El próximo 30 de noviembre comenzará en París la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Durante doce días, los 196 Estados tendrán la ardua tarea de alcanzar un nuevo acuerdo legal vinculante aplicable a todos los países, que deberá entrar en vigor a […]
El próximo 30 de noviembre comenzará en París la vigésimo primera Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Durante doce días, los 196 Estados tendrán la ardua tarea de alcanzar un nuevo acuerdo legal vinculante aplicable a todos los países, que deberá entrar en vigor a partir de 2020. El objetivo internacionalmente adoptado de limitar el aumento de la temperatura mundial a 2ºC no puede continuar postergándose.
La gran novedad que presenta la COP21 es el cambio en la orientación de las negociaciones. Del tradicional enfoque de «arriba hacia abajo» se ha pasado a un planteamiento «de abajo hacia arriba». De esta forma, ante la ausencia de compromisos en las cumbres previas, la idea es que cada país exprese sus ofertas de reducción para, a partir de contribuciones nacionales, calcular qué niveles de compromisos globales se alcanzan. Para tal fin se crearon las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, 146 países han presentado sus planes de acción climática, lo que representa alrededor del 85% de las emisiones globales. Con estas contribuciones, según diferentes organizaciones como Climate Interactive o Climate Action Tracker, el incremento de la temperatura superaría los 2ºC alcanzando un intervalo entre los 2,7ºC y los 3,5ºC durante este siglo.
Las posturas heterogéneas de América Latina y el Caribe
La responsabilidad histórica de la región en la problemática del cambio climático es pequeña. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de América latina y el Caribe acumuladas desde 1850, significan alrededor del 7% de las emisiones a nivel global. A pesar de ello, siempre ha mantenido un papel activo en las negociaciones de cara a buscar una eventual solución. Los Estados de América Latina y el Caribe, excepto México, forman parte del G-77+China, a los que les une su condición de ser considerados «países en desarrollo». Pero debido a su diversidad de intereses, nunca han presentado una posición común y están integrados en otros grupos específicos de negociación dentro de la CMNUCC.
Los bloques más significativos donde intervienen los Estados de la región representan casi todo el espectro de posiciones defendidas por los denominados países en desarrollo y emergentes a nivel global. Sus posturas dependen de su vulnerabilidad ante el cambio climático y de su orientación política. Aunque algo que comparten es la necesidad de abordar de forma equilibrada la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático y la transferencia tecnológica, financiera y de capacidades de los «países desarrollados» a los «países en desarrollo».
A pesar de las contradicciones que puedan existir en su implementación, estos son los posicionamientos que defienden los principales actores latinoamericanos y caribeños que se volverán a reunir en la Cumbre de París.
Brasil. Se ha convertido con el transcurso de los años en un negociador de considerable peso dentro de las cumbres climáticas. Forma parte del grupo BASIC junto a los países emergentes de China, India y Sudáfrica, aunque a nivel regional es un actor central con entidad propia. Sus emisiones de GEI, junto a las de México, representan más de la mitad de las emitidas en América Latina y el Caribe.
En 2006, el expresidente Lula da Silva planteó que Brasil debía convertirse en un actor estratégico en el establecimiento de una economía global basada en agrocombustibles, lo que se conoce como la «diplomacia del etanol». Esta política sigue estando vigente y en su plan de acción climática presentado el pasado mes de septiembre, uno de los elementos centrales es expandir la producción y el consumo de agrocombustibles.
Con respecto a sus compromisos de mitigación, el país prevé una reducción de emisiones del 37% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2025. Es preciso señalar al respecto que a partir de 2005 se produjo una fuerte reducción de la deforestación en la Amazonía, que era la principal fuente de emisiones del país. De forma que las emisiones de Brasil en el año 2012 habían caído un 41% respecto al 2005, según señala un informe del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por lo tanto, al fijar ese año como punto de referencia para sus contribuciones, ya tiene prácticamente cubierta la meta que se ha propuesto.
