Desde el pasado 27 de noviembre y hasta el próximo 18 de diciembre, cada domingo será presentado el libro de Ocean Sur en un departamento de El Salvador
El libro FMLN en el gobierno (Ocean Sur, 2011), que recoge una entrevista del politólogo e investigador cubano Roberto Regalado a Salvador Sánchez Cerén, vicepresidente y ministro de Educación de la República de El Salvador, se lanzó el pasado 27 de noviembre en el departamento de Santa Ana, hecho que inauguró una agenda de presentaciones -siempre domingos- que continuará el 4 de diciembre en San Miguel; una semana después, el día 11, se trasladará a la capital del país; y concluirá, el 18 de diciembre, en Cuscatlán.
La presentación del pasado domingo 27 fue encabezada por su autor, Salvador Sánchez Cerén, quien estuvo acompañado por Roberto Alvarado, alcalde de Izalco; Roberto Lorenzana, diputado por el FMLN; así como por Raúl Ernesto Azcunaga, decano de la UES-Santa Ana.
Sobre vivencias y logros del FMLN en la más reciente etapa de su historia tras dos años del FMLN en el ejercicio del gobierno nacional (2009-2011), sobre aspiraciones y proyectos, dialoga en las páginas de este libro Salvador Sánchez Cerén, cuyas reflexiones no solo constituyen una valiosa fuente de información para los militantes del FMLN y el pueblo salvadoreño, sino que también enriquecen la recuperación de la memoria histórica del movimiento revolucionario latinoamericano e internacional.
A manera de anticipo, la editorial Ocean Sur comparte con sus lectores fragmentos del libro FMLN en el gobierno.
¿En qué medida, en estos dos años transcurridos desde la toma de posesión de la coalición gubernamental articulada en torno al FMLN y al presidente Mauricio Funes, se han cumplido las expectativas que la dirección del partido tenía sobre lo que sería su participación en el gobierno?
En los dos años en que hemos gobernado aprendimos que, por encima de nuestro deseo de cambiar de inmediato todo lo que hay que cambiar, hay un sistema institucional -es decir, una Constitución, unas leyes y una división de poderes que tenemos que respetar-, hay una correlación de fuerzas políticas y sociales -entre la oposición y el gobierno, y también dentro del gobierno- que no podemos violentar, y hay una muy escasa disponibilidad de recursos para el desarrollo de las políticas públicas -motivada por la pobreza del país, la crisis económica internacional y la insuficiente recaudación fiscal- que no podemos resolver en forma mediata.
Pese al gran esfuerzo que hemos realizado en múltiples terrenos, sobre todo en el terreno social, son tantos los problemas acumulados que surgen insatisfacciones. Los primeros insatisfechos somos nosotros mismos pero no todo puede hacerse en tan breve tiempo. El andar pausado lo imponen varios factores: la condición de nación pobre y subdesarrollada de El Salvador, la polarización social y económica entre una pequeña minoría muy rica y una gran mayoría muy pobre, el aumento de esa polarización provocado por la política neoliberal de los gobiernos ARENA, el boicot que hace la oligarquía contra políticas en beneficio de los sectores populares, y la coexistencia de diversas visiones sobre el futuro en la coalición gubernamental. Pero, lo importante es tener claro qué queremos lograr, y el camino y la estrategia para lograrlo.
El Salvador es un país pobre y subdesarrollado. Como explica en su primera parte el Plan Quinquenal de Desarrollo elaborado por nuestro gobierno, la economía salvadoreña depende de «las remesas familiares de la población que vive en el exterior» y de «la exportación de unos pocos productos con bajo valor agregado, que a su vez son exportados a un reducido número de mercados». A diferencia de las naciones ricas y desarrolladas, que a lo largo de su historia acumularon excedentes que las necesidades políticas y económicas del propio sistema capitalista las impulsó a invertir en salarios relativamente altos y políticas públicas de amplio espectro, en casos como el de El Salvador el lucro de la oligarquía solo fue posible sobre la base de una descomunal opresión y explotación del pueblo. Durante más de cinco siglos, tres de dominación colonial española y dos de república oligárquica y dictatorial -una república independiente pero no menos explotadora y opresiva que el sistema colonial precedente-, en El Salvador se acumuló una gran cantidad de problemas estructurales y necesidades sociales.
