El Consejo de seguridad de las Organización de las Naciones Unidas adoptó el lunes 2 de octubre una resolución que autoriza el uso de la fuerza por parte de una Misión Internacional de apoyo a la seguridad en Haití.
La misión tiene dos objetivos: Por un lado, debe combatir las bandas criminales que han terminado imponiéndose en partes importantes del territorio haitiano. Por otro, se espera que ella contribuya a crear las condiciones para realizar elecciones y fortalecer el Estado de Derecho. Canadá, que había sido solicitado por Washington en marzo pasado, dio un paso al costado en marzo pasado y la misión estará finalmente a cargo de Kenia.
Una nueva fuerza internacional de paz
La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU responde a la petición expresa del primer ministro Haitiano (no elegido), Ariel Henry, quien en su discurso del 22 de septiembre en la Asamblea General insistió en reclamar con “urgencia” una fuerza internacional para enfrentar lo que calificó de crisis “estructural y multidimensional” que enfrenta su país.
La propuesta fue elaborada por los representantes de los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador. El embajador adjunto de EE.UU. ante la ONU Jeffrey de Laurentis, afirmó, sin ambages, que la misión responde tanto a la petición del Gobierno como de la sociedad civil haitianas para enfrentar en el corto plazo una larga crisis humanitaria y: “fomentar las condiciones de seguridad necesarias para que el país logre la estabilidad a largo plazo”.
Se espera que el despliegue de la fuerza de intervención multilateral comience el 1 de enero de 2024. El africano país Kenia, se había ofrecido en julio pasado para encabezar la misión con un millar de oficiales de policía. Bahamas, Antigua y Barbuda se comprometieron a enviar personal de seguridad y más recientemente Guyana y Belice. Canadá también prometió participar en la misión. Por su parte, el gobierno estadounidense prometió financiar la misión con, por lo menos, 100 millones de dólares (LeDevoir).
Pese a que la fuerza internacional está programada para un año, al igual que misiones anteriores, podría prolongarse luego de una evaluación a 9 meses de su funcionamiento.
Veamos algunos elementos que cuestionan las perspectivas de triunfo de una nueva intervención internacional en la perla de las Antillas.
Intervención militar autorizada por Capítulo VII
Destaquemos, como primera complejidad que, a pesar de que el Consejo de seguridad autorizó la fuerza militar internacional de intervención, no se trata en realidad de una misión de paz de las Naciones Unidas propiamente tal. Ello a diferencia de otras misiones anteriores. Ella se inscribe dentro del Capítulo VII de la Carta de la ONU que estipula que el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza cuando se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Recordemos que este tipo de resolución, se inscribe en la llamada doctrina de la “responsabilidad de proteger”. Una doctrina ius ad bellum (derecho del uso de la fuerza), muy controvertida. Ella fue invocada para autorizar la operación militar contra Mouammar Khadafi en Libia en 2011 con la operación “Odisea del amanecer” dirigida por Francia y apoyada por el Reino Unido y EE.UU y la OTAN. Una intervención que abrió paso al caos actual en ese país. Ella también se aplicó en Darfour (Sudán) sin mejores resultados.
Es así como la fuerza internacional de intervención armada en Haití, adoptada por 13 votos a favor. Pero con las abstenciones de dos de los cinco miembros con derecho a veto (las de Rusia y China). China justificó su abstención aduciendo que en el pasado se ha usado el Capítulo VII para interferir en otros países y espera que la misión se despliegue en estrecha colaboración con el Gobierno haitiano, así como que se envíen informes periódicos al Consejo. Por su parte Rusia se abstuvo aduciendo que no obtuvo respuesta a sus preguntas.
Catastróficas intervenciones internacionales en Haití
La segunda complejidad es que en el pasado el intervencionismo internacional en Haití no ha dado los resultados esperados.
Este sería un nuevo despliegue de fuerzas de seguridad internacionales luego del fracaso de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití). Esa misión creada por la resolución 1542 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas el 30 de abril de 2004, luego del derrocamiento y exilio del presidente Jean Bertrand Aristide, bajo el argumento de que la situación en Haití amenazaba la paz y la seguridad en la región.
La MINUSTAH estuvo liderada por las FFAA de Brasil y contaba con militares de Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Ella terminó el 15 de octubre de 2017 sin cumplir sus objetivos y en medio de controversias (RFI).
