Confirmado el 20 de febrero de 2005 como el día en que se va a celebrar en el Estado Español el referéndum sobre el Tratado que establece una Constitución para Europa, es imprescindible que la sociedad conozca realmente en primer lugar, como ha sido el proceso que se ha seguido para la elaboración de ese […]
Confirmado el 20 de febrero de 2005 como el día en que se va a celebrar en el Estado Español el referéndum sobre el Tratado que establece una Constitución para Europa, es imprescindible que la sociedad conozca realmente en primer lugar, como ha sido el proceso que se ha seguido para la elaboración de ese texto, y en segundo lugar, cual es el verdadero contenido del mismo, ya que del conocimiento de ambas cuestiones rápidamente se deducirá que sólo cabe un voto ante esta consulta: NO.
Antes de analizar ambas cosas, debemos partir de una realidad con que nos encontramos quienes habitamos en las democracias capitalistas de la Unión Europea: el secuestro por parte de los medios de comunicación de la libertad de expresión, que impide que la sociedad conozca, entre otras muchas cosas, cuándo y cómo se toman las decisiones que determinan su futuro, siendo un claro ejemplo de ello el texto que va a ser sometido a consulta.
Este interesado secuestro informativo explica claramente por qué apenas hemos tenido conocimiento de la trascendental actividad llevada a cabo por la Convención encargada de redactar el texto constitucional, ya que ni la clase política ni los medios de comunicación han informando hasta que el proyecto ha estado prácticamente concluido; momento en el que los sectores fascistas de la política y prensa española defendieron ardorosamente que la tradición cristiana debía estar recogida en el preámbulo de la Constitución. A eso ha quedado reducido el debate sobre el texto constitucional. Impresionante.
Continuando con esta política alienante, es lógico que los diferentes gobiernos de los Estados oficiales de la Unión Europea a través de sus poderosas maquinarias político-propagandísticas, entre las que encontramos a la mayoría de la autoproclamada como prensa independiente, estén lanzando ya sus campañas a favor del SÍ en el referéndum, utilizando como principal argumento, cuando no único pues no necesitan más, la descalificación de quienes vamos a solicitar el NO, ofreciendo al electorado una imagen idealista y falseada de la realidad, algo que fácilmente éste asume como auténtica, ya que la mayor parte carece de compromiso político alguno provocado por la embriaguez de consumismo voraz e inútil que padece.
A pesar de esta enorme situación de desventaja que supone que la clase dirigente cuente con todos los medios materiales precisos para intoxicar la opinión pública y lograr manipularla para conseguir su apoyo en el referéndum, la sociedad debe saber que no ha habido un proceso constituyente que haya dado lugar a una Constitución para Europa. Esa es la primera gran mentira que hay que desenmascarar, pese al intenso bombardeo informativo que nos dice continuamente que vamos a votar una Constitución.
Tras la Declaración de Laeken en diciembre de 2001, se instituyó la Convención sobre el Futuro de Europa, formada por nada más y nada menos que 105 miembros, presidida por el conservador Giscard d’Estaing, donde cada Estado designó a sus prohombres, con una mínima representación del Parlamento Europeo, formándose así una asamblea que si bien no fue elegida por los ciudadanos de la Unión Europea, se le atribuía funciones propias de un parlamento electo.
Por tanto, en ningún momento ha habido un mandato ciudadano del conjunto de la Unión Europea a una Asamblea Constituyente para que elaborase un proyecto de Constitución; proyecto que después del obligado debate social y parlamentario en todos los Estados de la Unión Europea y sus correspondientes enmiendas, fuese reelaborado y sometido a referéndum en todos los Estados. Eso es un auténtico proceso constituyente, y lo que de él surge, efectivamente se llama Constitución. Lo que se nos presenta a consulta el 20 de febrero es un tratado interestatal, que es algo sustancialmente muy diferente, puesto que lo que hace este tratado es instituir un texto que hace suyo la mayor parte del acervo comunitario que se ha ido aprobando desde 1952.
Ahondando más en su mentira, el texto establece como sujetos políticos a los ciudadanos y a los estados, excluyendo a los pueblos y naciones sin estado a los que les niega el derecho de autodeterminación, puesto que se marca como una de sus funciones esenciales: «garantizar la integridad territorial de los estados». La negación de este derecho democrático colectivo es una muestra más de la talla política y democrática de los ponentes constitucionales, tal vez por eso la reencarnación de Franco llamada Aznar fue su máximo defensor, porque considerar como sujeto constituyente al Estado es tanto como no decir nada, pues ni la Unión Europea es un Estado, ni sus estados miembros son representantes de un proceso ciudadano constituyente.
Los únicos sujetos constituyentes de todo este proceso han sido la clase dirigente europea y el capital al que representan, y el modo que buscan para legitimar esta perversión que nos presentan como la Constitución de todos, es conseguir nuestro apoyo a través de las urnas.
Como consecuencia lógica de todo esto, esta falsa Constitución, larguísima y redactada en un lenguaje legal impenetrable, responde fielmente a los intereses de quienes la han elaborado, la derecha europea, causando miedo y odio a partes iguales conforme se la va conociendo en detalle.
