La aceleración impuesta por las autoridades a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) ha sido fuertemente criticada por amplios sectores de la sociedad hondureña. Las protestas se han multiplicado en todo el país y cada día hay organizaciones de diferentes ramas que se suman al rechazo de las ‘ciudades modelo’ (charter cities).

Es una sentencia histórica la que este lunes dio a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el asesinato de Vicky Hernández, mujer trans de 26 años y activista del Colectivo Unidad Color Rosa, ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras en el país se fraguaba un sangriento golpe de estado.

Hace 12 años, un golpe de estado cívico-militar derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya y dio inicio a una de las crisis más profundas de la historia reciente de Honduras.

Durante una conferencia de prensa organizada en la sede de Cofadeh, la doctora Ligia Ramos, una de las caras más visibles de las grandes protestas de 2019 contra la intentona privatizadora de salud y educación, denunció amenazas de muerte y comunicó que ya se encuentra fuera del país para salvaguardar su vida y la de su familia.

Una crisis coyuntural y un solo objetivo: enterrar cualquier proyecto político de izquierda.

En víspera del inicio de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido (24-30 de mayo), familiares de la joven Keyla Martínez, asesinada en una celda policial en Honduras, decidieron solicitar refugio en Costa Rica, luego de haber sido víctimas de persecución y amenazas de muerte.

El 6 de abril inició en Honduras el juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser coautor del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. A pesar de la estrategia dilatoria aplicada sistemáticamente por la defensa, la familia de Berta, el Copinh y el equipo legal no dudan de que habrá justicia y que será integral.

Diez meses después de la desaparición forzada de los jóvenes garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, no sólo el Estado no ha mostrado avances en la búsqueda de los activistas, sino que se ha empeñado en vetar la participación de la comunidad y de aliados internacionales en el proceso de investigación.