para expresarse en bloque en contra del PP, pese a su alianza electoral en 2011. Las recientes elecciones judiciales demostraron de nuevo su desplazamiento: solamente una de los 13 magistrados viene de sus filas. Para ubicar magistrados favorables en juzgados y salas laborales, de lo contencioso administrativo (fraude fiscal) y de lo civil-mercantil, tendrán que pagar y negociar; lo mismo tendrán que hacer por cada caso que llegue a las cámaras de la CSJ.
Ni siquiera a los grandes exportadores agrícolas y de textiles, entre los principales financistas del oficialismo, les ha valido la cercanía para impulsar su agenda: el Congreso se entrampó en negociaciones sobre la elección de su Junta Directiva y con la decisión sobre la política de endeudamiento del PP para financiar el último año de gobierno, uno electoral. A un lado quedaron una vez más las iniciativas de ley sobre beneficios fiscales a exportadores y las reformas regresivas al Código de Trabajo que impulsan.
Pero el desplazamiento como bloque por el que pasaron en las negociaciones para incluir a jueces no debe de provocarnos lástima alguna: la economía del país creció en el último trimestre a un ritmo de un 4.5%, lo que resaltó la prensa corporativa con júbilo. Y ninguno de los intentos de reforma fiscal progresiva ha logrado llevarse a cabo en los últimos dos gobiernos. La concentración de la riqueza seguirá a buen ritmo.
Según la Oficina Comercial de Estados Unidos , para crecer los grandes empresarios nacionales se valen de incumplir las leyes del país y de fomentar la impunidad en los juzgados de trabajo y penales, y según informes recientes también del medio millón de niños que trabajan en los cultivos de agroexportación.
III. El Plan A de Estados Unidos continúa
La crítica de Estados Unidos no es nueva, y lleva ya algunos años de ser cada vez más cáustica. Los grupos nacionales de poder han respondido criticando a la CICIG y con menor fuerza la injerencia estadounidense. Pero es en los hechos donde mejor han dejado planteada su protesta: en la elección de las cortes las recomendaciones de la CICIG y de la Embajada norteamericana no fueron escuchadas. Ni una última solicitud de dejar afuera al menos a Blanca Stalling y al ex Procurador General de la Nación, Vladimir Guerra, tachados de tráfico de influencias y corrupción, fue tomada en cuenta.
Esto tendrá sus consecuencias, algunas que han surgido de inmediato: hace unos días se hizo público el documento con el que Estados Unidos formaliza su demanda en contra del Estado de Guatemala en el marco del DR-Cafta, y en él señala una por una las empresas que se mueven en la impunidad para acumular riqueza. La potencia del Norte obligó además a Guatemala, El Salvador y Honduras a realizar a regañadientes un Plan que busque reducir la migración de menores.
Tal vez lo más simbólico sea la reciente captura de miembros de la banda Los Mendoza, que llevaba meses de estarse planeando, y es uno de los principales casos con que la CICIG se mueve (otro fue el caso Lima ). Esto muestra que las únicas instancias del sistema de justicia que seguirán caminando a buen paso son las tuteladas por entidades internacionales: la captura fue coordinada por la DEA norteamericana, la Fiscalía especial del MP, a cargo de la CICIG y no de la Fiscal General, y como socios menores estaba el vice-ministerio de Antinarcóticos, dirigido por la ungida de la Embajada, Eunice Villagrán, y 100 soldados del ejército.
El caso también es importante por los documentos desclasificados de la Embajada que señalaban a los Mendoza de posible patrocinio a campañas electorales departamentales en 2007. Si a esto se le suma el deseo de la CICIG de despedirse en el 2015 con una investigación a fondo sobre el patrocinio electoral, los grupos que ganaron con las elecciones a la OJ y que están vinculados a partidos políticos se han cubierto bien las espaldas con jueces que bloquearán, suponiendo que mantienen alguna lealtad, cualquier intento de enviarlos a la prisión o al extranjero.
