El negacionismo de los efectos del cambio climático vociferados por Donald Trump al retirarse del Acuerdo de París, está relacionado con no reconocer que EE.UU. fue y seguirá siendo el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y con esto abandonar sus obligaciones económicas que derivaban del Acuerdo; recordar que entre los años de […]
El negacionismo de los efectos del cambio climático vociferados por Donald Trump al retirarse del Acuerdo de París, está relacionado con no reconocer que EE.UU. fue y seguirá siendo el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y con esto abandonar sus obligaciones económicas que derivaban del Acuerdo; recordar que entre los años de 1850 y 2007, según el World Resources Institute, EE.UU. generó alrededor de 28.8% de las emisiones totales. Sin embargo, los efectos climáticos no desaparecerán por negarlos; esto simplemente ha hecho que el conflicto se visibilice, teniendo ahora de manera clara dos posiciones que configuran al cambio climático como un enorme conflicto ecológico de carácter global.
Detrás de la decisión de Trump se percibe una injusticia climática que se encuentra en la relación inversamente proporcional que existe entre los afectados por los desastres climatológicos y los responsables a causa de políticas contaminantes que nos llevaron a esta situación. Paradójicamente son esos mismos países los que por su poder económico pueden quizás eludir o menguar las consecuencias de cambio climático; mientras que los menos responsables tienen mucho menos capacidad para afrontarlos.
El Perú es un buen ejemplo que demuestra esta aporía, siendo responsable de apenas el 0.4% de GEI; sin embargo es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos según el Instituto Tyndall Centre, con pérdidas de sus glaciares tropicales que en el caso de la Cordillera Central refiere el 65% en un lapso de 54 años [1] . Lo cierto es que el tiempo de las alertas y de los informes han concluido, de lo que se debería tratar a estas alturas es de buscar soluciones.
La decisión y apuesta del gobierno de EE.UU. podría ser un gran desaliento; no obstante a contracorriente los gobernadores de ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York, Washington han creado una «alianza climática» para cumplir con las metas del Acuerdo de Paris; a pesar de ello aún no está claro los impactos económicos que traerá la decisión de Trump, más aún si tomamos en cuenta que el tema de cambio climático y energías limpias eran un sector importante de la cooperación internacional del gobierno anterior de EE.UU.; el 2014 dicho gobierno prometió entregar tres mil millones de dólares al Fondo Verde del Clima, haciendo efectivo hasta final de su mandato 500 millones [2] . En la actualidad se ha anunciado un recorte del 30% para el Departamento de Estado que es el responsable de la política internacional de EE.UU.
Aún no se sabe cómo afectará esa reducción de fondos al Perú; pero paradójicamente hace un par de meses sufrimos los efectos del denominado Niño Costero que según datos INDECI-COEN ocasionaron la muerte de 136 peruanos, con casi dos millones de damnificados, más de 3,843 kilómetros de vías destruidas y dichas perdidas le costará al Perú alrededor de 1.6% de su PBI. Estos desastres dejaron en evidencia lo poco preparados que estamos para afrontar cambios climatológicos que cada vez aumentaran de frecuencia. Esto se traduce en nuestra débil institucionalidad; sin instrumentos de gestión que incorporen el componente de cambio climático; ni capacidad para poder articularlos a distinto nivel; sin contar el desorden en la ocupación y explotación del territorio que amenazan con la degradación y deforestación de bosques.
Recientemente se ha iniciado el debate por una norma que de dirección a la incipiente institucionalidad en materia de gestión climática, si existe una voluntad política probablemente la próxima legislatura se debata en el Congreso una ley marco del cambio climático, donde aún hay más dudas que certezas, pero donde al menos debería quedar claro (1) la obligatoriedad de que todos los sectores del Estado establezcan y cumplan sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas acorde con el Acuerdo de Paris; (2) el Ministerio de Ambiente se fortalezca, ejerza un rol rector y lidere con coherencia regulatoria sus políticas sectoriales; por otro lado debe existir (3) participación plena, efectiva e institucionalizada de la sociedad civil, la empresa privada y las organizaciones indígenas; no será suficiente el esfuerzo del Estado; (4) es necesario claridad en los mecanismos de financiación, de la misma manera como es necesario (5) invertir en ciencia, tecnología y saberes ancestrales para poder adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático.
A pesar de todos estos retos, no solo debemos concentrarnos en los efectos que traerá el cambio climático a los miles de millones de personas que serán afectados; olvidando y muchas veces omitiendo las causas que generaron esta crisis, sin mirar a los responsables, que no solo se traducen en los países industrializados, sino que se individualizan a través de las corporaciones transnacionales que se benefician económicamente de sus altas emisiones; donde por ejemplo 90 corporaciones transnacionales produjeron un 63% de las emisiones acumulativas globales de dióxido de carbono industrial y de metano entre 1751 y 2010 [3]. Ignorar todo esto nos lleva a reforzar un sistema injusto del que Trump es parte y el cual debemos aspirar a cambiar.
El escenario futuro inmediato que nos apunta una reciente publicación [4] es ensombrecedor donde se nos advierte que las consecuencias de cambio climático agudizarán la escasez de recursos, lo que ya está generando estrategias de seguridad militar por hacerse con dichos recursos y en el caso de las grandes corporaciones, éstas ya vienen implementando estrategias de gestión de riesgos para proteger sus inversiones, pero también para fortalecer un reciente nicho de mercado.
Si la actual crisis climática se quiere reducir a nuevas «oportunidades»; estas deben ser pensadas como la oportunidad para proponer soluciones radicales y justas para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero; orientadas a acortar las brechas de desigualdad económica externa entre los países del norte y sur; e interna dentro de los mismos países; además de controlar el poder de las corporaciones sobre los Estados y frenar la arremetida del militarismo que busca apropiarse de los recursos.
Notas:
[1] Según estudio de INAGEM: http://www.actualidadambiental
[2] Artículo en el New York Times: https://www.nytimes.com/es/201
[3] Artículo en The Guardian http://viva.org.co/cajavirtual
[4] Cambio Climático S.A. de Nick Buxton y Ben Hayes del Trasnational Institute, 2017
Luis Hallazi es abogado y polítologo, investigador en derechos humanos
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.