Al desbalance entre la deuda social histórica -es decir, la deuda que el Estado salvadoreño acumula con su propio pueblo desde el nacimiento de la república-, y la capacidad económica del país para saldarla, se sumaron las consecuencias de la política neoliberal ejecutada por los gobiernos de ARENA. El neoliberalismo no es un modelo de desarrollo, como querían hacernos creer los señores que lo impusieron para beneficiarse de él a expensas de nuestro pueblo, sino una receta para conducir y legitimar la concentración de la riqueza y su correlato de exclusión social, que destruyó la capacidad productiva salvadoreña y convirtió a la economía nacional en dependiente de las remesas familiares. De manera que, ya teníamos cinco siglos acumulados de pobreza y subdesarrollo y, como si fuera poco, las políticas neoliberales de los gobiernos de ARENA nos empobrecieron más y agravaron nuestro subdesarrollo. Esto nos colocó en una situación en extremo vulnerable con la crisis económica que azota a la mayor parte del mundo, incluidos los países desarrollados.
Durante los últimos 20 años, lo que equivale a decir durante los períodos de los cuatro gobiernos de ARENA, en los que se suponía ya era momento de cosechar los frutos de la política neoliberal impuesta desde que Alfredo Cristiani asumió la presidencia, el desempeño de la economía salvadoreña no solo estuvo por debajo de la economía mundial, no solo estuvo por debajo de la economía del conjunto de los países subdesarrollados, no solo estuvo por debajo de la economía del resto de América Latina, sino también estuvo por debajo de la economía de sus vecinos centroamericanos. Como señala el Plan Quinquenal de Desarrollo de nuestro gobierno en el acápite dedicado a explicar el estado en que recibimos la economía: «Esto revela profundas debilidades estructurales más allá de las fluctuaciones propias de los ciclos económicos».
El Salvador está ubicado entre los 15 países que tienen los déficits comerciales más altos del mundo. En 2009, las importaciones representaron 34,4%, es decir, más de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que constituye una cifra altísima. ¿Cómo puede la sociedad salvadoreña consumir más de lo que produce? Por una parte, acumulando crecientes deudas por las que el país tiene que pagar también crecientes intereses. Por la otra, como ya se dijo, gracias a las remesas del exterior. Entre 1990 y 2009, El Salvador recibió casi $40 mil millones en remesas, para un promedio de casi $2 mil millones por año. Por eso es que el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 ‑ 2014 , afirma, con toda razón, que:
…el binomio migración ‑ remesas familiares se ha constituido en la principal red no institucional de protección social -una verdadera red de solidaridad familiar y comunitaria, de mayor alcance que los mecanismos formales de protección social ofrecidos por las políticas públicas- que ha permitido a importantes segmentos poblacionales amortiguar el deterioro general de la economía desde mediados de la década de 1990.
Según la Comisión Económica para América Latina de la ONU (CEPAL), El Salvador es uno de los países de la región que realiza una menor inversión social. Por ejemplo, en 1992 ‑ 1993, el gasto público salvadoreño fue solo de 2,9% del PIB y en 2006 ‑ 2007 se había elevado a 11,3%, pero el promedio ponderado de inversión social de toda América Latina en este último período fue de 17,3%, lo que coloca a nuestro país 6 puntos por debajo de la media. Otro ejemplo es que, a precios constantes del año 2000, el gasto público social de El Salvador fue de $291, comparado con $1 019 de Brasil (3,5 veces mayor), $855 de Costa Rica (2,93 veces mayor) y $733 de Chile (2,51 veces mayor). Con 40% de la población económicamente activa (PEA) urbana y 50% de la rural desempleada o subempleada, en El 3 Ibídem: p. 27. [ N. del E. ]. Salvador se necesitaría crear 48 mil empleos al año para asimilar a los que llegan a la edad laboral.
