En ocasión de la visita a Costa Rica de Francisco Cali Tzay, relator especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, varias organizaciones realizaron un foro donde señalaron la grave situación que viven los pueblos originarios en este país centroamericano.

Durante años, Fyffes/Sumitomo (Sol Group Marketing) y sus empresas subsidiarias productoras de melones en el sur de Honduras han venido violentando las leyes nacionales y convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva. Pese a las múltiples promesas, la transnacional frutera sigue arrasando derechos.

En Honduras está a punto de finalizar el escrutinio de votos de las elecciones generales que decretaron el triunfo de la opositora Xiomara Castro. Temores por un posible fraude en el nivel de diputados. El máximo órgano electoral volverá a contar los votos del 14 por ciento de las actas.

Entre los recuerdos del golpe de 2009 quedan indelebles las imágenes del asalto de militares y policías a la sede central del Instituto Nacional Agrario (INA), donde trabajadoras y trabajadores de la institución y decenas de campesinos se habían atrincherados, para defender la documentación de la reforma agraria que garantizaba sus derechos sobre la tierra.

Votación masiva y triunfo arrollador de Xiomara Castro y la coalición opositora. Reconciliación no equivale a impunidad.

Con más del 50% de actas escrutadas, Xiomara Castro, candidata de la alianza opositora liderada por el Partido Libre, mantiene una ventaja irreversible de 20 puntos (53.61%) sobre el candidato oficialista Nasry ‘Tito’ Asfura (33.87%).

Honduras en la encrucijada más importante de su historia reciente.

El golpe de estado de 2009 en Honduras no sólo quebrantó la institucionalidad y afianzó la oligarquía y los grupos de poder, sino que permitió a los gobiernos continuadores del golpe profundizar el modelo neoliberal extractivista, incentivando el saqueo de territorios y bienes comunes y desregularizando, cada vez más, el mercado laboral.

Este 28 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Trujillo declaró sin lugar la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, planteada por el equipo legal de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, que tienen más de dos años guardando prisión de manera injusta, ilegal y arbitraria, acusados de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.

A partir del 24 de octubre, en el municipio nororiental de El Estor, Izabal, rige el estado de sitio por un plazo de 30 días. La medida, aprobada por el gobierno y ratificada por el Congreso, limitará la libertad de acción y movilización, el derecho de reunión y manifestación y permitirá las detenciones sin orden judicial.