Así, da rango constitucional a la Europa neoliberal y tecnócrata que se empezó a construir en Maastrich, supeditando el modelo social europeo a un mercado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada, como marco para una economía social de mercado altamente competitiva, identificando capitalismo con democracia, ignorando una vez más la existencia de una parte importante de la sociedad civil que reclama que otro mundo es posible, negando por tanto la posibilidad de que pueda existir una opción política que no esté dentro del sistema capitalista neoliberal.
Para ello se reconoce la libertad absoluta de movimientos de capitales, prohibiendo las restricciones a su circulación, dando independencia total al Banco Central Europeo que no tendrá que responder ante ningún órgano político democrático, y que tendrá como objetivo principal la estabilidad de precios. Establece como competencias exclusivas de la Unión Europea: la política monetaria, comercial y la unión aduanera. Limita las competencias de los Estados miembros para organizar sus propios servicios públicos, (que en una vuelta de tuerca más de esta política neoliberal pasan a llamarse servicios de interés económico general), que estarán siempre sometidos a los principios de la sacrosanta competencia, sin que los Estados puedan adoptar medidas contrarias a lo dispuesto por la nueva Constitución si no quieren sufrir las sanciones de la Comisión. ¿A quién no le viene a la cabeza en este momento el conflicto de los astilleros de IZAR?
La política de empleo va dirigida hacia una mayor flexibilización del mercado laboral ya que habla de «desarrollar una estrategia coordinada de empleo para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico». Vuelven a utilizar la perversidad del lenguaje pues nos hablan del derecho a trabajar en lugar del derecho al trabajo, conquista de la lucha de clases y que lleva aparejado un principio activo por parte de los Estados basado en el principio de solidaridad. Los inmigrantes autorizados a trabajar en la Unión Europea tendrán derecho a condiciones laborales «equivalentes a las que disfrutan los ciudadanos de la Unión». Equivalentes no iguales, porque parece ser que existirán varias categorías de ciudadanos. Pero no acaban ahí los despropósitos, puesto que la igualdad entre hombres y mujeres «será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución» ¿A qué viene tratar de manera excepcional la igualdad de la mujer en el mundo laboral? ¿Es tal vez porque si tiene hijos o intención de tenerlos no entra ya en el mercado de trabajo por no ser competitiva ni adaptable a ese mercado?
La política de defensa está lógicamente pensada para los negocios y no para las personas. No será el Parlamento Europeo quien tome la importante decisión del recurso de la guerra para solucionar los conflictos, sino que lo hará el Consejo. Intervención que será para garantizar la paz, prevenir conflictos y fortalecer la seguridad internacional. Efectivamente, como la guerra de Irak. Pero aún va más allá su Constitución, y es que los Estados se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares, es decir, militarizar más la economía para ponerse a la altura bélica de EE.UU., todo ello respetando los compromisos adquiridos con la OTAN, aunque ésta no sea una organización estrictamente europea.
La política de seguridad interior y justicia siguen las mismas pautas de control y represión de los movimientos de oposición que cuestionan su lógica económica. Toda disidencia al capitalismo y sus efectos es considerada terrorismo. Para ello se aumenta el control sobre la población, se incrementan los poderes policiales sin control democrático alguno, se recorta la libertad de comunicaciones y de movimientos o se blindan las fronteras de la Unión Europea frente a la inmigración no deseada. Libertad sí, pero para las mercancías no para las personas.
Todo esta regulación se acompaña con la nula capacidad de decisión que otorga a los ciudadanos, quienes no tenemos opción de acceso directo al Parlamento, cosa que tampoco debe parecernos extraña pues al Parlamento no se le reconoce iniciativa legislativa, quedando configurado como la institución donde se destinan a los políticos nacionales jubilados anticipadamente. Son el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión quienes detentan el poder legislativo y ejecutivo, y como no podía ser de otra forma, sus miembros son nombrados discrecionalmente por los gobiernos. Sin duda una peculiar manera de entender la democracia como el gobierno del pueblo.
Todo lo aquí expuesto es tan cierto como que cada cuatro minutos muere una persona de hambre en algún lugar del planeta, provocado precisamente por este mundo globalizador, desigual, injusto y violento, que no permite el desarrollo en libertad de los pueblos a través de sus propios recursos y peculiaridades y respetando su soberanía. Nada de lo que aquí se cuenta aparecerá en ningún medio de información de masas ni en las campañas institucionales de los gobiernos.
Por todo esto, y por otras muchas más razones, es necesario que las masas progresistas seamos quienes escribamos la historia, y el 20 de febrero digamos NO a esa Constitución, haciendo nuestras las palabras pronunciadas por el comandante Ché Guevara hace ya 40 años en su Discurso ante Naciones Unidas: «La ola de justicia reclamada, de derechos pisoteados, ya no parará más. Porque esa ola la formamos los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulamos con nuestro trabajo las riquezas, creamos los valores, hacemos andar las ruedas de la historia y que ahora despertamos del sueño embrutecedor al que nos sometieron».
Jesús María Tomás Jiménez es miembro del Centro de Encuentros Marxistas