Ante la pérdida de su dominio en Nuestra América, los sectores ultraconservadores de Estados Unidos y la derecha violenta regional arrecian su embestida contra los pueblos y gobiernos progresistas con el propósito de imponerse por la fuerza, y así truncar los procesos de cambios soberanos e integradores que se escenifican actualmente en la Patria Grande. […]
Ante la pérdida de su dominio en Nuestra América, los sectores ultraconservadores de Estados Unidos y la derecha violenta regional arrecian su embestida contra los pueblos y gobiernos progresistas con el propósito de imponerse por la fuerza, y así truncar los procesos de cambios soberanos e integradores que se escenifican actualmente en la Patria Grande.
Venezuela, Brasil, Ecuador, El Salvador, Argentina, además de Bolivia, entre otras naciones, son hoy blancos constantes de agresiones castrenses, económicas, políticas, y mediáticas, dirigidas a subvertir el orden en esos países, y desestabilizar y destronar a sus gobernantes legítimamente electos.
El narcoterrorista Álvaro Uribe, un saboteador confeso del proceso de paz en curso en su país, Colombia, lidera las andanzas violentas de la oligarquía en Latinoamérica, y lo hace con toda impunidad, inmiscuyéndose en los asuntos internos de otros Estados, y violando todas las leyes internacionales.
Uribe incita a la desobediencia civil en Venezuela, paga a paramilitares colombianos, y apoyado por el eje Washington-Miami-Madrid (España), y regímenes de América Latina muy cercanos al Pentágono, se ha convertido en el Pinochet del siglo XXI.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) declaró Zona de Paz a la Patria Grande, en la cumbre celebrada en La Habana en 2014.
Las acciones de Uribe y sus compinches alteran el orden desde el Río Bravo hasta la Patagonia, y amenazan la convivencia en armonía de Nuestra América.
Ante ello, se hace imperioso frenar al nuevo Pinochet regional, lo que solo se conseguirá con su detención y enjuiciamiento. Pruebas de sus crímenes, vínculos con el narcoterrorismo y el paramilitarismo, y hechos de corrupción se sobran para sentarlo de una vez por todas en el banquillo de los acusados.
Los hombres y mujeres dignos de la Patria Grande, las organizaciones regionales y los Movimientos Sociales deben unirse en una sola voz para demandar el arresto inmediato del expresidente colombiano.
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