Desde hace 15 años Máximo sale muy de madruga de su casa ubicada en uno de los barrios de San Juan de Lurigancho, y luego de desayunar en las afueras de la fábrica ingresa a la misma para marcar su tarjeta antes de las 7.00 am. El miércoles 5 de junio parecía un día más […]
Desde hace 15 años Máximo sale muy de madruga de su casa ubicada en uno de los barrios de San Juan de Lurigancho, y luego de desayunar en las afueras de la fábrica ingresa a la misma para marcar su tarjeta antes de las 7.00 am. El miércoles 5 de junio parecía un día más de este trajín diario en su vida, cuando, junto a sus compañeros de turno que debían ingresar a la fábrica con él, encontraron la puerta cerrada y sin aviso. Fueron entonces a la Comisaria para que se realice una constatación policial, y ahí les dijeron: «no hay luz» porque el gerente ordenó «bajar la palanca» del suministro eléctrico. Por la tarde, con el otro turno hicieron el mismo periplo. Esta vez divisaron un papel pegado en la puerta con los nombres de 190 trabajadores. Así se enteraría, él y sus compañeros, que habían sido despedidos.
Máximo Gutiérrez es secretario general de su sindicato y un reconocido líder del gremio textil, por lo que su vasta experiencia le indica que debe actuar. Pone manos a la obra y allí mismo, en la calle, organiza a sus compañeros. Mientras consulta con su abogado y se apresta a recorrer los pasillos del Ministerio, se moviliza con sus compañeros por los alrededores de la fábrica, pone en pie una Olla Común, el tercer día se concentran en el frontis del Ministerio de Trabajo y en horas de la tarde se desplaza con un grupo hasta el otro extremo de la ciudad, al puerto del Callao, para juntarse con los obreros de Cogorno que realizan otro plantón contra el cese colectivo en su empresa. Máximo aún no sabe a qué se enfrenta, porque estos procesos siempre se saben cuándo se inician pero no se sabe cuándo acaban. Lo único que sabe que es que tendrá que apelar a todas sus fuerzas y a su experiencia para encarar este nuevo y difícil desafío.
El «milagro» de la fortuna de los Abusada
Hialpesa es el prototipo de empresas fabriles es las que pareciera que el mismo demonio es el que gobierna. Fue fundada en los años 80 por Roberto Abusada Salah, que fue viceministro de Fujimori y ha ostentado –y ostenta– el aura de ser uno de los ideólogos del modelo económico neoliberal que se aplica y que se nos presenta como la panacea que nos llevará al progreso. No es necesario que debatamos la validez o no de sus postulados, basta ver la realidad de los obreros de Hialpesa para saber lo que eso significa. Su hijo, Jaime Abusada Salah, que muestra una vida licenciosa exhibiéndose de vacaciones con la congresista Luciana León, funge de actual gerente de la empresa. Es el que dijo: «¡Bajen la palanca!».
Gracias al modelo que defiende el padre y que ejecuta el hijo, Hialpesa se expandió en pocos años. Adquirió manzanas y manzanas en las Lomas de Zárate, donde instaló fábricas de hilandería, tejeduría y confecciones, llegando a emplear a más de 5 mil obreros. Construyó otra planta en Mala, y, como hay mucha plata, se fue hasta Nicaragua donde instaló otra fábrica. ¿Milagro? No. «Todo eso es gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo de todos los días y de todos los años, y de derechos burlados», dice Máximo.
Máximo perciben un salario apenas superior a los mil soles, cuando en Lima la canasta básica familiar (que parece un sueño inalcanzable para cualquier obrero), se aproxima al triple de ese monto. ¿Cómo haces?, preguntamos. «Hacemos magia», dice. En realidad sobrevive como sus compañeros, y eso que debe trabajar hasta 12 hrs. diarias para completar el salario. Y ni hablar de la situación de los contratados que son la absoluta mayoría.
Los verdaderos motivos de la empresa
La dictadura militar de los años 70 estableció el régimen laboral llamado de «exportaciones» y que todos los gobiernos se han cuidado en preservado desde entonces como garantes de las ganancias patronales. Así, los obreros se pasan la vida entera firmando contratos de 2 y tres meses. Máximo era uno de ellos. Fue en 2008 cuando decidió afiliarse al sindicato y junto a otros de sus compañeros hizo una demanda por desnaturalización de contrato, y logró ganar su derecho a la estabilidad. Aun hoy hay muchos otros trabajadores que tienen pendiente la misma demanda, y la de un grupo 40 está en camino. El régimen de contratación desincentiva la afiliación sindical, y sin sindicato resulta imposible defender los derechos. Aun así, de 2,300 que trabajan hoy en la empresa al menos 151 son afiliados y pueden, al menos, llevar adelante las demandas por sus derechos que son burlados.
