El problema sigue estando ahí. Unas derechas muy ultras a las que se les llena la boca de con la palabra “democracia” cuando no tienen el poder, porque consideran que la democracia son ellos. Intentan derribar al Gobierno de España con una campaña de deslegitimación continua, plagada de bulos y bárbaros ataques

La izquierda no acaba de apostar de manera decidida por la educación pública y por la reducción progresiva de la concertada, empezando por retirar la financiación a aquellos centros que adoctrinan en el nacionalcatolicismo y segregan por sexo.

Más allá de la propaganda que se quiera hacer, los colegios segregadores son mediocres, aunque sean centros de élite que seleccionan al alumnado y lideran la tasa de exclusión. En el ranking de 650 colegios de la Comunidad de Madrid, la gran mayoría se sitúa por debajo de la media.

La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE.

¿A qué esperamos en España para organizar una potente movilización pacifista? No es posible que haya desaparecido todo el espíritu pacifista y antiOTAN. ¿No hay intelectuales que levanten la voz y se posicionen por la paz?

Yo suelo decir mucho que el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a su infancia, a las personas mayores y a los enfermos. No es para menos.

Actúa como una liberticida desmantelando la educación pública: no construye los centros públicos demandados, deja sin plaza pública de FP a decenas de miles de alumnos, cierra el ciclo 3-6 años en sus escuelas infantiles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid desmantela el sistema público y pone una alfombra roja a los fondos buitre que están aterrizando en el negocio de la educación y de la Formación Profesional, muchas veces bajo la fórmula de chiringuitos de baja calidad formativa.

A una de las personas más reconocibles en defensa de la Sanidad Pública madrileña, que lleva diez años comprometida contra la privatización de la sanidad, se le abre un expediente sancionador que conlleva la suspensión de empleo y sueldo por 10 meses por una supuesta irregularidad.