Ayer hizo un año cuatro explosiones en el transporte público del centro de Londres causaron 56 muertos y 700 heridos. El Gobierno británico ha aprovechado el temor de la población para endurecer las leyes «antiterroristas», lo que ha puesto a la comunidad musulmana en el punto de mira de los excesos policiales. Un año después […]
Ayer hizo un año cuatro explosiones en el transporte público del centro de Londres causaron 56 muertos y 700 heridos. El Gobierno británico ha aprovechado el temor de la población para endurecer las leyes «antiterroristas», lo que ha puesto a la comunidad musulmana en el punto de mira de los excesos policiales.
Un año después de los atentados que sacudieron el centro de Londres, las investigaciones sobre los acontecimientos siguen sin producir los efectos deseados para los heridos y los familiares de las víctimas. Sin embargo, la continuación de estas investigaciones sirve al Gobierno laborista para no crear un tribunal público cuyas conclusiones podrían ser devastadoras para el Ejecutivo de Tony Blair.
Poco se ha avanzado, a pesar de que el responsable de la unidad «antiterrorista», Peter Clarke, afirme que se están llevando a cabo más de setenta investigaciones y que las Fuerzas de Seguridad consideran que han conseguido evitar tres o cuatro ataques en los últimos doce meses. En cualquier caso, los titulares no se los han llevado las acertadas actuaciones policiales, de las que poco o nada se sabe, sino la muerte del brasileño Jean Charles De Menezes, ejecutado por la Policía en el metro de Londres tras una serie de errores policiales, o el más reciente asalto contra la vivienda de dos hermanos musulmanes, uno de los cuales fue herido de bala, que se creía estaban fabricando armas químicas, y que, de nuevo, resultó ser un error.
En estos momentos, sesenta sospechosos de actividades relacionadas con posibles ataques se encuentran a la espera de juicio en Gran Bretaña, pero la cuestión es si existen las suficientes pruebas para considerar condenas. Quizás es por ello que la Administración Blair se decidió a introducir una nueva legislación «anti-terrorista» que, además de dotar a los tribunales y a la Policía con poderes nunca antes conocidos en Gran Bretaña, les permite recortar las libertades de los ciudadanos de forma similar a la que ha ocurrido en los Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush y previamente en el Estado español.
Inmediatamente después de los ataques del 7 de julio, los partidos británicos coincidieron en la necesidad de endurecer las leyes para prevenir «acciones preparatorias para el terrorismo», pero la presentación por parte de Tony Blair de un plan sobre el que los partidos de la oposición no habían sido consultados acabó con el consenso.
Dos de las doce propuestas del plan fueron especialmente criticadas por los Liberales Demócratas y Conservadores: la extensión del periodo de detención sin juicio de 14 a 90 días y la prohibición de la «exaltación» del terrorismo.
Blair se encontró con que la oposición a sus planes no sólo procedía de aquellos políticos que se sientan en los asientos opuestos a los de su partido en la Cámara de los Comunes. La rebelión en las filas del Laborismo ha sido sorprendente y virulenta. En noviembre, cuando la propuesta de extensión del periodo de detención iba a ser votada, el Ejecutivo de Blair tuvo que reducir el periodo de 90 días a 60 para después aceptar una enmienda que finalmente estableció el nuevo límite en 28 días. Aunque esta reducción parezca un logro de la oposición, Blair consiguió doblar el periodo de detención preventiva.
Para los conservadores, en palabras de su portavoz de Interior, David Davis, esta propuesta fue la clave para la ruptura del consenso político creado después de los sucesos del 7 de julio. «Fue Blair quien trató deliberadamente de romper el consenso. Siempre quiso mostrarnos como ‘blandos’ en temas de terrorismo», afirmó Davis a la BBC.
Asimismo, la ley de la «exaltación del terrorismo» que sus opositores describían como tan abierta a interpretaciones que podría servir para encarcelar a cualquiera por acciones como la posesión de determinadas publicaciones o la exposición de particulares ideas desató una campaña en la que se implicaron intelectuales y actores. Esta legislación fue rechazada por la Cámara de los Lores pero fue aprobada a principios de este año después de meses de discusiones.
Para los activistas de las libertades civiles, como Shami Chakrabarti, directora del grupo Liberty, la batalla no está perdida, porque a pesar de que se haya aprobado una legislación restrictiva, se ha abierto un debate sobre los derechos y las libertades «y la idea de que no es necesario decidir entre libertad y seguridad». Chakrabarti cree que es necesario crear nuevas estructuras que permitan el mantenimiento de los derechos de los individuos frente a la necesidad de más seguridad.
Quizás ello se hace más palpable en el caso de De Menezes y en el de los dos musulmanes detenidos el pasado mes en Forest Gate, o en la reciente decisión del Tribunal Supremo británico de que las «órdenes de control» impuestas a seis sospechosos violaban el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El artículo 5 de la Convención prohíbe la imposición de detención indefinida sin juicio, y aunque los seis hombres afectados por la decisión del Tribunal no se encontraban detenidos, el juez consideró que las restricciones impuestas eran excesivas. Los seis hombres habían sido obligados a abandonar sus hogares, a vivir en viviendas aprobadas por los servicios de seguridad en las que debían permanecer durante 18 horas diarias. Los seis estaban sujetos a seguimiento electrónico y sus contactos con otras personas debían ser aprobados por el Ministerio de Interior.
La severidad de la nueva legislación y las tácticas policiales está causando una creciente ruptura con la comunidad musulmana. Shahid Malik, laborista y uno de los pocos diputados musulmanes, considera que la falta de estrategias de integración e interacción es una de las causas de inseguridad y de posible ruptura en la sociedad británica. La nueva legislación, y particularmente su uso contra una comunidad en particular, la musulmana, podrían tristemente ser la clave del futuro de la sociedad británica en términos de unidad y seguridad.
Expo islam
En vísperas del primer aniversario del 7-J, la comunidad musulmana ha inaugurado la mayor celebración cultural musulmana en Londres. El festival, planeado desde 2002 y conocido como Expo Islam, recreará un zoco, recorrerá los 1.400 años de historia de la religión e incluirá una conmemoración en la que se recordará a los heridos en las bombas y a los que se ha invitado a los familiares de las víctimas mortales. –