Luego de terminado la discusión por la Ley Bases, se debatirá en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley presentado por el exministro de Educación del macrismo y actual diputado PRO, Alejandro Finocchiaro que, con su bloque, más la UCR, LLA, Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal y Coalición Cívica obtuvo el dictamen favorable en la comisión de Educación.

No hay dudas que para estos modelos de país la educación no es importante más que en los discursos de la dirigencia que administra los asuntos públicos.

Los movimientos sociales ganaron las calles a principios de esta semana, con sus reclamos a las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno, decidido no sólo a sostener sino expandir la pobreza, la indigencia y los umbrales de la muerte para amplificar la concentración de la riqueza.

El diputado libertario por la provincia de Buenos Aires, Alberto Benegas Lynch manifestó, en un programa radial, que no está de acuerdo con la obligatoriedad escolar y sí con el trabajo infantil.

En otra de las indecorosas apariciones del lenguaraz presidencial se informó sobre el plan sistemático de persecución penal que se implementará sobre la docencia.

Sin sorpresas por las obtusas declaraciones tanto del señor presidente como las de hace casi un mes de su diputada Lilia Lemoine, redoblan la apuesta de la ignorancia en cuantas oportunidades tienen.

Otra vez aparece el tema del lenguaje inclusivo, porque al señor presidente se le ocurrió prohibirlo en el ámbito de la administración nacional.

El discurso del señor presidente, abriendo el año lectivo en el Colegio Cardenal Copello, dejó marcas muy claras, de quién es, de la reafirmación de su proyecto político y de cómo, desde una clase magistral, se adoctrina al alumnado.

A Milei nada lo obliga a pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la amenaza a las provincias es más bien una sentencia, las políticas que el ejecutivo no pudo lograr mediante la ley ómnibus, las va a conseguir en tanto el DNU 70/2023 tenga vigencia.

El juez federal, Sebastián Casanello, en su resolución, con espíritu docente, enmarca la advertencia sobre el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” fundado en los desconocimientos de las leyes y de la división de poderes.