Recientemente se conoció un plan, largamente negociado en el congreso de EEUU que propone medidas de estímulo económico y apoyo social en el contexto de la crisis económica y sanitaria vigente.
El monto, redondeando, 0.9 billones de dólares representa un 4.3% del pbi de ese país. El presidente electo que asumirá dentro de unos días ha anunciado que ese plan será redoblado una vez que él asuma el gobierno. Es conocido que durante la última crisis financiera China insufló en su economía estímulos del orden del 10% del PBI de la época. Éstos se volcaron principalmente a obras de infraestructura, incluyendo viviendas. Y se ejecutaron en los años 2009 y 2010. China, no solo reactivó su economía y mantuvo la senda de crecimiento económico acelerado, sino que además “remolcó” la economía mundial para salir de la crisis.
La situación de nuestro país hacia marzo del presente año, cuando se dan conjuntamente la emergencia del Covid 19 y la asunción del nuevo gobierno, no era auspiciosa. Después de varios años de crecimiento acelerado, entre 2003 y 2015, la economía se estancó. Hubo una marcada caída del empleo, del orden de 50.000 puestos de trabajo después de aquel año.
El Covid 19 con su secuela de restricciones diversas a la actividad económica que no corresponde aquí detallar agravó la situación. El PBI cayó agudamente el 2do. Trimestre del año. Se recuperó el 3ro y, dado el importante aumento de casos nuevos de C19 y las consiguientes restricciones a diversas actividades es probable que vuelva a caer en el último trimestre del año. En total hay estimados de un cierre de 2020 con una caída del PBI del orden del orden del 5.5% según distintas fuentes.
El efecto social de esta debacle económica ha sido devastador. En reciente conferencia de prensa el “equipo social” del gobierno encabezado por el ministro de desarrollo social Pablo Bartol afirmó:
“Asimismo, entre abril y diciembre de 2020, la totalidad de las medidas sociales dispuestas por el Gobierno insumieron una inversión de más de 4,5 millones de pesos y alcanzaron a 1,1 millón de personas, de acuerdo a una gacetilla difundida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La cifra transferida está por encima de lo dispuesto hasta ahora para asistir a los más vulnerables, precisó.”
En la transcripción de la página de Presidencia se deslizó un error: son 4,500 millones de pesos, no 4,5. Que equivalen a unos U$S 143:000.000 anuales.
Divididos por los 1.1 millones de compatriotas supuestamente asistidos nos da U$S 130 anuales o algo menos de U$S 11 mensuales. Unos 455 pesos por persona y por mes. Dinero suficiente para comprar algo más de un kilogramo de pulpa de trasero vacuno. O a algo más de 8 kilos de arroz blanco.
Y eso que en abril de este año el presidente Lacalle Pou decía:
“»No somos ortodoxos”, dijo y y agregó: «Recuerdo acá que la ministra de Economía cita a uno de sus autores preferidos que es Keynes; a muchos les llama la atención, yo lo aprendí a valorar un poco escuchando a Azucena Arbeleche», aseguró.”
Como se sabe el economista inglés propugnaba que, ante situaciones de crisis, el estado debía llenar el vacío producido en la demanda agregada repartiendo dinero en grandes cantidades. Si fuera necesario poniendo miles de trabajadores a hacer pozos y después a llenarlos.
Considerando que, por lo menos en el aspecto de las ayudas sociales, lo realizado hasta ahora no supera, en el ámbito monetario, el 0.24% del PBI, no parece que se le haya hecho mucho caso a Keynes.
El gobierno ha tomado medidas de estímulo económico de otro tipo, encaminadas fundamentalmente a promocionar las inversiones privadas. No ha hecho otra cosa, en ese ámbito, que continuar y profundizar lo hecho por los 3 gobiernos anteriores. En algún momento se dijo que dichas políticas habían importado transferencias del estado al sector privado por valor de varios enteros del PBI. Sin mencionar los no menos de U$S 5,000 millones que se comprometieron (y se están ejecutando) en el proyecto UPM2.
Es difícil prever que efecto tendrán las nuevas medidas del actual gobierno en ese sentido. Pero el mismo estará limitado por un fenómeno esencial: la caída de la demanda fruto, tanto de la recesión que sigue a un largo período de estancamiento cuanto la reducción de los salarios reales públicos y privados que han pautado los últimos consejos de salarios.
A los capitalistas les sirven las reducciones de impuestos…siempre y cuando haya ganancias para efectivizar las mismas. Sin proyecciones de éstas últimas no sirve invertir, por menos impuestos que se paguen. El tema está abierto y los próximos 2 años responderán la pregunta.
La paupérrima locación de recursos sociales, tanto si la evaluamos desde el punto de vista de su impacto sobre la vida de las familias “beneficiadas” cuanto desde el efecto sobre la macroeconomía está determinada por una interpretación ortodoxa del fenómeno económico. Los déficit fiscales son intrínsecamente malos, la deuda se vuelve rápidamente inmanejable. La inflación aumenta y pasa rápidamente a “hiper”. La deuda termina en una crisis financiera.
Es verdad que el país conoce esa historia. Hace apenas 20 años tuvimos todos esos fenómenos expresados en una forma tan aguda como violenta.
