Entre 475.000 y 514.000 personas migrantes residían en situación administrativa irregular en España a finales de 2020. Un escenario en el que en torno al 14% de los migrantes extracomunitarios se les niega la posibilidad de acceder a trámites cotidianos como un contrato de alquiler o laboral, al sistema sanitario o a la creación de una cuenta bancaria propia.
La guerra de Ucrania, junto a otras, pone una vez más ante los ojos de la Humanidad la barbarie que nos aflige.
Mariano Cañardo Lacasta (1906-1987) nació en Olite, Navarra. Cuatro veces Campeón de España de ciclismo en ruta y siete veces ganador de la Volta a Catalunya, aún es el ciclista que más veces ha ganado ambas pruebas.
Es la autonomía que defiende el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para la población saharaui; establece los términos de la comparación el colectivo de periodistas independientes Equipe Media, en un vídeo difundido por las redes sociales el 22 de marzo, con referencias a “una pequeña parte de la vida cotidiana” en el Sahara Occidental Ocupado.
En vez de asistir a una necesaria desmilitarización, se ve que nos quieren llevar por el camino contrario, a costa, eso sí, de las necesidades sociales y de destrozar la vida de millones y millones de personas con guerras injustificables.
El 25 de marzo de 1936 entre 60.000 y 80.000 campesinos ocuparon y araron pacíficamente alrededor de 3.000 fincas en la provincia de Badajoz. El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Instituto de la Reforma Agraria, intentó primero evitar que se produjeran esas ocupaciones pero luego se vio obligado a reconocerlas ante la magnitud del movimiento.
Los movimientos de extrema derecha capitalizan una identidad común de la “población rural” presentada como víctima de la ciudadanía, mientras la supuesta superioridad moral de la izquierda urbana no ayuda a establecer alianzas
Un buen número de extremeños y extremeñas nos hacemos eco y apoyamos la Iniciativa Legislativa Popular en la que está trabajando la Coordinadora Anti privatización de la Sanidad Pública (CAS) mediante la recogida de firmas en todo el territorio nacional.
La reforma laboral no afrontó la subcontratación, y los propios camioneros no se contemplan como sujetos susceptibles de aplicación de la ley rider. Como en el campo, terceras empresas —firmas de logística, en este caso— se quedan con buena parte de la tarifa final y los conductores aseguran que trabajan a pérdidas.