El golpe de estado de 2009 en Honduras no sólo quebrantó la institucionalidad y afianzó la oligarquía y los grupos de poder, sino que permitió a los gobiernos continuadores del golpe profundizar el modelo neoliberal extractivista, incentivando el saqueo de territorios y bienes comunes y desregularizando, cada vez más, el mercado laboral.

Este 28 de octubre, el Tribunal de Sentencia de Trujillo declaró sin lugar la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, planteada por el equipo legal de los ocho defensores del agua y la vida de Guapinol, que tienen más de dos años guardando prisión de manera injusta, ilegal y arbitraria, acusados de los delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad.

A partir del 24 de octubre, en el municipio nororiental de El Estor, Izabal, rige el estado de sitio por un plazo de 30 días. La medida, aprobada por el gobierno y ratificada por el Congreso, limitará la libertad de acción y movilización, el derecho de reunión y manifestación y permitirá las detenciones sin orden judicial.

Estigmatización, criminalización, judicialización y asesinato de personas defensoras hacen de Honduras uno de los países más letales para quienes defienden tierra y bienes comunes.

El 17 de septiembre, los presos políticos Edwin Espinal y Raúl Álvarez fueron absueltos de todos los delitos que se les imputaban y fue ordenada su puesta en libertad.

La comunidad LGBTI en Honduras está nuevamente de luto tras el asesinato de Tatiana Martínez García, mujer trans de 32 años y activista en la promoción y protección de derechos humanos, incluyendo el acompañamiento y asesoría a personas LGBTI para la denuncia de los delitos de los cuales eran víctimas.

Bukele manda en retiro a cientos de jueces y se asegura una nueva candidatura presidencial. Masiva protesta ciudadana.

El recién publicado informe de Global Witness «Última línea de defensa» lanza un grito de alerta: la explotación irresponsable y la codicia que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra las personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.

El gobierno de Nicaragua ordenó la conformación de dicha comisión especial para investigar a fondo la masacre y determinar si se trata de un ataque por conflicto de tierras o si está vinculado a la explotación de la mina de oro.

Las movilizaciones promovidas por la Convergencia Contra el Continuismo en varios puntos del país involucraron a miles de hondureños y hondureñas. Tres fueron las demandas: parar el avance de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), defender la soberanía nacional y exigir el respeto de los derechos humanos. Sobre esta jornada de resistencia conversamos con Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh.