Rebelion

Durante décadas, la prepotencia española alardeó de haber exportado a las dictaduras americanas su modélica Transición. Es cierto que había similitudes: todas partían de golpes militares sangrientos y acabaron con apaños entre las élites para entrar, borrón y cuenta nueva, en democracias vigiladas.

Miles de manifestantes recorrieron el 22 de octubre las calles de Valencia para protestar contra el macroproyecto de ampliación norte del puerto, convocados por la Comissió Ciutat-Port y Joventut pel Clima-Fridays for Future de Valencia.

De nuevo Amancio Ortega está en boca de toda la población española por la donación de 280 millones de euros que deben ser empleados en la adquisición de 10 equipos de protonterapia, tecnología para tratar determinados cánceres con protones.

Por los acontecimientos que estamos viviendo en estos días, en los que la Justicia choca con la política, pretendiendo imponer su doctrina contra la voluntad del pueblo representada en el Parlamento, a través de los partidos y formaciones políticas, seguramente el artículo tendría que titularse, la Justicia contra el Estado Democrático, pero no quiero sacar conclusiones en caliente, que caliente estoy.

Esta semana se han cumplido 13 años desde que se llevó a cabo el derribo de la Cárcel de Carabanchel, cerrada el año 1998. Hija de la posguerra más cruel (se comenzó a construir el 20 de abril de 1940 por las manos de los propios presos políticos que la habitarían), su silueta panóptica se convirtió en uno de los símbolos más literales de la represión franquista.

Lo de Alberto Rodríguez no sienta un peligroso precedente porque la pieza derribada no es él, son la calidad y la decencia democrática y ya fueron derribadas hace tiempo

Posiblemente, Juan Carlos de Borbón no será nunca juzgado por los delitos que podría haber cometido al acumular una inmensa fortuna en el extranjero a base de comisiones recibidas y ocultarla a Hacienda. Pese a los abundantes indicios, parece que la Fiscalía española alegará que los delitos no son perseguibles ya sea porque el antiguo monarca regularizó “espontáneamente” su situación con Hacienda, ya porque los cometió cuando aún era Jefe del Estado. En este último supuesto, tanto la Fiscalía como muchos juristas cercanos al poder defienden que el privilegio de la inviolabilidad impide juzgar y condenar a quien hubiera utilizado su cargo para enriquecerse (mucho) ilícitamente.