La antropóloga e integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena analiza las operaciones mediáticas que tienen como objetivo estigmatizar al Pueblo Mapuche, la búsqueda de la derecha de asociarlo al “terrorismo” y el uso de esa construcción de “enemigo” con fines electorales y políticas a favor de los grupos de poder.

La provincia cuenta con una ley de promoción que aún no fue reglamentada. Pese a la falta de apoyo estatal, las familias productoras pampeanas avanzan en la transición a un modelo amigable con la salud, con el ambiente y con lógicas organizativas más horizontales. “Es posible y necesaria la transformación, porque es mejor para la salud, la producción y la economía», sostienen.

En Río Negro, Neuquén y Chubut se repiten hechos de violencia contra comunidades originarias. En Cuesta del Ternero (zona de El Bolsón), el Lof Quemquemtrew sufrió un bloqueo policial que impide el acceso a alimentos y abrigo. El rol del Poder Judicial, que incumple los derechos indígenas, y el avance petrolero y empresarios del agro. La cuestión de fondo: el territorio.

De la mano de la agroecología y de los cuestionamientos al uso de agrotóxicos, crece la utilización de bioinsumos, productos en base a microorganismos naturales utilizados para enriquecer los suelos y las producciones del agro. Ya existen desde “biofábricas” hasta cámaras empresarias del sector. El debate sobre la regulación. La disputa entre el conocimiento colectivo y popular, y los peligros de la apropiación del saber para solo buscar rentabilidad.

Ante la permanente suba de los precios de los alimentos, el Presidente Alberto Fernández señaló la responsabilidad del agronegocio. Fecofe y MNCI Somos Tierra plantean distintas miradas sobre las retenciones, proponen políticas impositivas, apuntan al rol de los supermercados y grandes empresas y remarcan la necesidad de priorizar a los pequeños productores.

Basureros con residuos tóxicos, incendios, accidentes petroleros y sismos configuran un peligro para la salud de la población. Desde el Estado continúa la apuesta por el desarrollo hidrocarburífero más grande del país, a pesar de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.