La Comisión Europea anunció que iba a verificar el alivio fiscal que tiene la Santa Sede desde 2005 sobre cien mil propiedades italianas. Unos ocho mil millones de euros podrían ser violatorios de la ley y tendrían que reembolsarse.
Ocho mil millones de euros, que la Iglesia Católica recolectó por la exención fiscal, podrían ser violatorios de la ley europea y tendrían que ser devueltos, trascendió ayer. Este dato se suma a un año difícil para la institución, que soportó el escándalo de pedofilia clerical y las acusaciones por lavado de dinero.
La Comisión Europea (CE) anunció que estaba evaluando el alivio fiscal de que goza la Santa Sede desde 2005 sobre 100 mil propiedades italianas. Un vocero del comisario de Competencia de la Unión Europea, Joaquín Almunia, explicó que la CE sospechaba que la exención destinada a ayuda estatal se contradecía con la legislación comunitaria. «Esas excepciones podrían atentar contra la competencia», agregó. «Todavía las autoridades italianas no han aportado la suficiente evidencia que le permita presumir a la Comisión que esas medidas están justificados por los principios del sistema tributario italiano.»
El interrogante es si la CE entiende que los negocios eclesiásticos deben ser considerados como empresas comerciales y, por ende, deben estar obligados a pagar impuestos. La Iglesia recibió en 2005 la exención fiscal por parte de un gobierno de centroderecha liderado por el primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El premier conservador sigue actualmente en el poder, después de haber sido reelecto en 2008.
Cuando el Ejecutivo tomó la determinación en 2005, organizaciones humanistas y seculares se quejaron de que era una «ayuda injusta» y apelaron al principio de división entre la Iglesia y el Estado. Inicialmente, la UE cuestionó la excepción en 2005, lo que derivó en que la medida fuera reformada un año más tarde por el gobierno de centroizquierda de Romano Prodi. La CE archivó dos veces el caso, la primera en 2008 y la otra, este año. La agencia de noticias ANSA informó que se decidió reabrir la causa después de que el Partido Radical presentara una queja ante la Corte Europea de Justicia.
Si se encuentra que Italia es culpable de birlar las leyes de subsidios tendrá que cancelar la excepción y conseguir el reembolso por parte de la Iglesia. Si eso sucede, las consecuencias financieras para la Iglesia Católica serán graves. Se estima que anualmente el Vaticano dejó de pagar casi 3 mil millones de dólares en impuestos desde 2005. Ningún representante de la Santa Sede estaba disponible para referirse a la estimación de la CE. Sin embargo, el canciller italiano declaró: «El gobierno italiano está convencido de que puede demostrar a la CE, de manera clara y definitiva, las buenas razones que justifican las regulaciones actuales, que no violan las reglas de la UE acerca de la ayuda estatal en favor de la Iglesia».
Actualmente, las autoridades eclesiásticas no abonan impuestos por 100 mil propiedades no comerciales, entre las que están incluidas 8779 escuelas, 26.300 estructuras religiosas y 4714 hospitales y clínicas. Además de estar exenta de pagar la carga fiscal denominada ICI, la Iglesia también goza del beneficio de pagar sólo el 50 por ciento de los impuestos por sus actividades comerciales. Esto se debe a la existencia de leyes, adoptadas en los años ’50, que garantizan deducciones para las organizaciones de caridad.
Las autoridades italianas y de la Unión Europea ya estaban estudiando detenidamente las poco claras finanzas del Vaticano. El mes pasado trascendió que el presidente del Banco Vaticano, Ettore Gotti Tedeschi, y el director general de esa institución, Paolo Cipriani, estaban siendo investigados por dos transacciones catalogadas como sospechosas. El anuncio de los magistrados fue visto como una maniobra para presionar a la Santa Sede para que sea más abierta acerca de sus operaciones financieras. Otras pesquisas más serias están siendo llevadas a cabo por los jueces Nello Rossi y Stefano Rocco, que sospechan que otros funcionarios del Vaticano usaron la institución, y su estatus como una entidad no italiana, para evadir impuestos y para lavar dinero.
Las últimas estimaciones de la CE sacudirán a quienes se ocupan de las finanzas del Vaticano, que ya temen que el efecto del escándalo de los casos de pedofilia sea la reducción de las donaciones voluntarias, el insumo principal de la Iglesia Católica. También están preocupados por la escalada de litigios que podrán afrontar en los últimos años de las víctimas de abuso.
En Italia, los contribuyentes pueden optar por destinar 0,8 por ciento de sus impuestos por ganancias a la religión que profesan. En la mayoría de los casos, esa donación va para la Iglesia Católica, que el año pasado recaudó de esta forma cerca de 1200 millones de dólares.
La CE planea continuar investigando las reglamentaciones que otorgan exenciones a las instituciones eclesiáticas y a los clubes de deportes amateurs, después de asegurarse que mantengan su estatus no comercial.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.