Por los acontecimientos que estamos viviendo en estos días, en los que la Justicia choca con la política, pretendiendo imponer su doctrina contra la voluntad del pueblo representada en el Parlamento, a través de los partidos y formaciones políticas, seguramente el artículo tendría que titularse, la Justicia contra el Estado Democrático, pero no quiero sacar conclusiones en caliente, que caliente estoy.
Categoría: España

Esta semana se han cumplido 13 años desde que se llevó a cabo el derribo de la Cárcel de Carabanchel, cerrada el año 1998. Hija de la posguerra más cruel (se comenzó a construir el 20 de abril de 1940 por las manos de los propios presos políticos que la habitarían), su silueta panóptica se convirtió en uno de los símbolos más literales de la represión franquista.

Lo de Alberto Rodríguez no sienta un peligroso precedente porque la pieza derribada no es él, son la calidad y la decencia democrática y ya fueron derribadas hace tiempo
Posiblemente, Juan Carlos de Borbón no será nunca juzgado por los delitos que podría haber cometido al acumular una inmensa fortuna en el extranjero a base de comisiones recibidas y ocultarla a Hacienda. Pese a los abundantes indicios, parece que la Fiscalía española alegará que los delitos no son perseguibles ya sea porque el antiguo monarca regularizó “espontáneamente” su situación con Hacienda, ya porque los cometió cuando aún era Jefe del Estado. En este último supuesto, tanto la Fiscalía como muchos juristas cercanos al poder defienden que el privilegio de la inviolabilidad impide juzgar y condenar a quien hubiera utilizado su cargo para enriquecerse (mucho) ilícitamente.

Avanza la precariedad y se generaliza el fraude, crece el porcentaje de trabajadores pobres y se generaliza el miedo y la inseguridad.

Frente a la velocidad y la desarticulación social y ambiental que acarrea, un análisis profundo de su alternativa desde la Teoría de Sistemas: un ferrocarril lento, descentralizado y generador de tejido comunitario.

Claves para entender la reforma del reglamento de extranjería que facilita la obtención de permisos de residencia y trabajo a menores inmigrantes y jóvenes extutelados, aprobada por el Gobierno este martes,

8.176.460. Es la cifra de personas víctimas del desplazamiento forzado durante el conflicto armado en Colombia, según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno (a fecha 30 de septiembre de 2021); en febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó de que al menos 6.402 colombianos fueron asesinados y presentados como “bajas en combate” por agentes del Estado, principalmente entre 2002 y 2008 (Álvaro Uribe Vélez fue presidente de la República entre 2002 y 2010); el 25% de estos casos -denominados “falsos positivos”- se produjo en el departamento de Antioquia.