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Estos días, la educación vuelve a estar en el centro de la tormenta política. En un diálogo de sordos se está debatiendo (es un decir) la llamada Ley Celaá, que es la octava ley de educación en los poco más de cuarenta años de régimen del 78. Probablemente sea aprobada por una no muy amplia mayoría en el Congreso. La Ley Wert anterior, de 2013, lo fue con los votos de un solo partido, el PP.
La situación actual, que podría calificarse de guerra abierta, entre los partidos que componen Adelante Andalucía requiere un tratamiento y análisis que no cabe en unas pocas líneas si queremos evitar simplificaciones. No obstante, se hace inaplazable hacer, al menos, unas breves consideraciones, necesarias de ampliar y profundizar en el futuro.
Aunque, en algunos casos, varias semanas después de lo usual, ha comenzado el curso en las universidades andaluzas. A los problemas tradicionales que condicionan su adecuado funcionamiento (insuficiencia de presupuesto, grave precariedad de una parte muy importante del profesorado, invasión de la lógica neoliberal, etc.) se ha sumado este año el Covid-19.
Existe un generalizado consenso en que los cuatro pilares del llamado “Estado del bienestar” son la garantía de cumplimiento para todas las personas, por parte de las administraciones públicas, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho a la jubilación y del derecho al cuidado de los más dependientes (niños pequeños, ancianos, enfermos crónicos, discapacitados…)
Hace unos días, en el Congreso de los Diputados, tuvo lugar la enésima bronca política, esta vez respecto a la convalidación o no (y fue no) del Decreto-Ley del gobierno sobre la forma de utilización de los fondos que la “ley Montoro” prohibió utilizar a los ayuntamientos salvo para el pago de deudas y que […]
¿Saben los legisladores, y en primer lugar los miembros de este Gobierno, de qué están hablando cuando se refieren a pobreza extrema y a exclusión social?
En 1993 Manuel Chaves impulsó un acuerdo tripartito entre la Junta de Andalucía, la gran patronal andaluza y los sindicatos “mayoritarios” que habría de repetirse, cíclicamente, hasta siete veces más.
No son nada nuevo, aunque sí igualmente rechazables y aún más descaradas, acciones como las actuales convocatorias de empleo de la Junta.
Coincidiendo con el 135 aniversario del nacimiento de Blas Infante, se ha publicado uno de sus libros menos conocidos y, sin embargo, más importantes: «La Sociedad de las Naciones».
Hoy, cuando se derrumba la supuesta dicotomía entre seres humanos y naturaleza, ¿es razonable definir la tauromaquia como un bien cultural?