En términos porcentuales, la pobreza rural es 14 puntos mayor que la urbana, con 55% la primera y 41% la segunda, pero en términos absolutos la pobreza urbana es mayor, con 1 645 860 de un total nacional de 2 838 965 personas. La geografía de la pobreza afecta con mayor rigor a los departamentos de Cabañas, Morazán, Ahuachapán, San Vicente, Usulután y Chalatenango. En Ahuachapán, Cabañas y Morazán, la pobreza extrema azota a una de cada cuatro familias.
Las mujeres, las niñas, los niños y los adultos mayores son los más afectados por la pobreza. En 2008, seis de cada diez menores entre 0 y 14 años de edad vivían en situación de pobreza y 2 de ellos vivían en la pobreza extrema, lo que quiere decir que no contaban con una alimentación básica diaria que permitiese un desarrollo pleno de sus capacidades. La mitad de la población entre 0 y 14 años se halla en condición de pobreza en el área urbana y dos tercios en el área rural. En términos absolutos, más de un millón de esas niñas y esos niños viven en condiciones de pobreza relativa o extrema.
Sería interminable la cantidad de cifras y datos con los que podríamos ilustrar la deplorable situación económica y social en que se encontraba el país cuando el gobierno del presidente Mauricio Funes tomó posesión el día 1ro. de junio de 2009. Pero, en esencia, teníamos que empezar a hacer frente a todas las demandas sociales acumuladas y a todas las esperanzas que se generaron en el pueblo a raíz de nuestro triunfo electoral. Era preciso comenzar a darle respuesta a todas esas demandas y a las esperanzas generadas por la elección al gobierno, por primera vez en la historia de El Salvador, de un partido de izquierda que desde las estructuras del Estado se propone realizar las trasformaciones sociales que la inmensa mayoría de las salvadoreñas y los salvadoreños anhelan.
Otro factor que obstaculiza la política social de nuestro gobierno es la reacción de ARENA tras ser desplazado del Poder Ejecutivo. Su primera reacción fue reconocer el triunfo electoral del FMLN porque eso era algo evidente. Para intentar evitar el acceso del FMLN al gobierno hubiesen tenido que romper de forma abierta con el proceso de transición democrática que se viene desarrollando a partir de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. De modo que tuvieron que aceptar ese triunfo y eso abrió una primera fase de debate al interior de la derecha, que intentaba determinan a quiénes culpar, dentro de su propio partido, por la victoria de la fórmula electoral del FMLN. Ese proceso condujo a un rompimiento de ARENA como partido, al surgimiento de un nuevo partido llamado Gran Alianza Nacional (GANA) y al debilitamiento de la derecha en sentido general. Pero, la oligarquía no se cruzó de brazos. Al ver que ARENA, el partido que representaba sus intereses desde finales de la guerra, ya no era el idóneo toda la oligarquía se unió, por encima de ARENA y GANA, y acudió a los medios de comunicación, que son de su propiedad, para desatar una campaña de difamación de nuestro gobierno. Por esa vía tratan de sembrar la desesperanza y fomentar la incomprensión de este proceso gradual, lento, de cambio, que busca revertir la extrema desigualdad e injusticia social en que esa misma oligarquía sumió y mantuvo a nuestro pueblo durante los 200 años transcurridos desde la independencia de España, acontecimiento que conmemoramos en 2011.
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Uno de los problemas más graves y urgentes de resolver, en el mundo en general y en América Latina en particular, es el aumento de la inseguridad ciudadana. Por solo citar un ejemplo, todos vemos con preocupación la forma y la magnitud en que el Estado mexicano parece haber perdido el control de su propio territorio, en primer lugar, de la franja fronteriza con los Estados Unidos, donde no solo opera en gran escala el crimen organizado, en especial el narcotráfico y la industria del secuestro, sino que las bandas criminales se enfrentan con el ejército y la policía, de igual a igual, a plena luz del día, en medio de grandes ciudades de ese país. ¿Qué hace el gobierno salvadoreño para mejorar la seguridad de sus ciudadanos y en qué medida lo está logrando?
