La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunció el 13 de julio que iniciaría una investigación sobre el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el otorgamiento de la concesión a Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), por posibles actos de corrupción y lavado de dinero. En conferencia de prensa, el […]
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) anunció el 13 de julio que iniciaría una investigación sobre el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y el otorgamiento de la concesión a Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), por posibles actos de corrupción y lavado de dinero.
En conferencia de prensa, el portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, explicó que la investigación se llevará a cabo en colaboración con la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, y se enfocará en el análisis del proceso de otorgamiento de la concesión a la empresa impulsora del proyecto.
Asimismo, se investigará cómo Desa pudo obtener la autorización para operar y hasta firmar un contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) para la venta de energía, sin contar con una licencia ambiental ni haber consultado previamente a las comunidades indígenas lencas.
«¿Cómo se puede otorgar una concesión y (firmar) contratos sin que se haya hecho un estudio sobre el impacto ambiental que esta obra puede generar?», se preguntó Jiménez.
También se examinará la legitimidad del rápido incremento de su capital social, que en tan sólo 5 años (2009-2014) pasó de 25.000 lempiras (1.300 dólares) a 381 millones de lempiras (18,2 millones de dólares). Más de 15 mil veces el capital inicial.
«Los delitos que se están investigando en este caso son abuso de autoridad, fraude y la posibilidad de lavado de activos. Podría haber la participación de funcionarios públicos y hay que ver también la responsabilidad de los representantes de la empresa», dijo el vocero de esta instancia anticorrupción.
En octubre del año pasado, el ex viceministro de la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona fue detenido por haber ampliado irregularmente la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
También fue detenido el anterior viceministro Jonathan Laínez, quien en 2011 autorizó el proyecto.
La MACCIH opera en Honduras desde abril de 2016 tras la firma de un convenio entre el gobierno local y la OEA[1.] Sin embargo, no goza de la misma autonomía, ni tiene el poder para investigar y perseguir penalmente los actos de corrupción de su homóloga guatemalteca CICIG[2].
La incomodidad del empresariado
El legado de Berta y la suspensión de Agua Zarca
La decisión de la MACCIH de iniciar una investigación generó una dura reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
En un comunicado, Desa Agua Zarca rechazó todos los señalamientos y negó cualquier vínculo con actos delictivos.
Asimismo, la cúpula empresarial aglutinada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) insinuó que Jiménez Mayor habría violado «el principio de presunción de inocencia y el respeto a las leyes vigentes».
Graves anomalías e ilegalidades en el otorgamiento del permiso a Desa fueron denunciadas en diferentes ocasiones por la dirigente indígena Berta Cáceres, quien fue brutalmente asesinada el 2 de marzo del año pasado.
Tanto su familia como el Copinh[3] han señalado el vínculo que existiría entre su asesinato, la lucha contra el proyecto Agua Zarca y la denuncia de la existencia de una red de corrupción tejida alrededor de la aprobación de proyectos extractivos.
Una semana antes del anuncio de la MACCIH, el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund), principales inversores de Agua Zarca, hicieron pública la decisión de finalizar su relación contractual con Desa.
Un día después, la empresa de capital hondureño comunicó la suspensión indefinida del proyecto hidroeléctrico.
Para el Copinh, la salida de los bancos es el resultado de la lucha incansable en contra del financiamiento a proyectos que abiertamente violan los derechos de las comunidades lencas, y que son impuestos mediante el asesinato de líderes y lideresas como Berta Cáceres y Tomás García.
«Es una victoria de las comunidades organizadas en defensa de nuestros derechos», señaló la organización indígena en el documento.
Notas
[1] Organización de Estados Americanos (OEA).
[2] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
[3] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
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