Hace 34 años, 27 sindicalistas fueron secuestrados y asesinados por el gobierno militar guatemalteco cuando celebraban una asamblea
El día 21 de junio fue una fecha trágica para el movimiento sindicalista guatemalteco. En 1980 fueron detenidos y luego desparecidos 27 representantes sindicales, cuando celebraban un asamblea en la oficina de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Con motivo de este suceso, se conmemora en Guatemala cada 21 de junio el Día Nacional de las Desapariciones Forzadas.
En la librería Traficantes de Sueños de Madrid se celebró la semana pasada un encuentro en el que se presentó el nuevo poemario del escritor guatemalteco Estuardo Álvarez, dedicado a las personas desaparecidas, y se organizó una mesa redonda en la que se debatieron distintos temas relacionados con los derechos humanos en Guatemala, entre ellos el contexto actual del proceso por las desapariciones de los sindicalistas. DIAGONAL tuvo la oportunidad de conversar con algunos de los participantes así como con personas relacionadas con las acciones que se están llevando a cabo para tratar de esclarecer estas desapariciones.
Clara Redal, de la Plataforma de apoyo a Guatemala de Madrid, nos explica bajo qué circunstancias se produce el secuestro de los sindicalistas: «El ataque a la sede de la CNT se da en un momento en que el sindicato estaba cobrando cada vez más fuerza, recibía amenazas y allanamientos de sus locales de manera permanente. La doctrina de seguridad del gobierno guatemalteco era que el movimiento sindical era parte de la insurgencia, por lo que la mayoría de los sindicatos tenían infiltrados. Esta asamblea del 21 de junio fue suspendida a última hora por el propio sindicato, que fue avisado del peligro que corrían. No dio tiempo a hacer llegar el aviso a todos los convocados, 27 de ellos se presentaron. El asalto fue una operación relámpago, se desarrolló en cinco minutos. Los asaltantes llevaban metralletas y había al menos tres mandos militares. No se oyeron disparos solo golpes y gritos. A los cinco minutos se llevaron a la gente, cuando entraron los compañeros la sala estaba llena de sangre. Durante el transcurso de la operación se cortaron las calles, lo cual hace suponer a la defensa que es una operación perfectamente planificada desde el gobierno con la colaboración de Ejército y Policía. Dos meses después se realizó otra asamblea del mismo sindicato en una finca a las afueras de Guatemala y otras 17 personas fueron detenidas y desaparecidas. El vigilante de la finca apareció asesinado. Los familiares de los desaparecidos que empezaron a investigar sufrieron amenazas y en su mayoría tuvieron que exiliarse».
Actualmente, el Centro para la Acción Legal en los Derechos Humanos (CALDH) de la Ciudad de Guatemala es uno de los organismos encargados de investigar las desapariciones forzosas. En 2009, llegó a este centro el caso de las desapariciones de los sindicalistas. Miguel Ángel Albizures, el portavoz de CALDH, que ha sido durante mucho tiempo director del Frente Democrático de Guatemala contra la Represión (FDCR) y secretario general de la CNT, nos cuenta en qué punto está el proceso: «Cuando nos hicimos cargo del caso lo primero que tuvimos que enfrentar fue el caos que el Ministerio Público tenía en el expediente, tenían mezclados los desaparecidos en la CNT, con los desparecidos posteriormente en Emaús, en agosto de ese mismo año. El expediente era enorme, incluía todas las diligencias que se habían hecho, y que mayoritariamente eran los recursos de habeas corpus que había presentado el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en los años 80, y las consiguientes respuestas de los centros de detención, todas negativas», nos explica. «La parte más complicada es la de ubicar a los supervivientes, uno de ellos sabemos que está en México, y otra vive aquí, en Guatemala, pero se niega a declarar, se la ha citado dos veces, pero no llegó, tendremos que hacerlo por orden judicial», continúa.
El trabajo actual de la CALDH se centra en aportar a la investigación, a través del Archivo Histórico, documentos que prueben la vigilancia a la que estaban sometidos los sindicalistas, así como los allanamientos previos a la CNT. Cuando preguntamos acerca de las dificultades que encuentran en el proceso, Albizures nos comenta que, en su mayoría, están relacionadas con los cambios de fiscales. «Es muy difícil lograr que impulsen el caso, cada cambio de fiscal implica tiempo, para que se pongan al día con el expediente y para que propongan líneas de investigación, más ahora con el cambio de la Fiscal General».
El cambio de fiscales favorables al régimen es uno de los temas más controvertidos actualmente en Guatemala. El pasado mayo, Thelma Aldana, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, sustituyó en el cargo a Claudia Paz y Paz, Fiscal general durante el juicio y la condena al exdictador Ríos Montt. Su sustitución es considerada en muchos círculos, no solo un castigo, sino un intento del régimen de cerrar filas y que no vuelva a ocurrir, como en el caso de Ríos Montt, que puedan ser juzgados altos cargos implicados en las matanzas durante el conflicto armado. De forma similar, la jueza Yassmín Barrios, que dictó sentencia contra el exdictador, ha sido suspendida en sus funciones como abogada durante un año.
Impunidad de ida y vuelta
En el acto también se habló del papel del Estado español en el proceso de paz de Guatemala. «Muchos de los observadores de DD HH, que han participado en el acompañamiento en el proceso de paz procedían de plataformas u organizaciones españolas, incluso se financiaron programas de recuperación de la memoria histórica», nos comenta Estuardo Álvarez, autor del poemario Cantares, que se presentó en el acto. «Paradójicamente, España no ha hecho el mismo esfuerzo dentro de sus fronteras», responde Estuardo cuando le preguntamos a cerca de las similitudes entre los procesos de recuperación de la memoria histórica en Guatemala y en España.
«Muchos de los observadores que fuimos a Guatemala durante el proceso de paz, cuando veíamos el esfuerzo de las organizaciones y de las comisiones para el esclarecimiento de la memoria histórica, nos preguntábamos qué hacíamos allí, acompañando y asesorando, cuando en nuestro país no estábamos haciendo nada por impulsar un verdadero proceso de recuperación de la memoria histórica», nos comenta Concha Martínez acompañante española en el proceso de paz.
Cuando le preguntamos por el futuro de todas las querellas abiertas, Estuardo tiene claro que ahora mismo» la estructura militar y paramilitar, que tanto daño ha causado al pueblo de Guatemala, sigue vigente con el aval del empresariado nacional y transnacional. Los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos están sufriendo una criminalización constante en los medios. En muchos casos se les trata como a terroristas». No obstante, tanto Estuardo Álvarez como Miguel Ángel Albizures, coinciden en que hay un antes y un después de la condena a Efraín Ríos Montt, aunque está finalmente fuera anulada. «Esta condena ha sido muy esperanzadora, ya que antes de ella se sentía que los criminales de guerra eran intocables, que nadie podía contra ellos, pero se ha demostrado que localmente se tiene el valor de juzgar y sentenciar a un tirano con todo el poder que ostenta y ostentaba. Antes se tenía miedo, ahora hay esperanza.»