Con respecto a la criminalidad y a la violencia, comencemos por decir que, en un mundo en que ambas crecen de modo vertiginoso, muchas naciones no le dan una respuesta seria y efectiva porque, en última instancia, el crimen organizado es una forma de incrementar la riqueza capitalista. ¿A dónde va a parar el dinero procedente del tráfico de drogas, de la pornografía, de la prostitución, de la trata de seres humanos, del comercio de órganos o de la venta ilegal de armas? Va a parar a los grandes bancos, a las grandes corporaciones, que no pueden prescindir de ese capital sucio porque la senilidad del sistema de producción capitalista lo obliga a recurrir a cualquier forma de valorizar el capital.
La seguridad pública es uno de los temas más recurrentes y polémicos, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo porque, en medio de una situación de desesperanza, la primera preocupación de la gente es la economía, en especial el desempleo y el alto costo de la vida y, la segunda es la inseguridad, es decir, la preocupación por la familia amenazada por una enorme violencia derivada del narcotráfico, el crimen organizado y un movimiento de jóvenes rebeldes que desemboca en la violencia social de las pandillas o maras. Las maras parecen ser un fenómeno social que tiene vida propia, pero tras de ellas está el crimen organizado, el narcotráfico, que las utiliza para cumplir ciertas funciones y como cantera de sicarios. Se trata de la influencia de la actividad criminal que azota a México y que se extiende hacia Centroamérica para atrapar a El Salvador dentro de sus redes.
En el Sistema Nacional de Enseñanza hay un millón 700 mil estudiantes matriculados en unas de 5 mil escuelas. De esas 5 mil escuelas, el flagelo de la violencia no azota a más de 800. Eso quiere decir que afecta a muchas escuelas, pero no a la mayoría de ellas. En proporción, afecta a poco más de la sexta parte de las escuelas. Esas escuelas están ubicadas en zonas donde la violencia ha atraído o ha incorporado por la fuerza a muchos jóvenes, que no lograron sustraerse del entorno de violencia, de la rivalidad entre pandillas, de la criminalidad que lleva a la pugna, al enfrentamiento, al asesinato. Muchos de esos jóvenes son estudiantes de centros del Sistema Educativo Nacional. Por eso es que la violencia llega a las escuelas en las zonas donde hay mayor conflictividad.
En el enfrentamiento a la criminalidad y la violencia hemos hecho avances importantes. El primero es la depuración de la Policía Nacional Civil, donde se han descubierto vínculos con el narcotráfico y las pandillas, y se han ido enjuiciando y sancionando a los jefes y oficiales involucrados en las redes del crimen organizado. Este gobierno en su conjunto, y el Ministro de Justicia en particular, se han encargado de ese proceso de depuración destinado a erradicar males que se venían acumulando desde hacía varios años. El segundo son los golpes dados al crimen organizado, dentro del cual se golpeó principalmente a las estructuras de secuestro y extorsión, que eran las que más amenazaban a la ciudadanía.
El actual gobierno de El Salvador tiene una correcta comprensión de los problemas del crimen organizado, la violencia y las maras. El actual gobierno de El Salvador combate, con fuerza e inteligencia, a estos flagelos de la sociedad por diversos medios y métodos, entre ellos, el Programa Prevención de la Violencia, el de Gestión Integral Ciudadana, el de Resolución de Conflictos, y la entrada en funcionamiento del Manual de Convivencia Escolar, de los Gobiernos Estudiantiles, y de la Atención Sicológica a docentes, estudiantes y comunidad educativa.
Los funcionarios de nuestro gobierno comprenden que hay grupos que son los verdaderos generadores del crimen organizado y la violencia social, a los cuales hay que golpear con fuerza e inteligencia, pero que también es preciso enfrentar el problema de la seguridad, desde un punto de vista más general, mediante la prevención. La política de prevención es fundamental y requiere una coordinación interinstitucional. La solución, efectiva y permanente del problema de la violencia se da donde se aplica la prevención combinada con opciones de empleo para los jóvenes, educación, cultura, deportes, recreación sana, y trabajo social destinado a que la comunidad recupere su estabilidad, su modo de vida, su razón de ser. En este contexto se inserta la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno que nuestro gobierno está en proceso de crear. Esta nueva escuela está llamada a ser un centro de cultura, pero no un centro de cultura encerrado en sí mismo, sino un centro de cultura interrelacionado con la comunidad en forma estrecha e indisoluble.
