Floren Dimas | 

Ahora más que nunca es obligado un replanteamiento de las políticas militares de España, cara al exterior, acabando con la subordinación de las FAS a intereses políticos, económicos y geoestratégicos, que nada tienen que ver con el interés general de los españoles.

Sarah Babiker | 

Septiembre arranca con concentraciones para exigir la reforma del reglamento de extranjería dirigido a menores y ex-tutelados que Interior paralizó.

Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 1885-Sevilla, 1936) fue un político andalucista, fusilado en los inicios de la Guerra Civil española (1936-1939).

Sara Plaza Casares | 

Las tres comunidades, gobernadas por el PP, lideran el ranking de profesores recortados para el próximo curso, mientras en conjunto recibirán más de 4.500 millones de euros de los fondos extraordinarios covid-19. La comunidad educativa demanda que permanezcan las clases desdobladas por razones sanitarias pero también pedagógicas.

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La Fiscalía del Tribunal Supremo cree que Juan Carlos de Borbón cobró comisiones por su intermediación en «negocios empresariales internacionales» para amasar su fortuna, lo que apunta a posibles delitos contra la hacienda pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

Según el diccionario de la Academia española, extorsión es la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.

Ángel B. Gómez Puerto | 

Desde que conocí en profundidad la literalidad de nuestra Constitución, en segundo curso de mi Licenciatura en Derecho (curso académico 1988-1989; diez años tenía en ese momento de vigencia nuestro texto político-jurídico fundamental) no he dejado de tenerla como referente para mis trabajos académicos y de opinión.

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El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado ajustada a derecho la negativa de la Universidad de Alicante (UA) a eliminar de sus buscadores de búsqueda en Internet el nombre del secretario del juzgado que instruyó el procedimiento sumarísimo contra el poeta Miguel Hernández.

El primer accionista de Tubacex es José María Aristrain. La fiscalía le solicitó 64 años de prisión por un presunto fraude de 210 millones a Hacienda entre 2005 y 2009. El sexto accionista es Itzarri, el ente vasco participado públicamente que gestiona los complementos de las pensiones del funcionariado.