En un momento histórico altamente complejo para la humanidad y cruzado por diversas crisis globales, la recuperación del proyecto emancipador bolivariano de integración y unidad de América Latina y el Caribe, iniciado a inicios de siglo, se hace prioritario, necesario e imprescindible y el gobierno boliviano tiene una alta responsabilidad de retomar un papel protagónico con iniciativas que se orienten a la acción coordinada con los gobiernos de Argentina, Venezuela, México, Nicaragua, Cuba y otros que forman parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Cuando se cumplen cien días del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Bolivia presidido por Luis Arce y David Choquehuanca, otra vez la articulación de medios de comunicación de la oligarquía empresarial, compuesto por Agencias de Noticias, Canales de Televisión y Radioemisoras, coadyuvada por las redes de internet, está desarrollando una campaña de conspiración mediática que, junto a la oposición conservadora neoliberal, pretenden debilitar y condicionar las políticas gubernamentales relacionadas especialmente a superar las crisis sanitaria y económica e impedir acciones estratégicas que profundicen el proceso nacional-popular.

En el contexto de la crisis económica y sanitaria al gobierno boliviano del MAS, encabezado por Luis Arce y David Choquehuanca que asumió el pasado 8 de noviembre, se le presenta el desafío de profundizar el proceso nacionalista y antiimperialista de los años 2006-2019 frenado y golpeado durante un año por el Golpe de Estado, en un panorama incierto respecto a la puesta en vigencia plena de la Agenda Patriótica 2025 establecida durante el último gobierno de Evo Morales Ayma y en un momento de crisis en el des-orden internacional.

El proceso democrático y de liberación nacional en Bolivia ha dado, en los últimos cuatro meses, grandes saltos y avances con las movilizaciones populares de agosto, las elecciones de octubre y la asunción de Luis Arce y David Choquehuanca a los cargos más altos del Estado en noviembre, en condiciones de grave crisis económica, sanitaria e institucional y con desafíos de envergadura para conseguir revertir la herencia dejada por el gobierno de facto que en doce meses dejó al país en ruinas.

¿Por qué la amplia divulgación mediática de discursos políticos, comentarios de radio y televisión, notas de prensa, análisis y opiniones en redes sociales, todos ellos procedentes de los sectores dominados por el colonialismo mental y la dependencia de intereses de las oligarquías y el imperialismo, se ensañan contra Evo Morales Ayma?

La lucha por la recuperación de la democracia en Bolivia tendrá en las elecciones del próximo domingo 18 de octubre un momento trascendental porque se pondrán en juego el destino de la patria, la dignidad y la soberanía nacionales frente al proyecto geopolítico e intervencionista de Estados Unidos que ha impulsado el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y busca ahora afianzar su control en América Latina y el Caribe ante su pérdida de hegemonía en el contexto mundial debido al avance de la multipolaridad política, militar, diplomática y económica.

Si bien las condiciones sociales y políticas en Bolivia no son las mismas de noviembre de 2019 para que prospere un nuevo Golpe de Estado, el terror de los sectores más conservadores y radicales de las oligarquías locales al triunfo democrático electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS), aliado a la Central Obrera Boliviana (COB) y al Pacto de Unidad (PU), en las próximas elecciones nacionales del 18 de octubre, los está impulsando a generar una situación de violencia y preparando condiciones para frenar el ascenso nacional-popular orientado a recuperar y profundizar el proceso de liberación nacional.

La importancia de las elecciones del 18 de octubre de 2020 en Bolivia es fundamental porque permitirá la recuperación del proceso democrático cortado por el Golpe de Estado de noviembre de 2019 y porque será el resultado de la lucha del pueblo boliviano de los últimos meses por evitar que se consolide un esquema de gobierno neoliberal, conservador, basado en la violencia, el racismo contra los pueblos indígenas, la discriminación y la dependencia de Estados Unidos.

El gobierno de facto de Bolivia que comenzó, en noviembre de 2019, con el respaldo abierto de Estados Unidos y Brasil, que impulsaron y avalaron el Golpe de Estado, y el apoyo menos decidido de los países miembros del Pacto de Lima, se encuentra, a diez meses de mediocre administración, aislado y sin ningún apoyo de la comunidad internacional al incumplir los acuerdos de ser “gobierno de transición” y “convocar a elecciones en mayo de 2020”.