Además de organizar el aula, de organizar la escuela de forma diferente, de mejorar la parte curricular, la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno está haciendo que el niño y la niña permanezcan más tiempo en la escuela, que su permanencia se eleve de 25 a 40 horas semanales. Aquí el sistema de enseñanza estaba basado en una sola jornada de clase diaria. Un grupo recibía clases en la mañana y otro en la tarde. Los muchachos que asisten a clase por la mañana no tienen un lugar donde ocupar la tarde en actividades de cultura, deportes y recreación. Donde creamos la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, la escuela se utiliza para proveerles esos espacios a los niños y jóvenes.
Cuando accedimos al gobierno todas las escuelas estaban amuralladas para protegerse de la violencia que azota a nuestra sociedad. Muchas todavía lo están y lo estarán durante un tiempo que hoy no podemos precisar. La violencia social engendrada por los problemas estructurales del país, agudizada al extremo por la marginación provocada por las políticas neoliberales de ARENA, no se puede erradicar de la noche a la mañana. Pero un número creciente de escuelas, incluso escuelas situadas en zonas hasta hace poco caracterizadas por la gravedad de la violencia y la criminalidad, comienzan a abrir las puertas de las murallas a la comunidad en la que están enclavadas, para fomentar el arte comunitario, la cultura comunitaria, la instrucción comunitaria, la formación laboral comunitaria y el deporte comunitario, todo ello para fomentar la inclusión y el desarrollo social, que, además de ser un imperativo humano, ético, moral y económico, son también los principales antídotos para la violencia y la criminalidad. Para lograr esa interacción de la escuela y la comunidad, es necesario que todos los maestros del Sistema Nacional de Enseñanza entiendan y asuman esa tarea. También es necesario que todos los cuadros, militantes y afiliados del FMLN que tengan la oportunidad de hacerlo, se incorporen, en forma voluntaria, activa, a las labores que en cada escuela y en casa comunidad haya que realizar para garantizar el éxito del proyecto.
Por ejemplo, Apopa era un municipio con altos índice de violencia y de asesinatos. Lo primero que hicimos fue comenzar a recuperar territorio, no a recuperarlo mediante una presencia permanente del ejército o la policía. El problema no se resuelve con la presencia del ejército y la policía, porque cuando ellos llegan a un lugar las maras emigran hacia otro, pero cuando se van las maras regresan. Son ciclos de cierta estabilidad seguidos de ciclos de gran inestabilidad. Cuando decimos recuperar territorio a lo que nos referimos es a crear en la comunidad las posibilidades de que los jóvenes tengan actividades sanas, útiles y formativas que realizar. En Apopa, las instituciones del gobierno nacional, las autoridades locales, las universidades, las ONG, las organizaciones sociales y la militancia del FMLN se unieron para fomentar programas de formación y recreación de los jóvenes. Poco a poco se fue recuperando ese espacio, y ello influye también en las escuelas. El problema de la violencia aún subsiste en las escuelas de Apopa, pero ya es no tan agudo como hasta hace poco. Eso es resultado de nuestra política integral, que combina los tres elementos necesarios para combatir la criminalidad y la violencia: la represión, la prevención y la rehabilitación.
Hay departamentos donde la violencia es mínima. En todas las zonas donde hubo conflicto armado, en las que se crearon nuevas formas de organización de la comunidad, el nivel de delincuencia es mínimo. No podemos decir que no exista pero sí que es mínimo, porque ahí la comunidad fue formada y educada, en forma diferente. Es la comunidad la que evita ese fenómeno que tiene que ver con el joven. Primero, los padres y las madres dan a sus hijos una formación enraizada en el ambiente familiar. Segundo, la comunidad es la actora de las respuestas sociales que se dan en ella. Lo que hace el gobierno es servir de instancia de colaboración, de articulación del esfuerzo comunal. Esta experiencia se ha ido trasladando a algunas zonas conflictivas, en las cuales se ha logrado mayor efectividad en la prevención y erradicación de la violencia.
