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El pasado 7 de abril, la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura (CNFA) de Costa Rica presentó al gobierno central una solicitud de prohibición del Fipronil, un insecticida altamente tóxico en especial para abejas, peces y aves.
Cada año, cientos de trabajadores agrícolas nicaragüenses cruzan la frontera con Costa Rica para buscar empleo en las diferentes plantaciones agroindustriales del vecino país. En la mayoría de los casos, los niveles de explotación y las condiciones de vida son execrables.
Este martes, 61 meses después del crimen, Roberto David Castillo Mejía se sentó en el banquillo, acusado de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres.
Un juez de la Corte Federal de Manhattan, Nueva York, dictó este martes cadena perpetua, más 30 años, para Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. El ex diputado fue hallado culpable en octubre de 2019 de varios cargos relacionados con el narcotráfico.
El 6 de abril iniciará en Honduras el juicio oral y público contra David Castillo, acusado de ser coautor del asesinato de la luchadora social Berta Cáceres.
En Honduras no para la ofensiva contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes. La última víctima es Juan Carlos Cerros Escalante, dirigente indígena Lenca y ambientalista.
Fracasa negociación tras el despido de cientos de cortadores. El drama de los migrantes nicaragüenses en las plantaciones costarricenses.
Los gobiernos neoliberales (Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños) que se alternaron al poder entre 1990 y 2006 dejaron al país en un estado de miseria, postración y crisis absoluta.
Este 18 de marzo se cumplieron dos años del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz, quien fue ultimado de varios disparos en medio del recrudecimiento de la violencia contra los pueblos Teribe (Brörán) y Bribri, que luchan por la recuperación de sus territorios ancestrales.
El 3 de marzo, Marianela y Jenifer Mejía Solorzano, defensoras del territorio garífuna y miembros de la Ofraneh, fueron detenidas y puestas bajo resguardo policial por los supuestos delitos de usurpación de tierra, daños y amenazas. Cuatro días después, el juez dictó auto formal de procesamiento y otorgó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.