En 1997 la empresa hizo firmar un Convenio Colectivo para que los contratados que ingresaban a trabajar desde esa fecha cobraran 15 soles menos de salario. Con el tiempo estos trabajadores también hicieron una demanda y ganaron. Asimismo, por asignación familiar la empresa paga 13.50 por hijo y 13.70 por esposa, cuando la ley establece que no debe ser menos del 10% del salario mínimo, lo que hoy representa 93 soles. Ante esto, el sindicato inició otra demanda que ha sido favorable y que se encuentra en última instancia, con lo que la empresa está obligada a reintegrarle adeudos por 18 y hasta 20 años.
La empresa, por supuesto, ha intentado bloquear estos reclamos con una serie de argucias. «En el último pliego aceptó reconocer desde enero en adelante el pago de 93 soles de asignación familiar, pero al precio de que renunciemos al pago de los devengados, lo que no aceptamos», dice el dirigente. «Por este motivo se ha desencadenado la situación actual: quieren matar al sindicato para que no reclamemos, y para reemplazarnos con trabajadores jóvenes y sin derechos», reitera.
¿Cómo se presentó esta figura? «El 9 de abril la empresa nos cita para comunicarnos que pensaba tramitar ante la autoridad de Trabajo una solicitud de cese colectivo en base a las facultades que le otorga la ley 728 de Competitividad y Productividad Empresarial. Ahí consideraban el despido de 93 trabajadores, entre ellos de 11 afiliados y 2 dirigentes. Entonces pedimos que se nos entregara información respectiva. La empresa nos hizo entrega de este informe el 25 de mayo. Pero esta vez con una lista de 190 trabajadores».
Sigue Máximo: «El 4 de junio la empresa nos convoca para «dialogar». En este diálogo nos propone reubicar a los dirigentes dizque por «respeto a la libertad sindical», pero con media jornada y medio salario, lo que, por supuesto, no aceptamos. En la misma acta la empresa nos puso un plazo para aceptar su propuesta. Con los no afiliados se reunió hasta cuatro veces y le dieron como plazo hasta las 4 de la tarde de ese mismo día: pero para ellos se trataba que aceptaran una renuncia por mutuo disenso, a cambio del pago de medio sueldo por año de servicio cuando la ley fija el pago de sueldo y medio por cada año en caso de despido arbitrario. El día 5 bajaron la palanca y nos dejaron en la calle.»
«No estamos pues ante un cese por «motivos económicos o reestructuración», como se pretexta. Estamos ante una descarada maniobra para matar al sindicato e impedir que hagamos respetar los mínimos derechos que nos pertenecen. Así nos pagan, después de haber dedicado nuestra vida productiva entera a esta empresa. No dan ni las gracias: simplemente apagan la luz y nos dejan en la calle.» Los afectados en promedio tienen entre 15 y 20 años de servicios, pero hay varios que vienen desde la fundación de la misma empresa y a punto de jubilarse.
Solidaridad
¿Y cómo hace la empresa para cubrir su producción? Simple: terceriza, llevando la producción a talleres informales donde se trabaja a destajo y en condiciones más que infrahumanas. Un acto que, incluso desde el punto de vista del DL 22342, es improcedente porque los pedidos que debe atender hasta el mes de agosto los debe cubrir con los actuales trabajadores.
Además de organizar y movilizar a sus compañeros Máximo hace esfuerzos por unirse a otras bases como Cogorno, afectadas por la misma medida, para coordinar acciones que conduzcan a la derrota de estos intentos que amenazan con extenderse a otras empresas. Al mismo tiempo impulsa la aprobación de una norma por el Congreso para que modifique el DL 728 que faculta estos abusos. El hecho ha despertado la indignación de los trabajadores que en varias fábricas que se organizan para llevar solidaridad a Hialpesa, como el Sindicato de Celima que ha iniciado una colecta en puerta de fábrica para llevar apoyo a la olla Común.
Moraleja: cuando veas apagar la luz de tu trabajo, puedes estar despedido.
Freddy Salazar, de la redacción de Red Obrera
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