En efecto, la misión internacional fue acusada de cometer atrocidades contra los civiles. Además, aceptó su responsabilidad de un brote de cólera que en 2010, provocó más de 10 mil víctimas (NYT). Por otro lado, funcionarios de la ONU y de las fuerzas de seguridad fueron acusados de violencia sexual generalizada, incluido el abuso de menores (DW). Ya desde 2011, personalidades internacionales, entre ellos Adolfo Pérez Esquivel y organizaciones de derechos humanos, exigían su término.
Luego del fin de la MINUSTAH, se instaló la MINUJUSTH (Misión de las Naciones Unidas para la Justica en Haití) que funcionó del 16 de octubre de 2017 hasta el 15 de octubre de 2019, sin mejores resultados. Desde 2019, funciona una misión política de las Naciones Unidas en Haití conocida como la BINUH (Bureau intégré des Nations Unies en Haití) creada en 2019. Sus objetivos son de apoyar el proceso político en curso; reforzar las instituciones gubernamentales y las estructuras de un Estado de Derecho y promover y proteger los derechos humanos en Haití. Su mandato fue prolongado hasta el 15 de julio de 2024.
Una nueva intervención que suscita gran preocupación
Es así como el balance de la utilidad de las misiones de las Naciones Unidas, desde 2004, es muy dudoso, por decir lo menos. Nada indica que una nueva intervención internacional, que esta vez no está bajo el alero de las Naciones Unidas y las reglas del derecho internacional, consiga esta vez sus objetivos. Por ello es que la autorización de la nueva intervención internacional por parte del Consejo de Seguridad no suscita aplausos entre los haitianos. Muchos temen la repetición de los catastróficos resultados de misiones de seguridad anteriores. El periódico mexicano La Jornada la califica de “fórmula para la catástrofe” (LaJornada).
Por lo pronto es muy paradojal que Washington, potencia tutelar histórica neocolonial de Haití, redactor de la resolución y, nuevamente, diseñador de esta nueva intervención sea renuente en asumir la responsabilidad de liderar la fuerza internacional de asistencia y buscó aliados para que asuman la responsabilidad.
Es así como Joe Biden, solicitó, cuando estuvo de visita en Ottawa en marzo pasado, que Canadá asumiera el liderazgo de la misión. El primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazó la idea, aduciendo a lo complejo de la situación, los fracasos de misiones anteriores y la necesidad de no repetir los mismos errores. Por su parte, el Jefe del Estado Mayor, el general Wayne Eyre afirmó que Canadá no contaba con los recursos necesarios para encabezar un despliegue militar en Haití. Luego de la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, Mélanie Joly, ministra de relaciones exteriores, declaró que Canadá está dispuesto a hacer más por Haití y la misión internacional, sin precisar como lo hará.
Kenia no asegura el éxito de la misión internacional
Los países latinoamericanos que participaron en la anterior misión también dieron paso al costado. Países europeos, como el Reino Unido, España ó Francia, antigua potencia colonial, y otros países de la comunidad internacional, tampoco mostraron interés en entrar al avispero haitiano (France24). Ninguno de los países del Core Group asumió la responsabilidad (instancia informal de embajadores de Alemania, Brasil, España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Unión Europea, OEA y del Secretario general de la ONU). Sin embargo, habrían designado a Ariel Henry como actual gobernante de facto haitiano después del asesinato de Jovenel Moise (RadioCanada).
Es Kenia entonces el país que asumirá el liderazgo de la misión; para congraciarse con Estados Unidos; de acuerdo a expertos citados por la BBC. Pero subsisten dudas porque Kenia no asegura el éxito de la misión internacional.
Por un lado, la misión internacional crea controversias legales de inconstitucionalidad en Kenia mismo: un país del este Africano de habla inglesa y Swahili, sin mayores nexos con Haití.
Por otro, hay dudas sobre su capacidad de liderar la misión. En efecto, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, expresaron su preocupación porque las fuerzas armas kenianas tienen un cargado expediente de “continuo uso ilegal de la fuerza contra los manifestantes” en su propio país. Existen voces que exigen que haya medidas para proteger los derechos humanos.
Otros aún, denuncian lo que califican como una nueva invasión dirigida por Estados Unidos. En efecto, el expediente de la intervención estadounidense en Haití, estuvo marcado recientemente por la renuncia, en 2021, del enviado especial de Washington para Haití, Daniel Foote por el envió de inmigrantes ilegales haitianos de vuelta a Haití En una carta de renuncia Foote calificó de profundamente defectuosa la política estadounidense en Haití: “Lo que nuestros amigos haitianos realmente quieren y necesitan es la posibilidad de poder trazar su propio rumbo, sin titiriteros internacionales ni candidatos escogidos, sino con un apoyo genuino para [que logren conseguir] ese rumbo” (BBC). Ello no está en la carpeta de la nueva misión de intervención.
