Para ejercer un buen gobierno es necesario conocer a tu pueblo, eso significa, entre varias cosas, que las instituciones estatales cuenten con información para tomar decisiones en busca del bien común de los ciudadanos. Esta lógica tan elemental para la toma de decisiones, en la realidad peruana y rural suele ser poco frecuente en su […]
Para ejercer un buen gobierno es necesario conocer a tu pueblo, eso significa, entre varias cosas, que las instituciones estatales cuenten con información para tomar decisiones en busca del bien común de los ciudadanos. Esta lógica tan elemental para la toma de decisiones, en la realidad peruana y rural suele ser poco frecuente en su implementación.
De ahí, difícil de entender que las más de siete mil comunidades campesinas y más de dos mil comunidades nativas, poseedoras y propietarias de aproximadamente el 40% del territorio nacional [1], en cuyas tierras se realiza más del 88 % de la denominada agricultura familiar[2], que da de comer al 80% de las ciudades en el Perú[3], no haya sido considerada por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) como factor fundamental para la producción agrícola. Puesto que no sólo albergan una proporción mayoritaria de productores, sino también controlan una importante superficie agropecuaria.
Es paradójico que la denominada Agricultura Familiar (AF), que no es otra labor que el trabajo que se realiza en la tierra y que en nuestro país es realizado principalmente por miembros de comunidades campesinas y nativas, para satisfacer sus necesidades alimentarias y generar ingresos económicos, hayan estado marginadas de una política nacional clara y definida, donde se les considere como actor principal de su propio desarrollo.
Al parecer la abstracción de definir a la «Agricultura Familiar» y sus «productores», una vez más, terminó invisibilizando, una de sus principales característica: la de ser entidades comunales, pertenecientes a poblaciones indígenas y titulares de derechos colectivo.
Esta omisión lo podemos comprobar si revisamos instrumentos normativos para la gestión pública como la Ley 30355, Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar del 2015 y su reglamento (D.S. 015-2016-MINAGRI). En esos dos instrumentos no aparecen las comunidades campesina y comunidades nativas, apenas hay la mención al término «comunidades» 3 veces en la ley y 4 en el reglamento. Si vamos a la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar solo aparece 3 veces el término de comunidades campesinas y una el de comunidades nativas, en un documento de 126 páginas, esta demás preguntarse por el Plan Nacional AF.
Una agricultura familiar sin comunidades
Si los principales instrumentos no identifican a la Agricultura Familiar con las comunidades campesinas y nativas, es seguro que no encontremos información disgregada por ejemplo sobre cuantas comunidades campesinas se dedican a la denominada AF consolidada, intermedia o de subsistencia; cuanto de su superficie territorial es considerada para cultivos de papa, maíz, quinua; peor aún encontrar información disgregada para el caso de los cultivos de las comunidades nativas.
Si en cambio tenemos datos sobre la Agricultura Familiar en el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO-2012), donde se menciona que la AF representa el 97% del total de las más de 2.2 millones de Unidades Agropecuarias. Asimismo, en la AF laboran más de 3 millones (83%) de los 3.8 millones de trabajadores agrícolas. Además, podemos encontrar datos disgregados sobre las características del productor según la tipología de AF: sexo, edad, educación, lengua, asistencia técnica, etc. sin embargo ninguna mención sobre su identidad comunal.
Bajo esas cifras el MINAGRI concluye que la Agricultura Familiar es de vital importancia para el desarrollo nacional, pero si preguntamos qué políticas concretas identifican a las comunidades campesinas o nativas como beneficiarias de esas políticas, no existe una respuesta convincente.
¿Qué pasa entonces? El Estado peruano y los sucesivos gobiernos en las tres últimas décadas, han borrado de manera ignorante o consciente, la identidad comunal-indígena de esos más de 1 millón 893 mil 307 unidades familiares [4] o productores agropecuarios; invisibilizando su pertenencia a una de las cerca de diez mil comunidades campesinas y nativas; y por tanto ningún, plan, programa o proyecto identifica a las comunidades campesinas y nativas como actor principal de su propio bienestar.
En las estadísticas del MINAGRI no existen las comunidades como sujeto de derechos colectivos, puesto que prácticamente la totalidad de comunidades campesinas y nativas son pertenecientes a un pueblos indígena u originario. Para el MINAGRI solo existen familias e individuos productores.
Paro Agrario, mesas de diálogo y una posibilidad latente
Recordemos que el 13 de mayo se llevó un contundente Paro Agrario convocado por Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO) y la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego, que trajo como resultado una «Mesa de diálogo multisectorial para el análisis e identificación de alternativas de solución a la problemática del sector agrario» (Decreto Supremo N.° 003-2019-MINAGRI), con un plazo de 60 días y donde se abrieron cinco mesas para discutir las dieciséis demandas presentadas en el Paro [5].
Llevamos casi la mitad del plazo señalado y ya se han presentado los primeros resultados del diálogo, cuyos logros aún son muy tímidos, de igual forma los resultados del pleno agrario donde se aprobaron 14 normas, gran parte insuficientes para afrontar la actual crisis agraria, leyes a la altura de un Congreso sin calidad legislativa y que respondió principalmente a una oportunidad política aprovechada por los gremios.
Donde sí parece haber voluntad es en el Poder Ejecutivo, que acaba de aprobar la reestructuración del MINAGRI, que crearía un nuevo Viceministerio de Agricultura Familiar, el cual debería superar el sesgo anticomunidades y contar por ejemplo con una dirección general para comunidades. Este proceso de reestructuración, al igual que las mesas de dialogo son la oportunidad para que después de 30 años de una política errática en el agro, se inicie un cambio en la relación de las comunidades campesinas y nativas con el MINAGRI, que cuente con la participación activa de actores históricamente excluidos y por fin ocupen un rol protagónico, donde sean agentes de su propio desarrollo.
Notas:
[1] Datos del Sistema de Información de Comunidades Campesinas- SICCAM y del Sistema de Información de Comunidades Nativas-SICNA del Instituto del Bien Común y de Cepes para el caso de SICCAM.
[2] Exactamente Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS)
[3] Información en la nota: https://rpp.pe/economia/
[4] Podrían ser más, pero hemos considerado dicha cifra que es la que corresponde a la denominada AF de subsistencia.
[5] Información de CONVEAGRO: https://www.nodal.am/2019/05/
Luis Hallazi es abogado y politólogo, profesor de la Universidad Ricardo Palma e investigador del Instituto del Bien Común
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