Pasadas fiestas y atentados, y a la espera de un regreso por todo lo alto del Capo, el periódico Il Giornale, en lugar de hablar a los inmigrantes de ciudadanía, titula «Detengamos a los inmigrantes islámicos» y se despacha contra ellos de mano de Vittorio Feltri, la cúpula de la Liga Norte y los nostálgicos […]
Pasadas fiestas y atentados, y a la espera de un regreso por todo lo alto del Capo, el periódico Il Giornale, en lugar de hablar a los inmigrantes de ciudadanía, titula «Detengamos a los inmigrantes islámicos» y se despacha contra ellos de mano de Vittorio Feltri, la cúpula de la Liga Norte y los nostálgicos del papa padano Ghislieri y de su batalla de Lepanto (evocada ayer en la apertura del diario Padania).
La discusión de la política migratoria impulsada por la diputada del Polo de la Libertad Isabella Bertolini y aprobada por la Comisión de asuntos constitucionales del Montecitorio (N.d.T.: sede del Congreso de los Diputados) se ha postergado para después de las elecciones de marzo. El objetivo es no exponer a los electores del centro-derecha a las previsibles tensiones entre los partidarios de G. Fini, respaldados por la Unión de Demócratas Cristianos y de Centro (UDC) y por el Partido Democrático, y el ala dura de la centroderecha, la Liga y los berlusconianos de pura cepa.
En todo caso, esto es sólo política de pequeño cabotaje para una mayoría evidentemente reforzada por la acrecentada popularidad del Capo, quien, disipado su estigma de libertino y manipulador de procesos, se presenta como el buen pastor al que todos deben amar. Montada a la ola de la reconciliación nacional auspiciada por D’Alema, el papa, y otros, es muy probable que la mayoría de la oposición no dé demasiada batalla por los migrantes. Por otra parte, la propuesta de Bertolini refleja a la perfección la cultura de gran parte del oficialismo en materia migratoria. Vale la pena, por tanto, comentarla, pues determinará la vida de los extranjeros quién sabe por cuánto tiempo.
El núcleo del pensamiento de la derecha sobre el tema (en gran medida dominado por el discurso la Liga) es una declaración de la propia Bertolini: la ciudadanía no es un instrumento de integración, sino su culminación. Dicho en términos más coloquiales: si uno se porta bien durante diez años (que es el período de residencia mínima exigido en el territorio italiano) entonces podrá pedir la ciudadanía, que tal vez le sea concedida (después de tres o cuatro años, más o menos). Un extranjero, en consecuencia, permanecerá en Italia poco menos de quince años en condiciones de abierta precariedad, miedo y subordinación. Una pequeña infracción o un golpe en la vida basarán para devolverlo al limbo del que procuraba salir. En realidad, las recientes ordenanzas de algunos ayuntamientos van exactamente en este sentido: imponer un control asfixiante sobre el comportamiento de los migrantes también en su vida privada. Como en la película francesa Welcome, la vida de los extranjeros y de quienes los ayudan quedará atenazada por la delación y la sospecha.
A partir de este punto clave, y del ius sanguinis como criterio prevalente de acceso a la ciudadanía, los artículos de la proposición Bertolini aportan pequeños aunque significativos retoques a las leyes ya vigentes: cursos obligatorios y frecuentes de cultura italiana y de educación cívica y, sobre todo, de observancia de las leyes italianas, «incluso en familia»; la obligación de la escolarización para menores de 18 años, etcétera. Todo ello en el marco de un perfil previamente diseñado de candidato ideal a la ciudadanía italiana: joven, pero no tanto (sobre todo si se considera el tiempo que debe esperar) trabajador sometido y cabeza de familia, siempre dispuesto a abrir en cualquier momento la puerta de su casa a funcionarios enviados para controlar su salubridad, la composición del núcleo familiar, las prácticas alimentarias e incluso religiosas. La proliferación de normas que, con la exclusa del nacionalismo, violan derechos civiles básicos de las personas, roza lo tragicómico. Si hubiera un poco de justicia, por ejemplo, y los cursos obligatorios de cultura y de historia patria se exigieran a algunos conocidos alcaldes, seguro perderían de inmediato la ciudadanía.
Pero el asunto no da para bromas. La idea de ciudadanía que subyace a esta política es restrictiva, punitiva y miope. Lejos de facilitar la participación de los extranjeros en la vida del país, que es lo que debería proponer un gobierno preocupado por el largo plazo, convierte los derechos en poco más que un juego de azar que sólo beneficiará a unos pocos. El resto continuará, peor que antes, inmerso en las condiciones de servidumbre social y marginación civil que nuestra sociedad impone a quien se ha visto obligado a alejarse de su país.
Alessandro Dal Lago es un sociólogo italiano, colaborador habitual de Il Manifesto y experto en cuestiones migratorias y de criminalidad. Es autor, entre otras obras, de Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, 2004.
Traducción para www.sinpermiso.info : Gerardo Pisarello
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3029