Y en septiembre, el ministro del Interior, el radical Héctor Arancibia Laso, amenazó hasta con fusilamiento a los mineros de Lota que habían anunciado que izarían una bandera roja para el 18.

El Diario Ilustrado (y acérrimo “enemigo” de Alessandri), expresó que “junto con condenar y lamentar los sucesos nos creemos en el deber de aplaudir la actitud que, frente a ellos, asumieron S.E. el Presidente de la República y sus Secretarios de Estado (el ministro del Interior era Pedro Aguirre Cerda…).

Es decir, más allá de la conflictividad con que se llevó a efecto la elección de 1920, se demostró ya con toda claridad que, a la hora de enfrentar al movimiento obrero, Alessandri y sus partidarios oligárquicos y de clase media, tenían una misma postura represiva que el grueso de la oligarquía.

La FOCH se fue fortaleciendo a lo largo de 1919 y radicalizó sus demandas en su segundo Congreso efectuado en diciembre de 1919 al postular: “Conquistar la libertad efectiva económica y moral, política y social de la clase trabajadora (obreros y empleados de ambos sexos), aboliendo al régimen capitalista (…) que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera, que se hará cargo de la administración de la producción industrial y sus consecuencias”

Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina en 1900.

«Estamos en absoluto acuerdo con que la preservación más segura de nuestra democracia está en la limitación del sufragio. El ganado humano (sic) de los campos o de la prole venal y corrompida de las ciudades son las que vician en su raíz la generación del Poder Electoral.»

El PC ha formado parte de los últimos dos gobiernos de la “centro-izquierda” habiéndose sumado, en la práctica, a sus políticas continuistas.

Incluso, en estos días ¡se ha ignorado completamente el centenario de la mayor masacre (junto con la de Iquique) de hombres, mujeres y niños de nuestra historia! La cometida a comienzos de junio de 1925 en varias oficinas salitreras de Tarapacá

Punto Final recurrió posteriormente a la Corte Suprema, la que el 22 de abril de 2010 -si bien rechazó su recurso- admitió “la legitimidad de la demanda, cuya solución -dijo- requiere de una ley que favorezca una mayor diversidad informativa. Desde luego ni los gobiernos ni los legisladores se han dignado impulsar una ley de esta naturaleza”

Dada las dimensiones de estas matanzas, es casi increíble cómo hasta hoy han podido ser tan desconocidas. Por cierto, a ello contribuyeron muchos actores relevantes del período que en sus escritos y autobiografías las silenciaron completamente.