Durante los primeros años del siglo XXI, la ascensión de presidentes nacionalistas y progresistas en América del Sur ha generado, entre otras importantes acciones, la contestación de los tradicionales mecanismos de financiamiento de los países subdesarrollados. Se nota que el otorgamiento de préstamos por parte de las instituciones financieras internacionales, controladas por los países centrales, […]
Durante los primeros años del siglo XXI, la ascensión de presidentes nacionalistas y progresistas en América del Sur ha generado, entre otras importantes acciones, la contestación de los tradicionales mecanismos de financiamiento de los países subdesarrollados. Se nota que el otorgamiento de préstamos por parte de las instituciones financieras internacionales, controladas por los países centrales, ha estado históricamente asociado a la adopción de políticas liberalizantes que delimitan el desarrollo periférico.
Actualmente parece haber una interpretación general de que la integración financiera dependerá mucho más de la planificación, la racionalidad y los estímulos de los Estados Nacionales y sus organismos de crédito que de la iniciativa de empresas o del mercado. Por lo tanto, en ese nuevo escenario, el objetivo de los países sudamericanos sería adoptar políticas públicas y crear alternativas financieras, que sirvan como instrumentos de apoyo efectivo frente a su crónico problema de necesidad de divisas para cerrar las cuentas de la Balanza de Pagos.
En ese sentido, se hizo necesario fortalecer las recientes iniciativas de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Entendemos que la mayoría de los gobiernos, decididos a profundizar el desarrollo económico y social, la distribución de renta y la integración regional, deben aprovechar el momento de crisis internacional para crear y fortalecer las fuentes propias de financiamiento y las líneas de cooperación macroeconómica fuera del ámbito estrictamente liberal. Las acciones pueden avanzar sobretodo en dos orientaciones: 1) instrumentos facilitadores del comercio intra-regional y de apoyo financiero a los países que enfrentan problemas de liquidez o restricción externa y 2) mecanismos de financiamiento del desarrollo económico y social, como grandes proyectos industriales y de infraestructura para la integración.
En el primer caso están las cámaras de compensación, uniones de pagos, acuerdos de crédito recíproco y fondos de reservas conjuntas. Desde los años sesenta y setenta, han sido operadas en Sudamérica dos grandes iniciativas en ese sentido: el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (CCR) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Desde 2008, Brasil y Argentina han impulsado el Sistema de Monedas Locales (SML), en el marco del MERCOSUR, y, en 2010, los países miembros del ALBA adoptaron el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
En el segundo caso están los instrumentos de financiamiento del desarrollo, como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) y el Banco del Sur. Hoy día, el principal mecanismo regional para eso es la CAF. Ese rol ocurre pese a los supuestos criterios netamente técnicos asumidos por la institución y pese a la participación extra-regional en su mando, incluso con la creciente presencia china. El Fonplata es muy limitado en recursos y abarca solamente el Cono Sur. En los últimos años, otra institución que amplió su rol en esa área fue el BNDES, mecanismo del estado brasileño. La institución está financiando más de US$ 16 mil millones para proyectos de infraestructura en la región.
La propuesta de crear ese banco fue presentada en 2004, por el presidente venezolano Hugo Chávez, en el marco de la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA). Conforme hemos comentado, la idea de constituir esa institución surgió en un contexto de cambios en la coyuntura política regional, de busca de mayor soberanía económica. La nueva visión política sudamericana interpretó que la región debería contar con financiamientos propios y romper los vínculos con mecanismos perpetuadotes del endeudamiento y el subdesarrollo. El escenario internacional de mayor disponibilidad de recursos, distinto a los años ochenta, ha permitido que los países asumieran posturas más alejadas de las instituciones financieras multinacionales. Incluso se realizarán los pagos adelantados de deudas, como en los casos de Brasil y Argentina (en 2005), Uruguay (en 2006) y Venezuela (en 2007).