Sin embargo convendría recordar que la agudización de la crisis se dio, precisamente, bajo un gobierno con una fuerte orientación económica ortodoxa. Que procesó un ajuste fiscal drástico después de 2 años de caída del PBI.
En realidad lo dicho hasta ahora es apenas el preámbulo de una propuesta concreta, aproximativa, pero que intenta destruir algunos mitos y contextualizar esos conceptos macroeconómicos.
Algunos números:
El cuadro de más arriba resume la propuesta:
1) Entregar mensualmente unos 150 dólares a cada una de las personas que integran ese colectivo económicamente más vulnerable. Eso equivale, de acuerdo al tipo de cambio actual, a $U 6,330.
3) Por familia “tipo” son unos $U 25,320
4) Número total de beneficiarios: 1,100,000
5) El costo directo mensual para el estado sería de U$S (dólares EEUU) 165.000.000
6) El costo anual sería de U$S 1,980,000,000. (mil novecientos ochenta millones de dólares)
7) Este dinero sería recibido por el sector más pobre de la población, los que no tienen capacidad de ahorro y quienes gastan la mayor parte de sus ingresos en los rubros vivienda (con gran componente de servicios públicos) y alimentación. Por lo tanto estimamos que parte de ese dinero (la mitad), ampliamente distribuido en forma local en la economía, volvería al estado en forma de pagos de servicios públicos, impuestos indirectos (principalmente IVA), directos (ganancias de empresas como comercios y otros productores locales). La parte mayor que no volvería al estado puede imputarse a ganancias de grandes empresas que ahorran o transfieren al exterior e importaciones. El gasto público neto quedaría entonces en el orden de U$S 990,000,000.
8) Basándonos en consideraciones similares al punto anterior se puede estimar que aproximadamente un 80% de la cifra mayor, gasto bruto, incrementaría el producto bruto interno (pbi). Desde el punto de vista de las cuentas nacionales el consumo del gobierno y el de los particulares integran más del 70% del mismo. Otra vez el rubro que no sumaría al pbi es el de las importaciones.
9) El pbi actual, en dólares, suma aproximadamente U$S 60,000,000,000
10) El aumento porcentual del pbi provocado en forma directa por el proyecto sería de 3,3%
11) La deuda pública global del sector público bruta al 3er. Trimestre de 2020 estaba en U$S 36,000,000,000
12) La relación deuda pública bruta/pbi es, por lo tanto, de 60%. Este es uno de los datos más importantes considerados por las calificadoras de riesgo para ponderar la calidad de la deuda de un país.
13) El aumento neto del gasto público propuesto, suponiendo que el mismo se financia totalmente en base a la emisión de nueva deuda pública, causaría un aumento de la deuda, al cabo de un año y siempre excluyendo otras fuentes de variación, de U$S 990,000,000
14) Si el aumento del gasto propuesto no causara un aumento del pbi tendríamos una variación de la relación deuda/pbi hasta 61.7%
15) La cifra del nuevo pbi
16) Considerando el aumento del pbi dicha relación permanecería prácticamente constante. Por lo menos en este aspecto no hay razones para afectar el grado inversor que ostenta hoy la deuda pública uruguaya.
17) Un aspecto importante es el costo de intereses que ocasionaría la nueva deuda. Suponiendo que Uruguay mantiene el grado inversor y no hay shocks económicos importantes a nivel mundial lo podemos estimar sumando dos variables: el riesgo país que actualmente ronda el 1.1% y el interés que generan los títulos públicos a 10 años de EEUU.
18) Este último oscila alrededor del 0.9%.
19) De acuerdo a lo anterior el país debería pagar por la emisión de deuda suplementaria unos intereses del orden del 2.1%.
20) En términos absolutos unos U$S 20,493,000 Para tener una idea comparativa, los dos aviones Hércules que acaba de comprar el gobierno costaron no menos de U$S 30,000,000
21) El gasto público anual del año móvil entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 fue de U$S 16,874,000,000
22) En términos relativos con el pbi es de 28.1%
23) El gasto público ampliado sería de U$S 17,864,000,000
24) La relación con el pbi pasaría al 29%
25) El déficit fiscal para 2020 se estima en 5.5% del pbi
26) Pasaría a un 6.4% del mismo
La diferencia que, teniendo en cuenta la caída del pbi de 2020, estimada en más del 5% y el efecto rebote por una eventual superación de la pandemia, un crecimiento adicional de 3.3% con un plan como el propuesto llevaría a un crecimiento económico muy importante para 2021.
El efecto de este crecimiento minimizaría fuertemente el significado de este incremento del déficit fiscal. Podría, incluso, llegar a anularlo.
Este sencillo ejercicio no pretende ser un plan acabado, ni mucho menos.
Su objetivo es mostrar la relatividad de las cifras económicas que llevan a planes de ajuste fiscal como el que está ejecutando el actual gobierno.
Creemos firmemente que cualquier proyecto de este tipo tiene que tener un fuerte componente de incremento a las ayudas sociales para los sectores más pobres.
Pero éste no debería ser el único objetivo. La investigación y desarrollo, cuyas cifras son realmente pobres (del orden del 0.5% del pbi) en la actualidad es otro ejemplo de posible objetivo.