Cambios en el modelo estatal de dotación de tierras y sus repercusiones sobre las mujeres

El Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) se transformó al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en el 2012. Este cambio marcó el rumbo de las nuevas formas de intervención estatal en el campo en cuanto a la distribución de tierras: pasó de la conformación de asentamientos campesinos como salida a conflictos por la tierra al otorgamiento de arriendos condicionados con base en proyectos productivos. Las familias campesinas han sentido este cambio institucional en sus formas cotidianas de producción y reproducción de la vida. Por ejemplo, el caso de la Asociación de Mujeres Productoras Orgánicas de Nueva Esperanza (Ampone) en Caño Negro, quienes se organizaron desde hace más de 15 años para poner a trabajar una parcela comunal dentro de un asentamiento campesino conformado por el IDA en 1995. Después de muchos años de trabajar continuamente la tierra, produciendo hortalizas orgánicas para generar ingresos extra para sus familias, actualmente las mujeres no cuentan con la debida adjudicación del predio. Por su parte, el Inder les propone formular un proyecto productivo para así obtener un arriendo sobre la parcela. Sin embargo, esta forma jurídica del arriendo, si bien pretende asegurar que la tierra no sea vendida en condiciones irregulares, viene a implantar una serie de limitaciones a la autonomía campesina. Además, en el caso concreto, vulnera los derechos que las mujeres han adquirido sobre la tierra mediante sus procesos organizativos a lo largo de los años.

Este cambio sustantivo en cuanto al acceso a la propiedad agropecuaria, lejos de promover la tenencia, uso y control de la tierra para las familias campesinas, pretende implantar una lógica de desarrollo rural que puede llegar a limitar la autonomía y soberanía alimentaria del campesinado. Lo anterior porque el tener que cumplir con una serie de estándares operativos y financieros para poder acceder a la tierra, se pone en cuestión la capacidad de decisión de las poblaciones campesinas sobre qué sembrar, de qué forma producir y cómo comercializar. Esto ocurre en un contexto de liberalización e internacionalización de la agricultura, que se viene gestando desde la introducción de cultivos no tradicionales de exportación, en detrimento de la producción de alimentos, fenómeno que tiene como corolario la asalarización del sector rural.

Esta asalarización es particularmente alta en el caso de las mujeres, por ello hablamos de una feminización del agro. Las mujeres continúan llevando a cabo dobles y triples jornadas de trabajo ante la inalterabilidad de los roles de cuido en el hogar, y también ante un contexto de acceso limitado a servicios básicos, educación y trabajo. Además, en Costa Rica del total de personas productoras agropecuarias únicamente el 15,6% de ellas son mujeres, y de los títulos de propiedad de estas fincas de producción tan solo el 8,1% están a nombre de mujeres (Cenagro, 2014). La brecha de género en el acceso a la tierra es una problemática urgente, relacionada no solo con la propiedad, sino también con el acceso a insumos como semillas, ganado, servicios básicos, asistencia financiera y tecnológica.

En este contexto de deterioro de la vida campesina, el Inder acumula un desorden institucional que viene arrastrando desde hace más de 60 años. Esta institución tiene amontonada una gran cantidad de tierras sin regular, lo cual plantea una situación de inseguridad jurídica para un gran número de familias parceleras, cuyos predios se encuentran en asentamientos campesinos formados por el entonces ITCO o el IDA. Junto al cambio en el enfoque en materia de política agraria, dicha desregulación de la tierra tiene que ver con la posición marginal que el campesinado ocupa en la estructura de la producción nacional, a pesar de su importancia para el abastecimiento de alimentos. Dentro de esta posición marginal, las mujeres han sido sistemáticamente incluidas de forma subordinada a la vida productiva del país.

Precisamente, la creación del Inder implicó poner en cuestión la deuda histórica del Estado respecto a la dotación de tierra para las mujeres, con lo cual se han implementado acciones concretas para caminar hacia la equidad, reconociendo la brecha de género en el acceso a la tierra como un tema prioritario. Por ello, resulta importante hacer un llamado a esta institución a atender, con carácter de urgencia, los problemas de inseguridad jurídica que viven actualmente las mujeres de Ampone, ya que su no reconocimiento como productoras y propietarias de la tierra les coloca en una posición vulnerable. Según evidencian estudios como el de Deere y León (2000) para América Latina, los derechos de tenencia, uso y control de la tierra resultan determinantes para la autonomía económica, la capacidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.