Uno de los principales argumentos favorables a la creación del Banco del Sur sostiene que gran parcela de las reservas internacionales de los países sudamericanos está depositada en bancos europeos o de Estados Unidos. Por lo tanto, una de las propuestas es que la nueva institución concentre por lo menos una parte significativa de esos recursos para desarrollar Sudamérica. La idea original era que funcionase como un «prestador de última instancia», como si fuera un Fondo Monetario Internacional (FMI) sudamericano o como un FLAR más fortalecido. Sin embargo, en 2007, los presidentes de Argentina y Venezuela se unieron con el propósito de constituir la nueva institución como promotor del desarrollo, orientado hacia el financiamiento de sectores estratégicos, el avance científico-tecnológico y el combate a la pobreza. En seguida, Bolivia, Ecuador y Paraguay se incorporaron al grupo. Después llegó Brasil y, por fin, Uruguay.
Solamente en septiembre de 2009, cinco años después de su presentación como idea, fue firmado el Convenio Constitutivo del Banco del Sur. Una de sus determinaciones es que la institución tenga un capital subscrito de US$ 10 mil millones y un capital global autorizado de US$ 20 mil millones, ofrecidos de forma proporcional por sus países miembros. Frente a la gran magnitud de los proyectos, el monto parece muy limitado. Los aportes serían los siguientes: Brasil, Argentina y Venezuela, las tres mayores economías, depositarán US$ 2 mil millones cada una; Ecuador y Uruguay, US$ 400 millones; Bolivia y Paraguay, US$ 100 millones. Ese grupo contribuiría con US$ 7 mil millones mientras los demás US$ 3 mil millones serían obtenidos a través de contribuciones de US$ 970 millones de Chile, Colombia y Perú; y US$ 45 millones de Guyana y Surinam. Aunque Chile, Colombia y Perú sean nombrados, hasta el presente momento se destaca la ausencia de los tres países.
El banco, que todavía no entró en operación, tendrá sede en Caracas y sucursales en Buenos Aires y La Paz. La expectativa es que actúe en dos frentes: estimulo a la destrucción de las asimetrías entre los países miembros y financiamiento de proyectos nacionales y regionales de desarrollo, con énfasis en la concesión de créditos para cooperativas y pequeñas y medianas empresas. Es decir, su radio de acción está más orientado hacia una suerte de BID sudamericano, entre comillas. Así, aún estaría por definirse qué institución regional ejercería el papel de FMI regional, necesariamente sin las inconvenientes exigencias y contrapartidas contrarias a la soberanía y al desarrollo. Recientemente, Brasil y Argentina, que todavía no están en el FLAR, manifestaron su intención de ingresar al fondo, ampliando su rol y capacidad de acción.
Además de las buenas perspectivas, existen algunas importantes dudas acerca del funcionamiento del Banco del Sur. Está presente, por ejemplo, la preocupación sobre los poderes de voto y de veto dentro de la institución. Es crucial no repetir los problemas de instituciones como el BID. Simultáneamente, parece fundamental que el nuevo ente financiero promueva la formación de un mercado regional de títulos de las deudas públicas. Por fin, el futuro del Banco del Sur parece especialmente asociado a dos opciones que pueden ser asumidas por Brasil. La primera sería seguir por un camino de creciente rol del BNDES como motor de una integración bajo liderazgo verde y amarillo. El otro camino, el del Banco del Sur, es considerado más equilibrado, amplio y complementar, como un proyecto común. En Caracas, durante la creación del CELAC, la presidenta Dilma Rousseff asumió el compromiso brasileño de profundizar esa segunda alternativa. El actual tiempo de crisis internacional es la hora de profundizar el efectivo proceso de integración.
La creación del banco fue fácilmente sancionada por los Congresos Nacionales de cuatro de los siete países fundadores: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. En ese momento, además de Uruguay, la iniciativa todavía requiere aprobación de los parlamentares brasileños.
*Luciano Wexell Severo es Economista y profesor visitante de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), Brasil. Doctorando en el Programa de Economía Política Internacional (PEPI) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).