La criminalización de la protesta social se extiende por todo el mundo.

La criminalización de la protesta social se extiende por todo el mundo. En un contexto de ofensiva del poder corporativo por traspasar las penúltimas fronteras en busca de nichos de rentabilidad, en el marco de la profundización de la crisis estructural del capitalismo, la protección de los derechos humanos queda subordinada a los intereses empresariales. Es así como avanza la destrucción de los derechos sociales y ambientales, junto con la descomposición del sistema internacional de los derechos humanos. Y las personas y organizaciones que se oponen a este estado de cosas están siendo cada vez más perseguidas.

La empresa transnacional Smurfit Kappa, líder mundial en producción de papel y cartón, lleva operando en Colombia desde hace varias décadas. En el norte del Cauca, las comunidades locales han venido denunciando los impactos de sus operaciones, que pasan por utilizar megaproyectos de monocultivo forestal con graves impactos socioecológicos. Los pueblos indígenas que habitan en esa región, particularmente los Misak, reivindican la ocupación de tierras controladas por esta multinacional como forma de recuperar su territorio y modos de vida tradicionales.

Si la “reconstrucción” del capitalismo español se articula sobre la noción de diligencia debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión, seguirán sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El Corte Inglés y Mango en Bangladesh, Inditex en Marruecos o ACS en Guatemala.

Ecologistas en Acción y de la Red Agua Pública de Madrid impulsan la Campaña «Agua del grifo, por favor»