Traducido por Manuel Talens
Desde hace varias semanas, la decisión que tomó el gobierno de Venezuela de no renovar el 27 de mayo la licencia de retransmisión de la cadena privada Radio Caracas Televisión (RCTV) es objeto de una protesta general en la prensa francesa mayoritaria. La mencionada cadena no ha cesado de apelar a la caída de un gobierno democráticamente constituido y en abril 2002 secundó activamente el golpe de estado militar contra Hugo Chávez, apoyado por el gobierno de USA. Esta tentativa podría haber significado la prohibición inmediata de RCTV sin que la democracia corriera peligro, muy al contrario. Además, el hecho de que no se le hayan renovado sus privilegios de retransmisión no le impedirá que continúe con sus actividades.
Nuestros grandes medios están controlados por los propietarios de la aeronaútica y de la construcción, así como por los sucesores del Comité des Forges [1]. Consideran intolerable que aquí y en cualquier otro lugar se altere, por poco que sea, el monopolio del dinero sobre el conjunto de los medios: el sector privado de Venezuela, violentamente hostil al gobierno «de los de abajo», continúa controlando casi todos los medios de comunicación.
Algunos intelectuales y actores del movimiento social del Reino Unido y de USA (www.medialens.org/bookshop/guardians_of_power.php, texto del 13 de junio de 2007) se han pronunciado a favor de los derechos del gobierno de Venezuela, que tanto en este asunto como en muchos otros (a empezar por el del control de sus recursos energéticos) se enfrenta a una fortísima coalición nacional e internacional. No constituye vergüenza alguna el que apoyemos a aquellos que quieren afectar una parte de los beneficios de la producción petrolera a las necesidades urgentes de la población. Es mucho más útil y eficaz que verter algunas lágrimas por el destino que corrieron las víctimas de los golpes militares, desaparecidas de inmediato o amontonadas en estadios antes de las torturas y los asesinatos, como sucedió en Chile en 1973, ejemplo de «guerra civil extranjera» de la que ya no ignoramos nada en cuanto a la contribución exterior. Sería, pues, necesario actuar del mismo modo en Francia y resistir a los cantos de sirena de un supuesto «apoyo a la libertad de expresión», fórmula que oculta la imposibilidad de cualquier derecho de expresión a quienes no poseen medios burgueses.
Ésta es la razón por la que nos adherimos a la carta llena del sentido común que algunos diputados, sindicalistas, académicos y personalidades del mundo cultural británico, como Harold Pinter, publicaron en The Guardian el 26 de mayo de 2007.
«Al igual que nuestros homólogos británicos, cuyo texto citamos, «creemos en la legitimidad de la decisión del gobierno venezolano de no renovar la licencia de retransmisión de RCTV, que expiró el 27 de mayo, pues RCTV usurpó su acceso a las ondas públicas para apelar una y otra vez a la caída violenta de Hugo Chávez, presidente de un gobierno elegido democráticamente.
RCTV proporcionó en abril de 2002 una ayuda práctica esencial para la caída del gobierno electo de Venezuela, en la que murieron al menos 13 personas. Durante las 47 horas que los conspiradores ocuparon el poder, violaron en gran parte la Constitución democrática de Venezuela, en especial cuando disolvieron la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y otras instituciones del Estado. RCTV incitó al público a manifestarse y a la caída del gobierno y fue cómplice del golpe de Estado al deformar deliberadamente la realidad de lo que ocurría y, después, al bloquear la información en los medios. Su director de producción Andrés Izarra, que se opuso al golpe de Estado, presentó inmediatamente su dimisión para no convertirse en cómplice del golpe.
No se trata de un caso de censura. En Venezuela, más del 90% de los medios están controlados por el sector privado y se oponen de forma virulenta al gobierno de Chávez. Lejos de verse reducida al silencio, la cadena RCTV es libre de seguir emitiendo por satélite y por cable. En Venezuela, al igual que en Gran Bretaña (en Francia y en otros lugares), las emisoras de televisión deben respetar las leyes y las reglas que rigen la difusión. Imaginemos qué consecuencias habría tenido si la BBC o la ITV [y todas emisoras de Francia] hubieran tomado parte en un golpe de Estado contra el gobierno. Venezuela se merece la misma consideración.»«
París, 16 de junio de 2007
Primeros firmantes
Annie Lacroix-Riz, historiadora, Université Paris 7-Denis Diderot
Florence Gauthier, historiadora, Université Paris 7-Denis Diderot
Georges Gastaud, profesor de filosofía
Maurice Cukierman, profesor de historia y geografía
Gilda Landini-Guibert, profesora de historia
Suzy Oberlin, antigua presidenta de la Asociación de pilotos francesas, hija de miembro de la resistencia deportado y de profesora de historia destituida por los nazis
Michel Collon, escritor
Bernard Guerrien, catedrático, Université Paris 1
Daniel Maisonnave, secretario de los Amigos de Karl Marx, Boucau
André Faroppa
Se ruega el envío de firmas de adhesión a: [email protected]
Nota
[1] El Comité des Forges fue creado en 1864 para defender los intereses de la industria siderúrgica francesa. Hoy en día ya no existe como tal, pero los grandes propietarios siderúrgicos no han cambiado (Véase http://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_des_forges).
Manuel Talens es miembro de Cubadebate, Rebelión y Tlaxcala.