La criminalización de los movimientos sociales en Guatemala se torna cada vez más evidente. Los últimos 18 meses se han caracterizado por campañas de difamación en los medios de comunicación, amenazas contra dirigentes y aumento de la militarización. Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), es una de las personas que ha sufrido […]
La criminalización de los movimientos sociales en Guatemala se torna cada vez más evidente. Los últimos 18 meses se han caracterizado por campañas de difamación en los medios de comunicación, amenazas contra dirigentes y aumento de la militarización.
Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), es una de las personas que ha sufrido ataques verbales y físicos de los opositores. «Las amenazas vienen de varias direcciones», explica Pascual. «En primer lugar, hay alrededor de once columnistas de prensa que nos acusan de terroristas. Ellos hablan diariamente mal de los movimientos sociales en general y de CUC en particular. La criminalización de los movimientos sociales es generalizada, pero también hay una campaña dirigida específicamente contra CUC y mi persona. Luego están los grupos de «anti-terroristas», movimientos que creen y dicen que somos criminales y comunistas. Las organizaciones internacionales también están siendo atacadas por ellos», dice. [1]
Campañas contra la Iniciativa 4084
Una de las recientes campañas contra los movimientos sociales en el país está dirigida por el grupo Chapines Unidos Por Guate. En un folleto de varias páginas que se publicó en su página web, este grupo de interés explica las razones por las cuales se oponen a la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral también conocida como iniciativa legal 4048 [2]. La ley de Desarrollo Rural Integral ha sido discutida por 10 años en el Congreso de Guatemala. Según los movimientos indígenas y campesinos la ley promueve el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y la reducción de la desigualdad y la pobreza [3]. Los Chapines Unidos Por Guate dicen que la ley es inconstitucional y consideran que detrás de esta propuesta de ley están los movimientos indígenas y campesinos y hacen mención en particular al CUC, caracterizándole como un actor agresivo que usa protestas y bloqueos como formas de ataque.
En el mismo folleto se menciona también a otras organizaciones como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), a quien se acusa de usar tonos amenazantes en textos dirigidos a aquellos que no votan a favor de la propuesta [4]. En el folleto también se identifica a organizaciones internacionales y financieras que apoyan al CUC y CONIC, como por ejemplo ActionAid, Oxfam y el Centro Cooperativo Sueco.
Criminalización para socavar la credibilidad
A finales de enero de 2013 Daniel Pascual fue amenazado por desconocidos con un machete cuando estaba en San Juan Sacatepéquez solidarizándose con la población en resistencia en contra de la empresa Cemento Progreso. Oscar Fernando Bracamonte, el alcalde del municipio, acusó después al CUC y a Daniel Pascual de fomentar la violencia y dividir al pueblo sanjuanero: «Quiero denunciar que Daniel Pascual y dirigentes del CUC están sembrando el pánico, el divisionismo, la violencia y confrontación en las comunidades de mi pueblo», en declaraciones recogidas por el diario Prensa Libre. El alcalde también publicó una serie de campos pagados en varios periódicos sobre el incidente. Según explica Daniel Pascual «quieren convertir nuestra lucha social y nuestras demandas por los derechos humanos en terrorismo».
El año pasado hubo fuertes protestas en contra la hidroeléctrica en Santa Cruz Barillas . Como consecuencia el presidente y ex-militar Otto Pérez Molina declaró el estado de sitio. Con anterioridad se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas militares que resultaron en la muerte de un líder comunitario. Según BBC Mundo, Pérez afirmó luego de los hechos que los manifestantes pertenecían a los carteles de la droga. La criminalización en general es una estrategia que involucra varios opositores porque sirve para socavar la credibilidad de los movimientos sociales. Pérez también ha realizado instalación de brigadas militares, algo que ha sido criticado por varias organizaciones sociales en el país. Especialmente después los sucesos del 4 de octubre del año pasado en Totonicapán, cuando ocho campesinos resultados muertos después de haber participado en una manifestación que terminó con un fuerte enfrentamiento con tropas militares.
Amenazas contra líderes
Daniel Pascual no es el único que ha sufrido amenazas a causa de su lucha por el derecho a la tierra. En junio del año pasado Yolanda Veliz Oquelí, lideresa y opositora a la minería, recibió varias amenazas por teléfono. Después desconocidos le dispararon. Afortunadamente sobrevivió. Domingo Hernández Ixcoy, uno de los líderes de Waqib Kej, también fue amenazado de muerte en 2012. Gerónimo Sol Ajcot, miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrado en la CONIC, fue asesinado a balazos por desconocidos el pasado 11 de marzo de 2013. Lamentablemente, h ay muchos más casos parecidos, y lo que todos los líderes amenazados o asesinados tienen en común es que han criticado abiertamente al gobierno, a empresas mineras u otras grandes inversiones.
Notas:
[1] Citamos solamente algunos ejemplos: Eduardo Mayora, Lucha campesina = pobreza campesina, Siglo Veintiuno, marzo de 2012; Humberto Preti, Son prácticamente intocables, Prensa Libre, 22/09/2012; o la columna de Raul Minondo Ayau en El Periódico, Ánimo Ejército, el 9 o el 16 de enero de 2013.
[2] Chapines Unidos por Guate, Chapines Unidos Contra La Ley Iniciativa de ley de desarrollo rural integral 4084, Guatemala, s/f. Puede verse por ejemplo en las paginas 5, 7 y 8.
[3] ACAN-EFE, Guatemala: piden ley de desarrollo rural, La Prensa, 27/11/2012; Marcia Lisseth Zavala, Cámara del Agro busca frenar Ley de Desarrollo Rural, Siglo XXI, 28/11/2012; Manuel Hernández, CUC demanda ley de desarrollo rural sin cambios, Prensa Libre, 03/01/2013.
[4] Puede verse en la página 7 del citado documento.
Lina Karlsson es comunicadora. Corresponsal para Centroaméricade Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), con sede en Managua, y colaboradora de Alba Sud. Este artículo también ha sido publicado también en sueco en la revista Voces de América Latina, número 1, el 19 de marzo, 2013.
Fuente: http://www.albasud.org/