«Esperamos con nuestro voto disidente, suscitar una reflexión seria y constructiva que permita dotar de transparencia, objetividad y credibilidad la evaluación de la CIDH, como una condición básica para el fortalecimiento del Sistema Interamericano«. Así, las comisionadas María Silvia Guillén, Luz Patricia Mejía y el comisionado Rodrigo Escobar Gil, llamaron la atención a la Comisión […]
«Esperamos con nuestro voto disidente, suscitar una reflexión seria y constructiva que permita dotar de transparencia, objetividad y credibilidad la evaluación de la CIDH, como una condición básica para el fortalecimiento del Sistema Interamericano«.
Así, las comisionadas María Silvia Guillén, Luz Patricia Mejía y el comisionado Rodrigo Escobar Gil, llamaron la atención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH-OEA, en carta remitida el 2 de diciembre de 2011, a propósito de su incorrecto funcionamiento y del ‘célebre’ Capítulo IV de los Informes Anuales, destacado por sus ataques contra las naciones que esa Comisión, de manera sesgada, denomina «países con mayores problemas en DDHH«.
Luz Patricia Mejía, que fue Presidenta de la CIDH-OEA, dijo también a los comisionados Dinah Shelton, Jesús Orozco y otros: «Hago llegar mi voto razonado sobre el Capítulo IV del Informe Anual, con todos los planteamientos que durante varios años he venido señalando sobre los grandes desequilibrios, escasa operatividad, gran selectividad y falta de transparencia para determinar los Estados que terminan señalados en ese Capítulo».
La CIDH-OEA, lejos de admitir las recomendaciones de estos comisionados, que mejorarían en algo su cuestionado proceder, echó por la borda los consejos, esperó con arrogancia la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, Bolivia, y designó, el 1 de junio, a los cinco candidatos para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, cargo que dejará Santiago Cantón, cuya salida en mucho obedece a la animadversión causada por su papel sesgado hacia los gobiernos progresistas de la región. Vale la pena resaltar que Cantón, tras once años al frente de la CIDH, se incorporará, en julio, al equipo directivo del «Centro Robert Kennedy para la Justicia y los DDHH» de Washington, ONG «centrada en la defensa de los pobres» según su página web.
«Dime de quién naciste y te diré quién eres»
Su origen explica su conducta. La CIDH, creada en 1959 y formalmente establecida en 1960, nació en un contexto bipolar de «guerra fría» y en medio de una coyuntura marcada por el aislamiento que, por orden de los EEUU, se sometió al único país que se había desmarcado de su supremacía: Cuba.
La Comisión tuvo su época de oro en los casos de violación de DDHH cometidos por las dictaduras del Cono Sur; pero devino en institución retrógrada al no reformar su visión y estructura, para ponerse a la altura del cambio de época vivido en Latinoamérica.
Y es que desde sus orígenes fue tributaria -ideológica y políticamente- del sesgado enfoque ‘occidental’ de los derechos humanos, caracterizado por una cosmovisión en la que los derechos individuales fueron situados jerárquicamente por encima de los derechos colectivos y, en consecuencia, ubicó los derechos de los individuos como superiores a los derechos de los pueblos.
Por lo tanto, no debe vérsela como una entelequia jurídica regional sino como una entidad conformada por funcionarios con adhesiones políticas concretas. Los orígenes sociales y académicos de sus integrantes, salvo pocas excepciones, son decidores: han recibido una parte de su trayectoria profesional y académica en universidades y ONG´s que defienden los enfoques clásicos del Derecho, de raigambre occidental, liberal y patriarcal, tributarias ideológicamente de doctrinas eurocéntricas y anglocéntricas. Es decir, la mayoría de sus miembros y, la estructura como tal, tienen su lugar de enunciación en las hegemónicas epistemologías del Norte.
Por eso, es casi seguro que «caerá en saco roto» la legítima impugnación presentada por el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, sobre el proceso de selección de candidatos a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, que no hizo públicos los parámetros e indicadores usados en la evaluación de los 111 postulantes y sus cinco finalistas.
Cabildeos y alianzas…
Los comisionados de la CIDH establecieron como posibles sucesores de Santiago Cantón, a cinco ‘finalistas’, uno de los cuales deberá ser escogido por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Los candidatos son: el peruano Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de DDHH, la también peruana Sofía Macher Batanero, el profesor mexicano, Emilio Álvarez Icaza, el guatemalteco Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de la ONU y cercano a Catalina Botero, la relatora de la CIDH para el mismo tema, y, finalmente, la estadounidense Elizabeth Abi-Mershed, actual secretaria adjunta de la propia CIDH y, a la vez, funcionaria del Washington College of Law de la American University, i nstitución ésta que, el 7 de junio, organizó en su sede el panel académico: «La protección del derecho a la libertad de expresión en un mundo complejo: los desafíos regionales«, donde usualmente se potencia no solo su enfoque sino el cabildeo correspondiente por los temas de su interés.
Los expositores fueron Catalina Botero y Frank La Rue y el moderador Claudio Grossman, decano de la Facultad de Derecho de la American University Washington College of Law, que fue miembro de la CIDH-OEA (1993 – 2001), presidente de la CIDH (1996 y 2001), propulsor de nuevas especializaciones en su universidad, entre ellas «Tratados de Libre Comercio«, y artífice del Centro de Arbitraje Comercial Internacional y su Programa de Propiedad Intelectual de esta universidad.
En mayo de 2010, Grossman fue elegido miembro del Directorio del Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights, ONG donde trabajará Cantón muy pronto. En noviembre de 2001, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), le otorgó el Gran Premio Chapultepec 2002 por sus logros en la protección de la libertad de prensa, y en 2007 el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, la nueva nomenclatura de la oprobiosa «Escuela de las Américas», le concedió el llamado premio Simón Bolívar «en reconocimiento a su larga trayectoria promoviendo los derechos humanos».
Con estas perlas, es pertinente preguntarse: ¿los miembros de la CIDH están exentos de condicionamientos políticos?, ¿son asépticos ideológicamente?, ¿no provienen de trayectorias intelectuales muy concretas y determinables que comprometen la pretendida ‘neutralidad’ valorativa de sus interpretaciones y decisiones?
Por eso, la minoría disidente de la CIDH, liderada por Luz Patricia Mejía, tiene la razón cuando concluye su carta sentenciando: «Consideramos relevante que se suscite una profunda reflexión no sólo sobre el Capítulo IV, su metodología y sus criterios, sino también sobre la necesidad de que su Informe Anual refleje la situación de derechos humanos de la región sin sesgos, que ubiquen a unos países sin mayor análisis y excluyan a otros sin análisis alguno, sin siquiera mencionarlos; superando así la visión parcializada y exclusiva que tiene hoy«.
Comprobado entonces el carrusel en el que rotan funcionarios de ONG’s, que luego son elegidos funcionarios de la CIDH, y después renuncian a sus cargos para rotarse otras funciones en sus ONG’s, es evidente que la CIDH-OEA es todo menos democracia, todo menos transparencia.
Alexis Ponce es defensor de los derechos humanos del Ecuador
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