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). Se constituyó como grupo formal de negociación en la COP18 de Doha en 2012 y está integrado por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Paraguay. Su visión se basa en que es posible conciliar el desarrollo con una reducción significativa de las emisiones de GEI. Siempre han sido favorables a los mecanismos de mercado como forma de afrontar el cambio climático, y por ello apuestan por el incremento de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+).
Entre las propuestas más relevantes realizadas a nivel nacional por parte de sus integrantes, destaca la ambiciosa meta de Costa Rica, que pretendía convertirse en el primer país del mundo con un balance final de emisiones igual a cero -neutralidad de carbono -, para el año 2021. Sin embargo, en la actualidad el país ha aplazado esta meta hasta el año 2100.
México. Es otro de los actores significativos de la región y ha asumido un papel de intermediación entre los «países desarrollados» y los «países en desarrollo». Mantiene una posición de afinidad con el AILAC, aunque pertenece al Grupo de Integridad Ambiental del que también son miembros Suiza, Corea del Sur, Mónaco y Liechtenstein. Suya fue la propuesta, aprobada en la COP16 de Cancún en 2010, de crear un Fondo Verde para el Clima (FVC) que intenta asegurar para los «países en desarrollo» el acceso a fondos financieros con el fin de que puedan afrontar su adaptación frente al cambio climático. Hasta el momento el Fondo tiene recaudados más de 10.000 millones de dólares. Pero un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado en 2007, estimaba que para el 2015 serían necesarios al menos 86.000 millones de dólares anuales.
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Compuesto por once países entre los que destacan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua. Realizan una fuerte incidencia en la responsabilidad histórica de los «países desarrollados» y en su falta de voluntad para llegar a un acuerdo global, es decir, basan su posicionamiento en el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas. Para este bloque la distinción entre «países desarrollados» y «países en desarrollo» es fundamental, ya que consideran que los compromisos adoptados por los países del Sur Global no deben obstaculizar su derecho al desarrollo.
Partidarios de limitar el incremento global de temperatura a 1,5ºC, los países del ALBA critican los mercados de carbono como mecanismos adecuados para frenar el calentamiento global. Por ejemplo, Bolivia logró en la COP17 de Durban de 2011 que se asumiera su propuesta denominada «Enfoque Conjunto de Mitigación y Adaptación en el marco del Manejo Integral y Sustentable de los Bosques», que plantea una gestión de bosques alternativa a los proyectos REDD+.
En relación a los países exportadores de hidrocarburos, como es el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, el bloque ALBA señaló durante la reunión de la CMNUCC celebrada en Bonn (Alemania) el 1 de junio de este año, que «deben ser contempladas medidas alternativas y de respuestas al cambio climático para los países cuyas economías dependen de la mono-exportación de hidrocarburos». Y añadió que estas medidas no pueden «comprometer el derecho al bienestar de sus poblaciones y su desarrollo».
Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS). Se encuentran entre los países más vulnerables del planeta frente al cambio climático. La elevación del nivel del mar podría suponer la desaparición física del territorio de algunos de ellos. Este grupo está conformado por 39 países insulares, de los cuales 16 pertenecen a la región de América Latina y el Caribe como Jamaica, Bahamas, Haití y República Dominicana, entre otros. Dada su extrema vulnerabilidad, su posicionamiento es de los más ambiciosos. Como bloque demandaron el pasado mes de septiembre una moratoria mundial a las nuevas minas de carbón.
Para AOSIS, la meta de 2ºC provocaría riesgos inaceptables para sus Estados, por lo que exigen que el aumento de la temperatura global sea menor a 1,5ºC. Según estos países, un elemento central en las negociaciones de París es avanzar en el mecanismo que canalice las pérdidas y daños por el cambio climático, ya que la transferencia financiera supone un requisito indispensable para su adaptación. Además, demandan la creación de un plan para abordar daños irreversibles y permanentes.
Orlan Cazorla (@orlancazorla) es periodista freelance en América Latina y trabajador social. Autor de www.orlancazorla.net
Miriam Gartor (@mirgartor) es educadora popular, ecologista y feminista. Consultora e investigadora independiente. Autora de www.miriamgartor.com
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