¿Es la verdadera salida a la crisis haitiana?
A ello se agregan dudas sobre la eficacia del mecanismo adoptado por los Estado Unidos y sus aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU en el contexto haitiano actual.
De acuerdo a analistas, “el empobrecimiento estructural de Haití se debe a una política injerencista disfrazada de ayuda humanitaria, que promueve su dependencia hacia las ayudas externas” (Celag)
Entre otros, Jean Lavalasse, atribuye la crisis a la seguidilla de gobiernos del Parti Haitien Tèt Kale (PHTK) desde 2011. Los gobiernos de Michel Martelli, Jovenel Moisse y el actual primer ministro no elegido Ariel Henry han contribuido a la crisis. Desde ya, el magnicidio del presidente Jovenel Moise por sicarios colombianos involucra también políticos haitianos, como el ex senador Josep Joel John condenado en Estados Unidos.
Ciertamente, hay consenso en que Haití corresponde a la definición de Estado Fallido, no sólo por el asesinato del presidente Jovenel Moise en 2021, sino porque las instituciones no controlan el territorio.
A ello se agrega el conflicto abierto con la vecina Republica Dominicana por disputa del uso de aguas del fronterizo rio Masacre, por la crisis de gobernabilidad, y acción de grupos criminales, de acuerdo a la BBC. Ante la migración, Republica Dominicana construyó un muro en 2022. El conflicto fronterizo es otra fuente de tensiones.
El informe del experto estadounidense William O’Neill, mandatado por el alto comisionado de los DD.HH. de la ONU Volker Türk, afirma que las bandas, que eran originalmente milicias contratadas por políticos y empresarios para su propia seguridad, “han evolucionado hasta ser grupos autónomos que controlan grandes extensiones de territorio” (HRW). Esas bandas reciben armas por vía marítima desde Estados Unidos y de la frontera con República Dominicana.
Efectivamente, en Haití reina la corrupción y bandas criminales controlan gran parte del territorio. No existe poder legislativo, hay un gobierno de facto que gobierna por decreto, el sistema de justicia y las policías están minados por la corrupción.
Pero el problema es más extenso. Por un lado, la ONU, certifica que en lo que va corrido del año, entre el 1 de enero y el 9 de septiembre pasado, se reportaron 3,000 homicidios. A ello se agregan 1,500 secuestros para pedir rescate. Por otro lado, la violencia de las bandas ha hecho huir 200,000 personas de sus hogares, la mitad de ellos son niñas y niños.
Pero, además, el Programa Mundial de la Alimentación ubica a Haití como uno de los países con mayor inseguridad alimenticia del mundo: En el lugar 169 de los 189 países analizados.
Perspectivas complejas en Haití
En efecto, impera el silencio internacional sobre lo que ocurre en Haití, porque pertenece a la zona de influencia de Washington (RenelExentus). Una cobertura internacional sesgada (Rávena). Hay quienes plantean que la crisis haitiana es económica, social, política e ideológica. Entre otros, el periodista Lyonel Trouillot, afirma que los llamados a una fuerza internacional de paz, no provienen del pueblo haitiano, sino que de un gobierno de facto y asociaciones patronales.
Hasta la oficina de seguimiento del acuerdo de Montana del 21 de agosto de 2021 (Bsa) por una transición democrática, está en contra de cualquier nueva intervención en Haití. Organizaciones sociales se oponen a una nueva intervención (Barragán). Destacan que “la caótica situación en Haití está, en gran parte ligada a la supervisión internacional del Estado y al establecimiento de un sistema económico basado en la renta, la corrupción y la violencia criminal” (Alterpresse).
Varios temen que una fuerza internacional permita que ese poder de facto se mantenga en el poder hasta realizar una parodia de elecciones. Las voces críticas afirman que lo que se requiere es una política nacional, de un gobierno resultante del consenso haitiano.
Haití se ha transformado en un estado fallido y ello está ligado muy precisamente a la intervención de fuerzas internacionales desde el derrocamiento y exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide, organizado por Washington en 2004.
El rol de las intervenciones extranjeras, a pesar que pretenden estar guiadas por las mejores intenciones, han contribuido a la profunda crisis haitiana.
En ese contexto, creemos que es difícil imaginar que la propuesta misión de seguridad autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU pueda resolver los problemas de Haití.
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