La siembra de monocultivos agroindustriales ha violado derechos de alimentación, laborales, territoriales y ambientales en América Latina, según un informe difundido este lunes en la capital mexicana. El estudio «Azúcar roja, desiertos verdes» señala que esas actividades «destruyen la biodiversidad, contaminan y agotan fuentes y cursos de agua, desgastan los suelos, causan desplazamiento forzado, despojan» […]
La siembra de monocultivos agroindustriales ha violado derechos de alimentación, laborales, territoriales y ambientales en América Latina, según un informe difundido este lunes en la capital mexicana.
El estudio «Azúcar roja, desiertos verdes» señala que esas actividades «destruyen la biodiversidad, contaminan y agotan fuentes y cursos de agua, desgastan los suelos, causan desplazamiento forzado, despojan» de recursos naturales a las familias campesinas e indígenas y causan graves daños a la salud por el uso de agrotóxicos.
El trabajo contenido en 255 páginas fue elaborado por la Coalición Internacional para el Hábitat, una red internacional pro vivienda, por la no gubernamental Food First Information and Action Network (FIAN) y la red internacional Solidaridad Suecia-América Latina, con el objetivo de evaluar el impacto de los monocultivos en la región.
«El modelo de desarrollo aplicado fomenta la agro-exportación. Los gobiernos nacionales aplican políticas de apoyo a ese modelo», indicó a IPS Natalia Landívar, delegada de FIAN en Ecuador y una de las presentadoras del documento.
El reporte estudia los casos de la cosecha de palma africana en México, Colombia y Ecuador, la caña de azúcar en América Central y Brasil, la soja en Argentina, la piña en Costa Rica y la industria forestal en Chile, entre otros casos.
Este tipo de siembras comenzaron en la región a mediados del siglo pasado y cobraron auge en la década del 70, cuando los países latinoamericanos despuntaron como proveedores de materias primas para los mercados de las naciones industrializadas.
El fenómeno «es parte de una compleja red de control y dominación, que incluye la disputa del poder, de los mercados financieros, del uso de mano de obra violentada y de las fuentes de energía», dijo a IPS el costarricense Gerardo Cerdas, coordinador del movimiento Grito de los Excluidos Continental, también presente en el acto.
Por ejemplo, la producción de soja en Argentina, un cultivo que hoy ocupa más de 16 millones de hectáreas y es destinado primordialmente a la exportación, pasó de 10 millones de toneladas en 1991 a 48 millones en 2007, crecimiento empujado por el alza del precio en las plazas internacionales, que subió de 180 dólares por tonelada en 1991 a 580 en 2008.
Las empresas «vienen por la concentración de la tierra, a deforestar y a explotar a las familias campesinas», denunció a IPS Paulo Aranda, dirigente del Movimiento Nacional Campesino de Indígena de Argentina, quien asistió a la presentación y cuya organización lucha contra la siembra de soja genéticamente modificada.
En Costa Rica, el cultivo de piña se extiende por unas 54.000 hectáreas, lo que ha convertido a ese país centroamericano en el principal productor global y cuyo mercado más importante es Estados Unidos, quizás porque la firma transnacional Del Monte es la mayor cosechadora.
«La piña ha crecido a punta de agroquímicos, ha provocado la contaminación del agua, la pérdida de ecosistemas, la degradación de la tierra y la explotación laboral», aseguró a IPS Soledad Castro, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de Costa Rica, y quien se desplazó a la capital mexicana por el acto de este lunes.
En una nueva etapa, el desarrollo de los monocultivos ha mutado en el aprovisionamiento de materia prima para la elaboración de combustibles, como el etanol proveniente de la caña de azúcar y el biodiésel obtenido a partir del aceite de palma africana, y cuya principal motivación es abastecer al «hambriento» mercado estadounidense.
La proliferación de productos agrícolas para elaborar combustibles se debe también al agotamiento del petróleo como fuente de energía y a que la producción y uso de hidrocarburos posibilita la emisión de gases contaminantes, como el dióxido de carbono (CO2), y que son responsables del aumento de la temperatura del planeta.
Brasil se ha erguido en el principal generador de etanol de caña de la región, con una producción superior a los 27.000 millones de litros, y busca replicar su modelo productor en México, América Central, Japón y varios países africanos.
En México, varios son los ingenios azucareros que han invertido en instalaciones para generar etanol, aunque el consumo nacional no despunta, pues el proyecto piloto para mezclarlo con gasolina a partir del año próximo en la ciudad de Guadalajara, ubicada a 535 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, está estancado.
La licitación, impulsada por la empresa estatal Petróleos Mexicanos, para la compra de 658 millones de litros de etanol, fracasó y una nueva está en marcha, aunque a los productores les seduce más la idea de vender al mercado de Estados Unidos, que demanda más y paga mejor.
«Los agrocombustibles son un intento por mantener artificialmente la actual matriz energética, que es totalmente inviable», enfatizó Cerdas.
Las organizaciones sociales que se oponen a los monocultivos quieren aprovechar el foro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que sesionará en octubre próximo, para promover sus propuestas.
«El apoyo internacional ha sido para favorecer a la agroindustria y no para las economías campesinas», resaltó la ecuatoriana Landívar.
El reporte sugiere diversificar la producción agrícola, satisfacer las necesidades alimentarias de las familias, emplear prácticas agro-ecológicas, reducir los costos energéticos del sistema agrícola y, relacionado con este aspecto, aprovechar la biomasa generada dentro de los sistemas agrícolas.