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Durante una conferencia de prensa organizada en la sede de Cofadeh, la doctora Ligia Ramos, una de las caras más visibles de las grandes protestas de 2019 contra la intentona privatizadora de salud y educación, denunció amenazas de muerte y comunicó que ya se encuentra fuera del país para salvaguardar su vida y la de su familia.
Una crisis coyuntural y un solo objetivo: enterrar cualquier proyecto político de izquierda.
En víspera del inicio de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido (24-30 de mayo), familiares de la joven Keyla Martínez, asesinada en una celda policial en Honduras, decidieron solicitar refugio en Costa Rica, luego de haber sido víctimas de persecución y amenazas de muerte.
El 6 de abril inició en Honduras el juicio contra Roberto David Castillo, acusado de ser coautor del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. A pesar de la estrategia dilatoria aplicada sistemáticamente por la defensa, la familia de Berta, el Copinh y el equipo legal no dudan de que habrá justicia y que será integral.
Diez meses después de la desaparición forzada de los jóvenes garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, no sólo el Estado no ha mostrado avances en la búsqueda de los activistas, sino que se ha empeñado en vetar la participación de la comunidad y de aliados internacionales en el proceso de investigación.
Destituidos magistrados y fiscal general, y va por más.
La Red contra la Violencia Antisindical presentó su quinto informe 2020 “Nuestros derechos no están en cuarentena”. A pesar del contexto de encierro y restricción de ciertos derechos constitucionales por la pandemia de Covid-19, las trabajadoras y trabajadores hondureños siguen sufriendo una creciente violencia antisindical.
El pasado 7 de abril, la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura (CNFA) de Costa Rica presentó al gobierno central una solicitud de prohibición del Fipronil, un insecticida altamente tóxico en especial para abejas, peces y aves.
Cada año, cientos de trabajadores agrícolas nicaragüenses cruzan la frontera con Costa Rica para buscar empleo en las diferentes plantaciones agroindustriales del vecino país. En la mayoría de los casos, los niveles de explotación y las condiciones de vida son execrables.
Este martes, 61 meses después del crimen, Roberto David Castillo Mejía se sentó en el banquillo, acusado de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres.