Categoría: España
He leído con interés el artículo de Luis García Montero, Memoria y democracia, publicado en InfoLibre; un medio digital en el que escriben algunos de mis antiguos compañeros de armas, por los que siento un profundo respeto. Entre ellos José Ignacio Domínguez, Vicepresidente del FMD, y Floren Dimas, investigador histórico y delegado de Anemoi / UCR para la Memoria democrática.
¿Financiaría Netflix una serie en la que empresas señaladas por casos de corrupción, como Gespol, gestionan los servicios informáticos de la policía local de decenas de comisarías de España? ¿Y si esta misma u otras empresas estuvieran desarrollando, con dinero público, herramientas de policía predictiva, que luego venden a otras administraciones públicas? No es ninguna distopía, algunas firmas especializadas en estos campos tienen acceso privilegiado a decenas de miles de datos privados, sin que ningún organismo, local, regional, o estatal la audite, porque sencillamente carecemos de los instrumentos necesarios para ello.
Este es el relato de varias mujeres migrantes de Centroamérica que decidieron dejar su vida y comenzar algo a lo que no se atreven a llamar una nueva vida.
En las últimas semanas han salido a la luz los problemas de producción y suministro con dos de las compañías que tienen autorizada la vacuna para la COVID-19 o están a las puertas de obtenerla. El propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, ha llegado a afirmar «los poderes (…) podrían utilizarse para obligar a los fabricantes de vacunas a compartir sus patentes, u otras licencias, y tomar otras medidas para aumentar la producción”.
La sesión de control al gobierno de ayer nos dejó a un líder de extrema-derecha sembrando el odio, la xenofobia y el racismo contra las personas migrantes en Canarias y a un presidente que se dice de izquierdas elogiando el sentido de Estado del fascista. Mientras este sainete que nos pretenden vender como política se produce en la sede de la soberanía popular, el rapero Pablo Hasél va tachando días para que lo encierren en prisión por cuestionar unas instituciones que se desprestigian así mismas.
Los datos desmienten determinados discursos que hablan de un incremento de delitos perpetrados por los migrantes llegados a Canarias en patera y cayuco. Durante el último cuatrimestre de 2020, las infracciones penales cometidas en las islas cayeron un 6%, meses con mayor repunte migratorio. De hecho, “cerramos 2020 como el año de los últimos cuatro con una menor tasa de criminalidad”. Lo ha anunciado este jueves el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que carga contra los bulos que contribuyen a crear esta falsa idea, muchas veces «alimentados por determinadas fuerzas políticas».
Cuando leo cosas como: “coaching, herramienta para profesores”, me acuerdo de Luis Eduardo Aute y de esa canción en la que empezaba diciendo: “hoy tengo un día de esos que mandaría todo a hacer puñetas”. Y me acuerdo de él no tanto por cómo comienza sino por cómo sigue: “incluso firmaría con placer el acta de mi rendición”.
El Gobierno ya va tarde. El pasado 27 de octubre, PSOE y Unidas Podemos pactaban, como forma de desatascar las diferencias que mantenían las dos formaciones ante el proyecto de presupuestos, llevar al Consejo de Ministros la nueva Ley de Vivienda en un plazo de tres meses. Y al Congreso, para tramitarla, en cuatro. En el Consejo de Ministros celebrado ayer, no hubo rastro de la misma, mientras las disputas entre las dos patas del Gobierno de coalición demuestran que todavía no hay consenso en la materia, Unidas Podemos anuncia “discrepancias sustanciales”. Ya se han cumplido tres meses de la promesa. Los colectivos sociales que batallan por el derecho a la vivienda empiezan a ponerse nerviosos