La atención mediática, política y judicial uruguaya estuvo centrada en el líder del novel partido de ultraderecha Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Es investigado por el fiscal Rodrigo Morosoli que pidió el desafuero del senador a la jueza Graciela Vargas por haber ocultado información sobre confesiones de delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura, en Tribunales de Honor de la justicia militar.

Las elecciones municipales en Uruguay, que eligen las máximas autoridades de los 19 departamentos (Intendentes y Juntas departamentales), se realizarán el 27 de setiembre.

En vísperas del Día Internacional del Detenido Desaparecido, Uruguay vive días convulsos con respecto al pasado reciente, específicamente de la dictadura cívico-militar de 1973 al 1985, en un contexto donde se está discutiendo el presupuesto nacional del quinquenio que proyecta recortes y ajustes en varias áreas, entre ellas la educación y la salud.

Fragmento de la investigación titulada “La oligarquía uruguaya. Radiografía de las familias dueñas del país”.

El partido de ultraderecha Cabildo Abierto pretende a toda costa amnistiar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya, con distintas herramientas pero con un mismo objetivo: consolidar un relato justificador de la dictadura y de impunidad.

“Se terminó el recreo”, lanzó en uno de sus actos de campaña en 2019 el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto y excomandante de las Fuerzas Armadas.

Desde el primero de marzo en Uruguay gobierna una coalición de partidos de la derecha y la extrema derecha. El partido líder dentro de la coalición es el Partido Nacional, los blancos como se les dice aquí y que en los últimos cien años han ganado las elecciones tres veces y cada treinta años.