Dice la Constitución en su art. 117 que “la Justicia emana del pueblo”, pero en el caso de los hechos criminales ocurridos durante Sanfermines de 1978, esa pomposa afirmación no es sino una frase hueca. Las distintas resoluciones judiciales dictadas al efecto durante estos años, no solo no tienen nada que ver con el relato y el sentimiento existente en gran parte de la población de Pamplona-Iruñea en relación con aquellos sucesos, sino que caminan en sentido opuesto.

Como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, afirmamos la importancia de que los pueblos ejerzan su legítimo derecho a disentir, a través de manifestaciones y protestas.

Estamos indignados ante el tratamiento irresponsable, mercantil e inhumano dado por el Gobierno de Lenin Moreno al manejo de la pandemia: prefirió pagar la deuda externa y sacrificar la vida de los ecuatorianos antes que atender la salud, asistencia y protección, particularmente de los más pobres y vulnerables.

Demandamos que los reclamos que hoy hace el pueblo norteamericano en las calles de sus principales ciudades sean atendidos mediante respuestas efectivas que pongan punto final a la disparidad racial, económica y judicial y se establezcan bases firmes para la superación de las falsas premisas raciales que hoy prevalecen.