En El Salvador sí hay resultados muy importantes de ciertas áreas que han logrado disminuir el crimen y la violencia, pero ello requiere una política efectiva de seguridad pública, que evite el crimen organizado porque este es el verdadero foco de generación de violencia, violencia que se procrea mediante los muchachos a quienes ofrece dinero fácil para que trafiquen drogas o realicen otras actividades delictivas. Si en una comunidad no hay posibilidades de educación, de formación de trabajo para los jóvenes, ellos se convierten en presas del crimen organizado. Por eso es que al crimen organizado es preciso golpearlo en la cabeza con fuerza, no solo a quienes lo practican dentro de las clases bajas y medias, sino también a los que están en los altos niveles. Estos últimos son lo que hacen que la sociedad no pueda golpear con efectividad a la criminalidad y la violencia. Pero, el mayor esfuerzo tiene que ir en la prevención. En ese esfuerzo tienen que participar todas las instituciones: la educación tiene un rol fundamental, la salud pública tiene un rol fundamental y la política económica tiene un rol fundamental, porque es la encargada de crear empleos para los jóvenes. Se requiere una acción más integral. De ello se deriva la apuesta de nuestro gobierno a invertir en lo social, a invertir en las zonas pobres.
De los éxitos en el combate al crimen organizado se deriva otro problema: que las cárceles ahora están sin capacidad de dar respuesta a la población reclusa. El sistema penitenciario de El Salvador tiene una capacidad máxima para recluir a unas tres mil o cuatro mil personas, pero en la actualidad hay más de doce mil reclusos hacinados en sus instalaciones. A ello se suman los cientos, los miles de pandilleros capturados que van a las bartolinas de la policía. Es un fenómeno complejo porque se necesita una mayor inversión. El gobierno ha tomado la decisión de crear un impuesto destinado a la seguridad, pero no un impuesto que grave a los mismos de siempre, es decir, a la población en general. Este será un impuesto al gran capital, a aquel capital que tiene los mayores ingresos. Esto último, a su vez, genera una reacción adversa de la oligarquía y desata un nuevo enfrentamiento de ella contra el gobierno.
La delincuencia, la criminalidad y la violencia no son solo, ni en primera instancia, inherentes a la pobreza. Son flagelos sociales de origen multifactorial y quienes más lucran de esos flagelos, quienes más se benefician no son los pobres que hacen el trabajo más sucio y peligroso, sino los ricos que están en la cima de la pirámide del crimen. Este gobierno ha hecho suya esa visión, pero, como existe una demanda de la población, que quiere resultados inmediatos, entonces la derecha se aprovecha de esa situación para cuestionar nuestras políticas y obstaculizar nuestros planes, con el falso argumento de que lo que hacemos está dando pocos resultados.
La oligarquía tiene muy arraigado el temor de que este gobierno tenga continuidad. Ella sabe que el tema educativo es muy importante y muy sensible para el pueblo, sobre todo ahora que este gobierno lo ha colocado en el primer plano de la atención social, cosa que ellos no hicieron. Lo que pasa es que la derecha, que fue incapaz de evitar el problema, de impedir que se extendiera hasta el punto que lo hizo, factor que hace mucho más difícil y lenta su solución, ahora trata de achacarnos la responsabilidad para explotar a su favor la preocupación que esta situación crea en las familias salvadoreñas. Por eso es que todos los días arremeten contra el gobierno, manipulando este tema, al igual que otros temas que también son muy importantes y sensibles para la población. Por supuesto, la derecha ni menciona las zonas que se han ido liberando poco a poco de la criminalidad y la violencia, donde antes, cuando ella gobernaba, la población no podía entrar a los lugares que hemos ido recuperando.
Más información sobre este libro en http://www.oceansur.com/
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