La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer pidió colocar en forma de garantía activos soberanos incluyendo propiedades públicas, embajadas, bases militares y reservas de bancos a los países de América latina y del Caribe compradores de su vacuna. Esto, como “resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos (léase muerte o discapacidad) tras la aplicación de las dosis”.