El descabezamiento de carteles propiciado por Estados Unidos tiene, sin embargo, serias desventajas en términos de la seguridad ciudadana, como lo ha dicho el mismo Ministro de Gobernación, Mauricio López: sin un mando en lo alto de las jerarquías, se desencadena una lucha intestina por copar esos espacios, lo que ha conllevado un aumento dramático de la violencia homicida en los departamentos del oriente y el sur del país.
IV. La agonía de los marginados
A los problemas de seguridad se suman los de representatividad en las elecciones del OJ. Según las reglas impuestas con el gran pacto de 1985,los grupos y clases fuera de la alianza de poder solamente pueden criticar, incluso patalear, pero en ningún momento pueden ser tomadas efectivamente en cuenta sus demandas. El proceso está formalmente blindado.
La reforma constitucional es solo formalmente una solución, ya que no existe ninguna posibilidad real que permita cambios a profundidad sin que se alteren otros de manera amañada por una correlación de fuerzas desigual para los sectores progresistas y de izquierda.
Y pasar de la crítica formal a las protestas de calle tiene sus consecuencias, algunas trágicas. Con el paro y las movilizaciones de tres días de parte del Comité de Unidad Campesina (CUC) y comunidades en defensa del territorio, se esperaba la derogación de leyes y la aprobación de una que lleva años en el tintero: la Ley de Desarrollo Rural Integral. Pero no pasó nada. El saldo fue de un manifestante asesinado a tiros por la Policía Nacional Civil (PNC), mientras en los municipios de Santa Cruz Barillas y San Juan Sacatepéquez se sumaron tres presos políticos más en menos de dos semanas.
La prensa corporativa obvió los hechos, y algún analista desubicado relacionó erróneamente los paros con los movimientos de los grandes sindicatos estatales (maestros y salubristas), cuyo objetivo era el apoyo al PP y su política de endeudamiento.
Al final, la estrategia de presión por plantones y toma de carreteras sufrió su segundo revés en menos de dos meses.
Igual de dramáticos son los rumores sobre la decisión de Roberto López Villatoro, el principal operador político en el sector justicia, de agenciarse los juzgados y salas en el departamento de Huehuetenango, de donde es oriundo junto a su hermano y diputado por la UNE, Julio López Villatoro.
El hecho que los López Villatoro tengan intereses con la empresa Hidro Santa Cruz en Huehuetenango, y que la Fiscal General haya tenido acciones en la distribuidora de energía eléctrica, es un desalentador presagio para las movilizaciones comunitarias y sociales. La oposición que éstas realizan a los proyectos hidroeléctricos dirigidos para abastecer a la industria extractiva y al mercado centroamericano de energía eléctrica, pero no a sus comunidades, se encontrará con un sólido muro de contención.
Pésima situación si se les compara con el lujo, gala y regocijo que muestran los ganadores de esta última coyuntura.
Vea también: El asalto a las Cortes y la batalla pre-electoral
Notas:
1. Josué Felipe Baquiax Baquiax contó con el beneplacito de López Villatoro y no obtuvo el voto de los operadores duros del empresariado, los comisionados López Cordero y Archila Cruz. En el congreso la bancada que más lo votó fue Lider.
2. Ranulfo Rojas Cetina no fue votado ni por el oficialismo ni por el empresariado en la Comisión de Postulación, por lo que tuvo que ir a repechaje y finalmente fue apoyado por el PP en el Congreso.
3. Vladimir Aguilar, desde el inicio fue de los favoritos del oficialismo. No recibió el apoyo de ninguno de los candidatos del empresariado y en el congreso fue votado mayoritariamente por el PP.
4. De la planilla del Oficialismo en el Colegio de Abogados y Notarios. Fue comisionada para elegir la nomina de Corte Suprema de Justicia. Votó a favor de los candidatos mas afines al Oficialismo y a López Villatoro.
5. Son cinco los representantes que componen la CC: la Universidad Nacional, el Congreso, el Ejecutivo, el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia.
6. Los 8 votos de la CSJ venían de los magistrados más cercanos al oficialismo, que buscaron con su obediencia puestos estables una vez terminen sus mandatos.
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